En Argentina las certezas duran cada vez menos y se restringen a episodios cada vez más aislados. El anuncio del “acuerdo” con el Fondo Monetario Internacional FMI) que concretaron Alberto Fernández y Martín Guzmán ofreció uno de esos momentos de certidumbre hace una semana: un entendimiento preliminar que evitó el abismo del default y que promete restituir unos 5.000 millones de dólares a las casi inexistentes reservas del Banco Central.
“No nos condiciona”, “no restringe derechos”, “no nos impone llegar a un déficit cero” y “nos permite crecer”, aseguró el Presidente, mientras su entorno interpretaba que el camino a la reelección empezaba a despejarse.
Las certezas duraron hasta que, unas horas después, el FMI dio su propia versión del acuerdo que todavía está en discusión: una refinanciación de los 44.500 millones de dólares entregados a ciegas a Mauricio Macri, con exigencias de reducción del déficit fiscal -que debe llegar a cero en 2025-, de la emisión monetaria y de los subsidios a la energía. Gasto social “focalizado” y suba de las tasas de interés completan el vademecum.
El organismo acepta postergar por dos años y medio los pagos que Argentina no puede realizar y no impone uno de esos ajustes draconianos que exigió tantas veces en el pasado -y que Argentina incumplió casi sistemáticamente-, pero establece múltiples restricciones a la política económica y fija metas de revisión trimestral tendientes a que en 2026 el país pueda empezar a devolver el monto sideral del infructuoso salvataje de 2018.
El empeño del ministro Martín Guzmán por desterrar la palabra “ajuste” del diccionario argentino no prosperó. Su actuación en el transcurso de la negociación viró de “estratégica” a “entreguista” en el juicio sumario del kirchnerismo.
20 meses cuesta arriba
En cuanto las “metas” se tradujeron en acciones concretas, el cristinismo entendió que ese acuerdo garantiza para la segunda mitad del mandato 20 meses de progresivo achique del gasto, suba de tarifas y reducción de la colosal asistencia que canaliza la Anses. La conclusión en el entorno de la vicepresidenta es que se trata de una garantía de conflictividad social en aumento: un ajuste asumido por el peronismo, experto histórico en dejar esa tarea en manos de la oposición.
Máximo Kirchner renunció a la presidencia del bloque oficialista antes de que Cristina Fernández hiciera pública su posición. A la incertidumbre económica se le asocia ahora una crisis política de consecuencias todavía impredecibles puertas adentro del Gobierno y el autoimpuesto aval del Congreso al acuerdo se volvió un desafío de enorme complejidad política.
Pese a que los gobernadores, desde Alicia Kirchner a los tres radicales y casi todos los peronistas -Juan Schiaretti fue casi el único que no lo hizo- avalaron el acuerdo, unos 30 votos liderados por Máximo Kirchner están en dudas en la Cámara de Diputados. El Senado es un enigma todavía mayor y todo indica que sin el aval de la oposición será muy improbable la aprobación legislativa. Todo ocurrió en el transcurso de una semana y sin que el acuerdo con el FMI pueda considerarse técnicamente cerrado.
En Argentina las certezas siempre son fugaces, pero la velocidad con la que el Frente de Todos aniquiló las perspectivas de sustentabilidad del programa que Alberto Fernández negoció durante dos años con el Fondo es inédita.
Opositores en capilla
La oposición parece dispuesta a sumar su cuota-parte de incertidumbre. La valoración positiva del acuerdo preliminar que evitó el default se convirtió rápidamente en indefinición respecto de la postura que Juntos por el Cambio llevará al Congreso.
Con posiciones bien diferenciadas, el radicalismo se muestra mucho más propenso a asumir la responsabilidad que deviene de haber contraído la deuda y respaldar el entendimiento con el Fondo, mientras que el PRO comenzó a elevar las críticas a la espera de los detalles técnicos que jamás solicitó cuando Macri concretó el endeudamiento. El país venía de una década sin asistencia ni supervisión del organismo multilateral.
El ala más dura de la oposición hasta pone al cristinismo como referencia operativa y política de sus propias decisiones: Patricia Bullrich anticipó que no votarán el acuerdo si el kirchnerismo no lo hace.
No se trata solo de especulación política de corto plazo. Como el kirchnerismo, Juntos por el Cambio también hizo cuentas tras la euforia del “acuerdo bueno” anunciado por el Presidente y el ministro Guzmán: será la futura gestión nacional la que deba afrontar la parte más severa del ajuste comprometido, la que en 2025 deba comenzar a pagarles a los bonistas privados -esa deuda de 68 mil millones de dólares también fue reestructurada en 2020- y la que desde 2026 deba afrontar vencimientos semestrales de más de 3.700 millones de dólares con el FMI.
Si la aprobación legislativa parece dificultosa, mucho más improbable es el cumplimiento de ese acuerdo. Lo sabe el Gobierno, lo da por hecho la oposición y también lo asume el Fondo. Desde el momento mismo en que le concedió a Macri el crédito más grande de su historia.
