Miguel Robles también tiene un muñido currículum en el campo de la seguridad. Egresado de la Escuela de Policía de Córdoba, supo forjar su propio camino con una historia particular: escribió La Búsqueda, un relato sobre el intento de saber quiénes habían asesinado a su padre, también policía, en el preámbulo de la última dictadura militar. La investigación apunta a cómo un supuesto atentado atribuido en su momento a Montoneros era en realidad un crimen al interior de la propia fuerza de seguridad. El descubrimiento, que fue citado incluso por la entonces presidenta Cristina Fernández, no le impidió continuar haciendo carrera interna. Tuvo importantes cargos en la Policía ordinaria y en la Policía Judicial de Córdoba, y luego recibió un llamado de la entonces ministra de Seguridad de la Nación, Nilda Garré, para que colaborara con ella. Fue asesor provincial y nacional, es docente y continúa siendo un entendido en el tema siempre dispuesto a dialogar sobre las diferentes vertientes que confluyen en el extenso campo de la “seguridad”.
Robles pide ir desde el comienzo al momento de hablar sobre la real incidencia de la tecnología en la prevención y persecución del delito.
“El problema cero: lo más problemático en la gestión es una adquisición transparente. Todos se rasgan las vestiduras pero es difícil encontrar transparencia, tanto desde los operadores públicos como en las empresas privadas. Esto es serio porque se hacen malas adquisiciones, se compra tecnología obsoleta”, plantea como punto de partida.
Y pasa a enumerar cinco aspectos clave para repensar la inversión en tecnología y las buenas noticias que se pretenden dar desde los Gobiernos con su incorporación a la vida cotidiana.
“Supongamos que se hizo una compra transparente y de buen material: ¿qué hacemos con semejante volumen de información? Una vez, en las fuerzas federales había más motos que conductores preparados para conducirlas. Hoy, hay municipalidades que son más eficientes para usar las mismas cámaras para cobrar multas que la Policía para prevenir el delito”.
“¿Cuantas personas son necesarias para operar las cámaras? El recurso humano es un factor clave. Es necesario que haya operadores las 24 horas los siete días de la semana, todo el año. Los registros internacionales indican que un operador no puede mirar más de cuatro cámaras al mismo tiempo. Y que no pueden hacer turnos de más de seis horas. Pero si nos fijamos cuánta gente tiene trabajando cada jurisdicción en el control de las cámaras públicas vamos a ver de manera sencilla que este patrón no se cumple a nivel local. O sea, es más grande el motor que el auto”.
“¿Qué logística se ha pensado para trabajar con las cámaras? ¿Hace falta poner cámaras en todas partes o sólo en lugares estratégicos? ¿Quién la va a monitorear y cómo va a ser el sistema de alerta y seguimiento cuando se observa algo raro? Si no, lo único que se va a hacer es ver cómo asaltan y nada más. Hay municipios, sobre todo en el conurbano, que muestran las secuencias de una persecución policial. Tienen pocas cámaras pero pueden hacer un seguimiento. En grandes ciudades como Córdoba, por ejemplo, jamás muestran una secuencia. Eso es porque no la hacen”.
“La fidelidad de los registros es otro tema muy importante y del que se habla muy poco. Es necesario que las cámaras tengan una gran fidelidad para poder contrastar con una base de datos. Si no, tenemos imágenes borrosas que poco ayudan a esclarecer los casos”.
“No importa la cantidad de cámaras sino en cuánto es posible dar un soporte real a su utilización y demanda. Hace poco, en la investigación por un caso de femicidio que hubo en La Falda, Córdoba, las cámaras fijas y públicas no sirvieron. Fue clave la cámara de un privado, de una gomería, para saber que el sospechoso había mentido sobre el recorrido que había dicho que hizo. Y no hay una legislación que unifique todo el sistema de videovigilancia, que ponga un piso de calidad estándar y cómo se debe utilizar”.
