Según la Subsecretaría de Agricultura de Chile, el aporte de la cadena de producción agrícola es del 15% del PIB. La agricultura representa además el 17% del total exportado por los chilenos.
El sector silvoagropecuario (incluye también la selva, los bosques) exportó unos 4.000 millones de dólares en 2021, configurando el 27% del total de los envíos del sector. Uno de los destinos más importantes es China. Ambos países llevan 51 años de relaciones diplomáticas con un amplio intercambio económico-comercial incorporando nuevos segmentos permanentemente.
China es el primer socio comercial de Chile y el país trasandino es el tercer aliado comercial de los asiáticos en Latinoamérica. En los últimos 10 años, los envíos al gigante asiático crecieron un 182%.
En 2020, los envíos de carnes de cerdo representaron unos US$ 578 millones y en el rubro cerezas los ingresos llegaron a US$ 1.130 millones.
Por otra parte, el bloque europeo es el tercer mercado de exportaciones para Chile. Europa sigue siendo una de las mayores economías del mundo y actualmente es el tercer socio más grande de Chile. Los principales países de la Unión Europea (UE) que reciben productos silvoagropecuarios chilenos son los Países Bajos, Italia, Alemania, Francia y España. En conjunto, concentran cerca del 81% del valor de los envíos.
En este contexto, desembarca en Chile la figura del presidente electo Gabriel Boric con un plan que, en principio, genera más expectativas que dudas en el sector.
Dialogando
Durante el Encuentro Nacional de la Empresa (ENADE), Boric invitó a sacar adelante una reforma tributaria “conversada” poniendo énfasis en que las transformaciones que pretende implementar en su gobierno deben hacerse con gradualidad y responsabilidad fiscal.
El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Ricardo Mewes, comentó acerca de los conceptos de Boric: “Nos dejan más optimistas, tiene una visión de diálogo. Creo que eso es tremendamente importante. Veamos cómo va avanzando este desarrollo”.
Boric, que asumirá el 11 de marzo, adelantó que pretende para el campo chileno una mirada intersectorial que apueste por la transformación de los sistemas alimentarios hacia un modelo más saludable y sostenible de acuerdo lo exige la UE, bajo el denominado concepto de Pacto Verde Europeo, que garantiza la conservación y resguardo de los ecosistemas y la biodiversidad en los distintos espacios productivos.
El mandatario de 35 años de edad se comprometió además con la inversión en servicios rurales como agua potable, energía, caminos, conectividad digital y transporte público con el fin de inyectarle mayor capacidad competitiva al sector, combinando otras actividades económicas no agrícolas con el rubro.
Puesto a enviar señales concretas al sector, Boric expresó su intención de apoyar la investigación e innovación en el segmento, fortaleciendo los programas de asistencia técnica desde el sector público al privado promovido desde el Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA) entendiendo que las nuevas tecnologías, son indispensables para mejorar la productividad, el medio ambiente y la sostenibilidad de los recursos naturales con la implementación de nuevas tecnologías de riego.
Expectativas y desafíos
“El Presidente electo va mostrando una mirada mucho más convocante, respetuosa y prudente hacia los chilenos. Va dejando la incertidumbre, pero, de todas maneras, iremos viendo cómo vienen esas reformas”, dijo Juan Sutil, presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC)
Sin embargo, comienzan a aparecer algunas luces amarillas en la agenda programática del nuevo Presidente. En un país que pretende jugar en las grandes ligas de las potencias agroalimentarias no se habla sobre el relanzamiento de la Agencia Chilena de Inocuidad Alimentaria (ACHIPIA) como entidad responsable de la gestión de las políticas de inocuidad alimentaria. La entidad viene funcionando desde 2005 como una mera comisión asesora.
Para los países que son los mercados de destino de los productos agrícolas de exportación chilenos resulta relevante el protagonismo que ejerza el organismo encargado de fiscalizar la inocuidad de la producción agropecuaria. Se trata de un tema muy sensible en el marco del debate sobre la calidad de los alimentos que exigen los consumidores de los mercados del mundo, particularmente en la UE.
