ENTREVISTA

“La intervención del Gobierno en los contratos entre privados no es beneficiosa”

El vicepresidente del Colegio Profesional de Inmobiliarios de Córdoba, entidad representante de Córdoba en el Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios de Argentina, Alejandro Hadrowa, consideró necesario que se vuelva a los anteriores plazos de contratos de alquiler. Por Cecilia Pozzobon

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12-03-2022

En medio de la pandemia de coronavirus y con los inconvenientes surgidos a partir de la entrada en vigencia de la Ley de Alquileres, el Gobierno nacional decidió decretar el congelamiento del precio de los alquileres, medida que estableció hasta el 31 de marzo de 2021.

Previo a ese vencimiento, el Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios de Argentina (CoFeCI) reunido en un plenario realizado en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, propuso que el Estado asista a la pequeña porción de inquilinos que tenía deudas y había adherido al DNU para prorrogar los vencimientos. Esa porción representaba, según un relevamiento realizado por los distintos Colegios Profesionales del país, sólo 5% del total de inquilinos.

La asistencia consistía en la entrega de aportes a través de una tarjeta AlquilAR que, al igual que el programa AlimentAR, pudiera ayudar a las familias en situaciones de vulnerabilidad, sin perjuicio de generar distorsiones en el sistema de alquileres.

“Esa propuesta lo que buscaba era evitar que se siguiera complicando aún más la libre determinación de la oferta y la demanda de alquileres”, explicó a Redacción MAYO Alejandro Hadrowa, vicepresidente del Colegio Profesional de Inmobiliarios de Córdoba (CPIC), entidad que forma parte del CoFeCi.

“Ahora, lo que planteamos por escrito a la mesa (presidida por el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti) es volver a los plazos de contratos anteriores, es decir, pasar de los 36 meses actuales a los 24 meses anteriores. También propusimos que se vuelva a la libre determinación de los precios para revertir la baja en la cantidad de inmuebles que hay en el mercado de alquiler, y la generación de incentivos para aquellos propietarios que vuelquen sus viviendas al mercado para alquilar”, agregó.

Finalmente, consideró fundamental que el Gobierno avance en la instrumentación del Programa Nacional de Alquiler Social que está previsto en la ley, para analizar si la Tarjeta AlquilAR que sugirieron con anterioridad puede convertirse en una herramienta que facilite la solución habitacional a las familias en situación de vulnerabilidad.

 

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