La Argentina del descenso social
En Argentina había en junio 17,3 millones de personas con ingresos que no cubrían sus necesidades básicas. La última medición del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) indicó que el 36,5 por ciento de la población vive en la pobreza y que la situación es mucho más grave entre los más chicos: la mitad de los menores de 14 años crece en hogares pobres. Son 5,5 millones de niños y niñas, entre ellos hay 1,4 millones que tampoco reciben la comida necesaria. El pico inflacionario que azotó después de junio es la garantía de que esa situación hoy es más grave.
En las estadísticas oficiales, los padres de esos chicos integran la tasa de 6,9 por ciento de desocupación, el 11,1 de subocupación registrados por el INDEC a fin del primer semestre o la fracción de quienes no buscan trabajo. La inmensa mayoría de ellos perciben planes sociales que no los sacan de la pobreza y que ya tampoco evitan la indigencia. Pero también pueden estar entre ese 16 por ciento de ocupados demandantes de empleo: los que trabajan pero también son pobres.
Ese es el fenómeno que mejor describe la magnitud del derrumbe social de la Argentina de los últimos años. Según el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA, en 2021 el 28 por ciento de la población ocupada se encontraba en situación de pobreza. Esa porción hoy es mayor, porque en el último año los salarios informales perdieron por goleada contra la inflación, que es el verdadero detonante de la pobreza por ingresos que mide el INDEC.
Los salarios de los empleados “en blanco” también perdieron, de modo sistemático entre 2017 y 2022. Según los datos oficiales, el sueldo promedio del sector privado aumentó 530 por ciento en ese período, mientras que la inflación lo hizo el 700 por ciento. Una verdadera fábrica de trabajadores empobrecidos.
De la lenta caída al derrumbe
El deterioro del mercado de trabajo y el crecimiento sostenido de la pobreza vienen de la mano desde hace ya casi cinco décadas: en 1974 la tasa de desocupación era del 2,7 por ciento y la pobreza promedio de esa década fue del 5,7 por ciento. La larga serie de la decadencia tiene subas y bajas transitorias, pero el saldo general siempre fue negativo década a década.
Desde 2018 el ritmo de la caída se intensificó y durante la pandemia tuvo lugar un verdadero derrumbe. La recuperación de la pospandemia fue con precarización laboral a gran escala: se perdieron empleos estables y se recuperó empleo informal y cuentapropismo de bajos ingresos y total desprotección social. Para peor, en los últimos meses esa reactivación económica se frenó.
Según el Instituto de Estudios Económicos sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL) de la Fundación Mediterránea, en marzo pasado 12 provincias tenían más trabajadores informales que formales. Son asalariados que se desempeñan en el sector privado pero no están registrados: no cuentan con aportes jubilatorios ni cobertura de obra social.
Se trata de un fenómeno inédito en décadas por su magnitud, que en provincias como Corrientes, Formosa, Jujuy, Catamarca, Salta, Chaco y Tucumán tiene en la informalidad a más del 60 por ciento de los trabajadores del sector privado. En Santiago del Estero, San Juan, La Rioja, Mendoza, Córdoba y Misiones, el porcentaje de asalariados informales en el sector privado supera el 50 por ciento. Según el trabajo de los economistas Laura Caullo y Joaquín Aguirre, en promedio esos empleados cobran 25 por ciento menos que los trabajadores formales y carecen de toda protección social.
Hay otra cifra récord que también evidencia la precarización pospandemia: según los datos del Ministerio de Trabajo de la Nación, en abril pasado había 1,86 millones de monotributistas, una categoría que en muchos rubros e incluso en el Estado es el reemplazo precarizado de anteriores empleos en relación de dependencia. Todos ellos en la estadística figuran como ocupados.
El milagro de Formosa y los límites de la estadística
Las mediciones de pobreza e indigencia del INDEC también certifican absurdos como el festejo de Gildo Insfrán, el gobernador de una de las provincias con peores indicadores del país, quien publicó una baja de 20,6 puntos porcentuales de la pobreza en los primeros seis meses de este año e indicadores laborales cercanos al pleno empleo. Le bastó con subir 70% los sueldos de los empleados públicos -la inmensa mayoría de los ocupados en esa provincia- para lograr que el Gran Formosa aparezca en la estadística muy cerca de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En el otro extremo, la Córdoba productiva que promociona Juan Schiaretti tiene la desocupación más alta del país (8,7% en el Gran Córdoba, el doble que el Gran Rosario y el triple que Formosa) y los indicadores de pobreza e indigencia la asemejan a los partidos más desfavorecidos del Gran Buenos Aires. La pérdida de competitividad de la economía y el estancamiento de los rubros industriales tradicionales aparecen como las causas principales de esas tasas, que también esconden otra realidad: Córdoba es la jurisdicción con menos empleados públicos del país. Sus indicadores son reflejo directo de la actividad económica del sector privado y se parecen mucho a la realidad angustiante de los trabajadores empobrecidos.