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Conectividad y brecha digital, tareas pendientes para 2021

martes, 5 de enero de 2021 · 09:40

En la mentada “nueva normalidad” que se augura para el mundo post-pandemia, todo indica que la virtualidad tendrá un espacio cada vez más preponderante. Pero teletrabajo, educación remota o transacciones comerciales y bancarias en línea, entre otros temas, requieren que se garantice el acceso a Internet y a recursos tecnológicos a todas y todos. En definitiva, se trata de no reproducir ni ahondar desigualdades sino de intentar revertirlas con esta herramienta.

Al respecto de este tema, el titular de la Delegación Córdoba del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), Pablo Giletta, quien delineó algunas de las iniciativas que desde el Estado se han previsto para una cuestión clave.

–La virtualidad que impuso la pandemia del Covid-19 y las medidas de distanciamiento indicadas para evitar contagios masivos pusieron al descubierto los problemas de conectividad en diversas zonas urbanas y rurales. ¿Qué medidas se han tomado o se prevé tomar desde el Estado para resolver esos problemas?

–Por un lado, se anunciaron políticas públicas para acortar la brecha digital que existe con las zonas más aisladas, menos desarrolladas y más vulnerables. El Ente Nacional de Comunicaciones lanzó un paquete de programas y medidas especiales para llevar Internet y servicios TIC a toda la Argentina, financiando, a través de Aportes No Reembolsables (ANR), el 100 por ciento de las obras destinadas a Barrios Populares e Instituciones Públicas. Lo mismo para zonas aisladas que, por su baja densidad poblacional o su difícil acceso, no resultan atractivas para las prestatarias del servicio. Paralelamente, se trabaja en la implementación del Plan Conectar 2020-2023, que destinará $13.200 millones a la Red Federal de Fibra Óptica (ReFeFO), con la construcción e iluminación de nuevos 4.408 kilómetros de fibra, para llegar a los 38.808 kilómetros en el año 2023. Para hacerlo posible, se trabaja en dos nuevos cables submarino de fibra óptica, con punto de amarre en la localidad de Las Toninas, para ampliar el ancho de banda internacional en los servicios de Internet y así atender a la demanda actual y futura.

–¿En qué consisten los Aportes No Reembolsables destinados a Instituciones Públicas o Barrios Populares?

–Empiezo por el segundo. En septiembre, Enacom aprobó el pliego de bases y condiciones para la presentación de proyectos de este programa, destinado a villas y asentamientos inscriptos en el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap), para el desarrollo de infraestructura para servicio fijo de Internet de banda ancha. La inversión se financiará en un 100 por ciento a través de Aportes No Reembolsables (ANR) que se les entregarán a los licenciatarios interesados en llevar adelante el proyecto, con un monto mínimo de 300 mil pesos y un máximo de 40 millones de pesos por barrio, aunque los proyectos que involucren a más de un barrio podrán recibir hasta 160 millones de pesos. Quienes resulten beneficiados deberán instalar una red fija de banda ancha que podrá ser cableada o inalámbrica. Una de las condiciones es que las compañías que lleven adelante el proyecto deberán ofrecer el servicio de forma gratuita a bibliotecas populares y espacios de uso público gestionados por organizaciones sociales. En cuanto al programa para instituciones públicas, su objetivo es llevar y garantizar conectividad en instituciones nacionales, provinciales y municipales vinculadas a la promoción de la salud, de la educación y de la seguridad. Las condiciones son similares a las del programa de Barrios Populares, aunque en este caso está destinado a instituciones que cuenten con licencia de servicios TIC y registro del Servicio de Valor Agregado-Acceso a Internet (SVA-Acceso a Internet). Si no poseen dicho registro, podrán proponer como beneficiario a un licenciatario que cumpla tal condición en el momento de la presentación del proyecto.

–La educación remota o de emergencia tropezó también con esa brecha digital y la integración de quienes se desconectaron es una cuenta pendiente que se transfiere al año 2021. Desde el Enacom, ¿hay estrategias especiales destinadas a escuelas o para ayudar a reconectar a tales estudiantes?

–Todas las medidas que vengo comentando se fundamentan en la decisión política de utilizar los fondos de los programas de conectividad para llevar internet a todo el país. Y, por supuesto, las escuelas y universidades están incluidas en esta agenda a través del Programa de Acceso a Conectividad para Instituciones Públicas. Pero la acción del Estado también debe ser específica por la sensibilidad del tema. Por eso, a raíz de la situación de emergencia surgida por la pandemia, rápidamente se puso en funcionamiento una plataforma de navegabilidad gratuita para garantizar la continuidad del ciclo lectivo para todos los alumnos del país, en sus distintas modalidades y niveles. El Ministerio de Educación creó la Plataforma Federal Juana Manso, donde se almacenan los contenidos educativos. También se trabaja para recuperar herramientas pedagógicas que fueron desarticuladas durante años de desinversión, como las radios escolares. En ese sentido, ENACOM trabaja, junto al Ministerio y al gremio docente CTERA, en un pormenorizado relevamiento de radios escolares de todo el país para ponerlas nuevamente en funcionamiento.

–¿Qué implica en la práctica el Decreto 690? ¿Faltan reglamentar aún aquellos aspectos para que Internet, por ejemplo, sea un servicio esencial?

–Es bueno que se haga hincapié en cómo el Estado va a garantizar la esencialidad de los servicios y no sólo al cuadro tarifario. Nos enfrentamos a un escenario totalmente nuevo, en el que el ente podría recibir reclamos no sólo vinculados a deficiencias en la provisión de los servicios TIC, como ocurre hasta ahora, sino también de ciudadanos que reclamen por su derecho a la conectividad; un derecho humano básico y, por lo tanto, considerado “servicio público sujeto a regulación estatal”. Antes de la reglamentación del Decreto 690 se concretaron distintas mesas de trabajo con absolutamente todos los actores del sector, incluyendo grandes corporaciones, pymes y cooperativas. Las condiciones no son idénticas para todos, porque sus realidades son diferentes. Pero sí es un hecho que todos los proveedores de servicios de comunicación deben disponer de un Plan Básico Universal (PBU), con tarifa diferenciada, para celulares, internet, tv paga y telefonía fija a efectos de facilitar y ampliar el acceso a las familias de menor poder adquisitivo. ¿Se puede perfeccionar el PBU? Claro que sí. Pero al paso había que darlo. Se escuchan algunas voces agoreras que, en muchos casos, son las mismas que vaticinaban el cierre de varios medios cuando se estaba por sancionar la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Y nuevamente: aquí no se trata de perjudicar a nadie, sino de ampliar derechos y hacerle lugar a todos. Ya vimos cómo terminan las desventuras de los que pensaron en un país chiquito, sólo para algunos. Respecto de los aumentos en las tarifas, estuvieron suspendidos hasta el 31 de diciembre de este año, lo mismo que la prohibición del corte de servicios por falta de pago. Pero eso no quiere decir que, desde 2021, todo quede desregulado. Por el mismo decreto, quedó claro que ya no son las empresas las que fijan el precio sin intervención del Estado, sino que lo proponen y es el ENACOM el que autoriza o no el aumento.


 

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