ASIMETRÍAS

La brecha digital impacta en las zonas alejadas y afecta derechos fundamentales

jueves, 29 de octubre de 2020 · 14:45

Ilustración Juan Pablo Dellacha

El mapa de conectividad y uso de TIC en Argentina muestra profundas asimetrías en el territorio. Los obstáculos al desarrollo de fibra óptica impiden el acceso a un derecho humano fundamental, el acceso a internet, y a otros derechos conectados. En ASPO la conectividad impactó de lleno en la vida de millones de personas.

 

En las localidades alejadas de los grandes centros urbanos y tecnológicos, la pandemia visibilizó el impacto de la brecha digital y de las desigualdades que se esconden detrás de los grandes relatos sobre un "futuro tecnológico en convergencia".

Según datos elaborados por el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) registrados durante los primeros meses de pandemia, cerca de un tercio de los hogares argentinos no tuvo acceso a internet fijo. El mapa de penetración de internet fija a nivel federal es elocuente: mientras la Región Centro y Ciudad de Buenos Aires presentan tasas que rondan el 100%, otras provincias ubicadas en Cuyo y NEA, la población cuenta con 40% los hogares conectados. 

En relación a los tipos de tecnologías de acceso a internet, entre marzo de 2019 y marzo de 2020 cuando impactó de la pandemia por Covid-19 en nuestro país, se confirmaba la tendencia de los últimos años: “las conexiones por fibra óptica vienen creciendo de manera acelerada y ganando mayor participación, seguidas con crecimientos mucho menores por los accesos por cablemódem y los inalámbricos, que en marzo de 2020 totalizaron 4.903.674 y 352.333 respectivamente”, informó la Cámara Argentina de Internet (Cabase).

Con 2.299.457 de accesos ADSL al mes de marzo de 2020, esta tecnología que utiliza la línea telefónica para conectar a los usuarios, continua en retroceso, registrando una caída de 27% en el total de conexiones entre marzo de 2019 y marzo de este año y perdiendo 10 puntos de participación en el mismo período.

No obstante, esta tendencia se expresa de manera desigual en el territorio. Según el último informe de Cabase, en Argentina se reportan 2.618 localidades con acceso a internet, apenas un 30% (781 localidades) cuenta con opciones de accesos por fibra óptica.

En relación con el tendido de fibra óptica,  la Cámara que reúne a operadores de internet y empresas tecnológicas señala que existe una gran problemática en relación a los permisos de obra y al acceso y compartición de postes de tendido eléctrico y cableado de TV, especialmente en las localidades ubicadas lejos de las grandes ciudades. 

En el marco de la publicación del Internet Index correspondiente al primer semestre de 2020, el presidente de Cabase, Ariel Graizer explicó que el acceso a los postes se trata de un tema “realmente grave” ya que “frena las inversiones de cooperativas y pymes que están dispuestas a desplegar redes de FTTH en distintas localidades”. Pese a dichos obstáculos, desde que comenzó la pandemia las cooperativas de servicios públicos han realizado inversiones para fortalecer el derecho a internet en todo el país.  

Para medir la brecha digital que se registra a nivel federal, la velocidad de la conexión se presenta como un aspecto clave a la hora de calificar la calidad del servicio. Si bien se registra una tendencia a ampliar las conexiones de 20Mps o más, esta demanda se encuentra concentrada en los grandes centros urbanos y tecnológicos. Los datos elaborados por Enacom para el segundo trimestre de 2020 demuestran que las provincias que lideran las conexiones de 30Mps se concentran en Capital Federal, Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, y Santa Fe. A esto se suma que, en Argentina, al menos un 40% de las conexiones todavía son de velocidades inferiores a los 10Mps.

 

Acceso

El derecho de acceso a Internet se encuentra reconocido como derecho humano fundamental por los organismos internacionales. En 2012 el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) reconoció “la naturaleza mundial y abierta de Internet como fuerza impulsora de la aceleración de los progresos hacia el desarrollo en sus distintas formas”, exhortando “a los Estados a que promuevan y faciliten el acceso a Internet y la cooperación internacional encaminada al desarrollo de los medios de comunicación y los servicios de información y comunicación en todos los países”.

A nivel nacional, en 2014 la ley Argentina Digital 27.078 aprobada en el Congreso declaró “de interés público el desarrollo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, las telecomunicaciones, y sus recursos asociados, estableciendo y garantizando la completa neutralidad de las redes”. El objetivo estaba claro: posibilitar el acceso de la totalidad de los y las ciudadanas a los servicios de la información y las comunicaciones en condiciones sociales y geográficas equitativas.

En su artículo 15 -cuyo sentido fue vetado durante el Gobierno de Macri y luego restablecido en plena pandemia por el Gobierno de Alberto Fernández mediante el DNU 690/2020- la Ley reconoce “el carácter de servicio público esencial y estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en competencia al uso y acceso a las redes de telecomunicaciones, para y entre licenciatarios de Servicios de TIC”.

 

Políticas pública

Frente a un escenario históricamente concentrado y atravesado por las desigualdades en el acceso y uso de Internet, el rol de las políticas públicas es clave para reducir asimetrías.

En medio de la pandemia, el Gobierno nacional lanzó el Plan Conectar 2020-2023, que apunta a potenciar la estructura de comunicaciones y poder alcanzar la "universalización del acceso a los servicios TIC y a las conexiones de banda ancha de última generación" a nivel federal.

Este objetivo implicará una inversión de $37.900 millones que, según se informó oficialmente, se distribuye en cuatro ejes: Sistema Satelital Argentino, Red Federal de Fibra Óptica (Refefo), Televisión Digital Abierta y Centro Nacional de Datos, todas iniciativas lideradas por la empresa estatal Arsat.

Asimismo, desde el Proyecto Estructural “Estrategias y prácticas innovadoras para el arraigo de las familias agropecuarias y la integración de jóvenes rurales” del INTA, se impulsó un relevamiento para conocer “cómo transitan las familias rurales el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO)”.

Atravesando las fronteras de los grandes centros urbanos y tecnológicos, dos temas aparecen de manera transversal. Por un lado, la limitación que supone la falta de acceso a las tecnologías (TIC), considerando que el acceso a Internet es un derecho humano fundamental que habilita otros derechos: informarse, educarse, acceder a las políticas públicas. Uno de los principales inconvenientes para el acceso a programas que han resultado fundamentales para la subsistencia de los sectores más vulnerables, tales como el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), requieren de conectividad para poder realizar los trámites.

A esto se suma que, en medio de una pandemia que afecta especialmente a los adultos mayores, los ámbitos rurales se caracterizan por tener una población adulta que se encuentra de por sí en circunstancias de fuerte aislamiento geográfico, económico y comunicacional.

En ese sentido, cobra especial relevancia el “Programa de Acceso a Servicios TIC a Poblaciones de Zonas Adversas y Desatendidas para el Despliegue de Redes” que impulsa el ENACOM. Según se informó oficialmente, el ENACOM y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) trabajan en el “fomento y la sostenibilidad de servicios de comunicación integral en áreas rurales y periurbanas para el desarrollo productivo, la promoción del trabajo genuino, la organización comunitaria, la educación, y la accesibilidad a las tecnologías de la comunicación y conectividad”. Este programa implica una inversión de 300 millones de pesos para reducir la brecha digital.

Además, se observa que “cada vez más, los gobiernos nacionales, provinciales y locales empiezan a articular políticas para interconectar tramos de fibra óptica o cobre con el tendido troncal de la Red Federal de Fibra Óptica”, explica Rivero. “Hay provincias que lo han logrado bajo la forma de sociedades del Estado y existen experiencias muy virtuosas, como en el caso de Chaco, Formosa y La Rioja”, señala el especialista en Comunicación. El caso de” Internet para todos” en La Rioja es uno de los casos de empresas públicas que usan su tendido de fibra óptica provincial para vender internet minorista al usuario final. “Desde que apareció “Internet para todos” en la Rioja, se le fue comiendo cuota de mercado a Telecom y hoy en esa provincia es la empresa que más cuota de mercado tiene”, señaló Rivero. 

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