TIEMPOS VIOLENTOS

La inseguridad en Santa Fe, jaque a las instituciones

En lo que va del año hubo 234 homicidios, con Rosario como zona roja. Los pactos entre policías y narcotraficantes y la complicidad de legisladores, enrostran el fracaso de las políticas punitivistas en una provincia donde el crimen organizado tiene sus oficinas en las cárceles. Por Osvaldo Aguirre
viernes, 17 de diciembre de 2021 · 19:13

Cárceles convertidas en oficinas del crimen organizado, corrupción enquistada en la policía y extendida a funcionarios judiciales, legisladores sospechados de amparar el juego clandestino, una tasa de homicidios que reedita los peores índices de los que se tiene registro, expansión del delito predatorio: los problemas de seguridad en la provincia de Santa Fe, y particularmente en la ciudad de Rosario, alcanzan en 2021 un nivel de gravedad comparativamente peor al padecido durante los enfrentamientos entre la banda de Los Monos y grupos rivales y convergen, además, con una situación de crisis institucional en todos los ámbitos del Estado.

El asesinato de Claudio “Pájaro” Cantero, en mayo de 2014, señala un hito en la historia reciente de Rosario. La muerte del líder de Los Monos exacerbó la disputa por el control del narcomenudeo entre grupos de distintos barrios de la ciudad y fue el disparador de una investigación judicial que concluyó al año siguiente con las condenas de otros integrantes de la banda. El proceso, sin embargo, quedó envuelto en sospechas, ya que los policías a cargo de los procedimientos estaban relacionados con el narco Esteban Lindor Alvarado, enemigo de la familia Cantero.

El ex ministro de Seguridad de la provincia, Marcelo Sain, relaciona la expansión criminal con un modelo de gestión política que colapsó en la década anterior con el desarrollo del narcotráfico y la mayor disponibilidad de armas. “La creencia que detenta la clase política argentina en su conjunto es la de que la seguridad pública constituye un asunto exclusivamente de carácter policial y, frente a ello, lo que les compete a los gobernantes de turno es concederles a las instituciones policiales el gobierno de la seguridad pública”, sostiene en un artículo donde analiza su accidentada experiencia en Santa Fe.

 

Arreglos  y negociados

Los pactos entre policías santafesinos y narcotraficantes quedaron particularmente expuestos en marzo de este año en la causa donde se condenó a diez años de prisión a un ex jefe de Inteligencia de la policía de Drogas, Alejandro Druetta, como partícipe necesario en una organización dedicada al narcotráfico.

Druetta construyó una imagen de policía incorruptible que en 2012, cuando se conocieron las acusaciones, fue reivindicada como modelo por las fuerzas políticas mayoritarias de la provincia. Con esa fachada encubrió la sociedad que mantuvo durante cuatro años con el narco Ignacio Actis Caporale. Mientras tanto encarnó un ideal del sentido común punitivista, según el cual un problema como el narcotráfico podría solucionarse por la acción de un policía implacable, cuyas irregularidades serían simples excesos. “A ciertos sectores sociales les gusta ese estilo. Pero Druetta no era un sheriff desprolijo sino que protegió a una persona para que vendiera drogas, en el marco de una estructura”, destacó el fiscal Federico Reynares Solari durante el juicio.

Hernán Flom, ex funcionario del Ministerio de Seguridad de la Nación y autor de una investigación sobre la conformación de los mercados de la droga en Argentina y Brasil, sostiene que “los arreglos” entre dirigentes políticos y jefes policiales “son constantemente negociados”. En Santa Fe, “se empezaron a resquebrajar a mediados de los años 90 cuando se inició el ciclo de reformas y contra reformas policiales de sucesivos gobiernos peronistas y se terminaron de caer con el primer gobierno del Frente Progresista”, la alianza de socialistas y radicales.

“Si bien ciertas condiciones ya se estaban dando para el aumento de la violencia, lo que termina de darle el empujón final es la incapacidad de la policía de regular de una manera coordinada el delito organizado y en particular el narcotráfico. Los distintos arreglos entre policías y participantes de ese negocio ilegal aumentan la competencia y generan un espiral de violencia que la policía ya no puede contener”, destaca Flom.

 

A los tiros

Si en un principio el desarrollo del narcomenudeo en Rosario aportó como novedad la instalación del bunker, como se conoció al puesto de venta fijo de drogas que funcionaba con anuencia policial, el fenómeno específico de la actualidad consiste en la generalización de la balacera como procedimiento delictivo. Los tiroteos contra negocios, casas particulares, edificios del Poder Judicial, sedes del gobierno municipal y hasta escuelas sirven a múltiples propósitos: extorsiones, usurpaciones de viviendas, amenazas e intimidaciones a investigadores y testigos.

Según la fiscalía rosarina que está asignada a las balaceras, la mayoría de las órdenes para realizar atentados -y también para cometer crímenes- proviene de las cárceles provinciales y también de la cárcel de Marcos Paz, donde se encuentra detenido Ariel Máximo “Guille” Cantero, líder actual de Los Monos. “Se da el caso de que una persona que está en la calle le encarga un homicidio a otra que está presa, y el homicidio puede suceder”, advierte el fiscal Matías Edery, como ocurrió con una especie de agencia de sicarios que coordinaba un preso de la Unidad de Detención número 3, de Rosario, y que fue desarticulada en mayo cuando preparaba un crimen por encargo.

La fuga de presos de la Unidad 11 de Piñero, el 27 de junio, puso de relieve el estado calamitoso del sistema penitenciario de la provincia. La supuesta cárcel de máxima seguridad en la provincia estaba apenas protegida con un cerco de alambre, contaba con cámaras de video fuera de funcionamiento, garitas de vigilancia orientadas hacia el interior e inhibidores de señales incapaces de bloquear los celulares que manejan los presos, y resultó vulnerable a la incursión de un grupo armado. Como efecto del escándalo, siete internos vinculados con causas de narcotráfico y considerados de alto perfil fueron trasladados a la provincia de Buenos Aires.

La situación demuestra sin embargo el fracaso de una receta básica de las políticas de mano dura, que consiste en extender el encarcelamiento de los infractores de la ley y suprimir derechos a los presos. La cárcel no es un obstáculo para las actividades criminales: “Estoy harto de investigar y al poco tiempo darme cuenta que los delincuentes ya están presos”, dijo el fiscal rosarino Pablo Socca en septiembre pasado, cuando descubrió que de las 16 personas a las que acusaba por homicidios, balaceras y narcomenudeo doce se encontraban detenidas. La trayectoria de “Guille” Cantero es otra desmentida rotunda: acumula 96 años de prisión a través de ocho condenas, de las cuales seis corresponden a delitos cometidos durante el período que lleva detenido.

La llegada de fuerzas federales a la provincia -por sexta vez, desde 2014- no contiene la ola de violencia. Entre los 234 crímenes perpetrados en lo que va del año causaron conmoción los de Carlos Argüelles, testigo al que se suponía protegido por declarar en la causa contra Esteban Alvarado; Julián Zanier, con antecedentes por narcotráfico, ejecutado por un escuadrón de la muerte todavía no identificado, y Joaquín Pérez, arquitecto de 34 años asesinado al resistir el robo de su auto. El último caso derivó en movilizaciones de vecinos, en un acto en el Monumento a la Bandera donde el gobernador Omar Perotti y el intendente Pablo Javkin fueron recibidos con insultos y empujones y en la conformación de una red de vecinales que reclama por soluciones urgentes.

El desplazamiento de Sain, primero del Ministerio de Seguridad y después del Organismo de Investigaciones, al que había accedido por concurso, parece la prenda del acuerdo entre la gestión del Frente de Todos y la oposición. Mientras el gobernador Perotti apuesta a obtener la declaración de la emergencia en seguridad, surgen dudas respecto de los costos que puede implicar el acuerdo político para las causas donde se reveló la complicidad de legisladores con actividades de crimen organizado.

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