NARCOMENUDEO, POBREZA Y JÓVENES

Por trasladar un bolso se cobra más que trabajando un mes

Sin proyectos ni expectativas para salir de la marginalidad, los delitos de narcotráfico operan como una tentación para una franja de jóvenes cada vez más amplia. Por Cristina Aizpeolea
lunes, 5 de julio de 2021 · 07:00

Ilustración Daniel "Pito" Campos

 

“Realmente, en determinados lugares degradados y carenciados, donde no hay demasiadas opciones de futuro, estudio, trabajo, entretenimiento sano, es muy difícil competir contra la tentación de ganar lo mismo en un traslado de droga de un lugar a otro que en un mes de trabajo pauperizado, si es que tiene la suerte de conseguirlo. No hace falta demasiada ciencia para saber que a mayor carencia, mayores probabilidades de arriesgarse a conductas perjudiciales”. Sin vueltas, el fiscal federal Maximiliano Hairabedian plantea en su libro Investigación y prueba del Narcotráfico la causa principal de la creciente participación de jóvenes de sectores marginales en el narcomenudeo. 

Eficaz en la persecución del último tramo del narcotráfico, cuando el Estado los detiene en flagrancia, los que se arriesgan a trasladar droga, guardar un paquete o repartir insumos se exponen, como mínimo, a una pena de 4 años de prisión no excarcelable. Los “quioscos” de los barrios se cierran todos los días, pero “al tratarse de un problema social, si el Estado no ocupa su rol con políticas fuertes y activas que impongan su presencia en los lugares y sectores en que está ausente y lo único que hace es aplicar una respuesta punitiva excesiva –sin desterrar las condiciones que favorecen y contextualizan el fenómeno- genera un daño desmesurado en el tejido que a veces conduce a que otro familiar o vecino tome la posta en el puesto de venta que quedó vacante por el procedimiento policial, reemplazando al que quedó detenido cual pieza fungible del sistema”, señala en otro párrafo.

En diálogo con REDACCIÓN MAYO, Hairabedian planteó tres situaciones bien diferentes sobre la juventud y la venta de drogas. Por un lado, en el campo de las drogas sintéticas que tienen que ver con la movida nocturna de fiestas electrónicas, “el perfil socioeconómico del imputado es de clase media”. En cuanto a la venta de cocaína de mala calidad, el disparador que los empuja a entrar en el negocio es la situación de carencia, en todo sentido, que se volvió más aplastante todavía con la pandemia. “En un país donde no tienen muchas esperanzas laborales, no consiguen trabajo y si lo consiguen son trabajos informales y mal pagados, en ciertos ambientes suele ser mucho más tentador hacer plata fácil con una venta. Inclusive, a veces, no hace falta vender droga. Por guardarla para otros, por trasladar en una bici, en una moto, un paquete de droga de un lugar a otro se les paga más que una semana trabajando en una obra. La tentación es fuerte, pero los riesgos son muchos, porque son los que primero caen y los delitos de la ley de drogas tienen penas altas”. En tercer lugar, mencionó a los “trafiadictos”, como llaman algunos textos a aquel que tiene un problema de adicción y vende para poder consumir y subvencionar su consumo. 

Según la experiencia del fiscal, muchos jóvenes no mensuran el riesgo que corren y lo que puede llegar a pasarles si los agarran con una cantidad de droga importante. “Entonces, cuando ocurre, se abalanza una tragedia sobre la vida de estas personas. Cuatro años de cárcel, mínimo, por haber llevado un paquete en una bici durante cinco cuadras, es algo inimaginable para esa persona. Y cuando le ocurre, genera un desconcierto y una angustia tal que, en algunos casos, hasta ha llevado al suicidio”.

El perfil del imputado por narcomenudeo quedó recortado en un estudio dirigido por Aída Tarditti (vocal del Tribunal Superior) sobre las 603 personas acusadas de tenencia o comercialización de drogas en la ciudad de Córdoba entre 2012 y 2016:  hombres jóvenes, sin empleo fijo, padres, que residen en viviendas compartidas, la mitad de ellos consumidores habituales. El más reciente informe del fuero cordobés sobre narcotráfico analizó el período 2018-2019 y dio cuenta de la gran actividad: se iniciaron 7.308 sumarios el primer año y 7.847 en el segundo, que derivaron en 926 y 1.146 imputados, respectivamente (25% mujeres). Más del 60% de las causas se inició por una denuncia telefónica anónima. En total, durante los dos años se elevaron a juicio 1.200 causas.

Si el narcotráfico es una cadena sin dueño que hilvana negocios, poder y territorio en torno a la adicción a drogas ilegales, las cárceles se llenan con los del último eslabón que se arriesgan guardando la droga, trasladando bártulos de un lado al otro, cocinando con precursores en una pieza sin ventanas o usando la casa como quiosco al menudeo. En 2009, al frente de la secretaría provincial de Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico, el abogado Sebastián García Díaz alertó sobre la necesidad de actuar con urgencia. Su paso por la función pública fue breve, pero dejó su testimonio en el libro Favelización de Córdoba. Droga, poder y burocracia.  “A 10 años de esa experiencia –señaló-, lamentablemente lo primero que se me viene a la mente es que la situación actual es mucho peor que la de aquel momento. Los gérmenes de favelización que veíamos, ahora, lamentablemente, son impresionantes”.

 

DOCUMENTOS 

Perfil del imputado por tenencia y comercialización de drogas (TSJ, Córdoba, 2012-2016)

http://pensamientopenal.com.ar/doctrina/47116-perfil-del-imputado-delitos-vinculados-comercializacion-o-tenencia-estupefacientes#.YNIH0t4tzBk.whatsapp

Informe Narcotráfico en la provincia de Córdoba, 2018-1019

https://cepj.justiciacordoba.gob.ar/wp-content/uploads/2020/12/Informe-Narcotrafico-2018-2019.pdf

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