En 2017, cuando aún vivíamos en la otra normalidad y la pandemia, los barbijos y la cuarentena sólo figuraban en los guiones de ciencia ficción, el asesor letrado Martín Illia (nieto del expresidente Arturo Illia) sacudió el aparato judicial de Córdoba con una presentación que todavía se recuerda adentro y afuera de los tribunales: ingresó por ventanilla un hábeas corpus colectivo para pedir que fueran tratados por sus adicciones 1.528 detenidos en la cárcel de Cruz del Eje, una de las más grandes de la provincia.
“Hago notar que la mayoría de mis representados aduce tener contacto habitual con los estupefacientes dentro del Complejo Carcelario N° 2, principalmente como consumidores, y otros tantos, haber caído en delitos por su condición de adictos o consumidores habituales de sustancias estupefacientes. En esta unidad carcelaria se estima que el 90% de los reclusos son adictos”, aseguró Illia en aquel momento.
En la presentación, el asesor oficial remarcó que los presos “deben padecer la ilegal indiferencia del sistema carcelario que los empuja una y otra vez a vivir el infierno de ser adicto dentro de la cárcel, circunstancia que no cesa hasta la fecha”.
No fue la única voz que se alzó sobre esta problemática en los últimos años. Según el juez Penal Juvenil de Córdoba José González del Solar, uno de los más experimentados en esa área, de los adolescentes que pasan por su juzgado, casi el 100% tuvo una experiencia previa con estupefacientes. “No quiere decir que todos sean adictos, pero todos tienen o tuvieron alguna relación, esporádica o frecuente, con alguna droga”, supo advertir.
En igual dirección apuntó el ahora extitular de la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf), órgano del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Córdoba, José Piñero. “Menos de 1% de los menores alojados en el Complejo Esperanza lo está por narcomenudeo, pero más del 90% de los chicos alojados tienen experiencias de consumo de drogas. Hay una naturalización en el consumo”, alertó.
En 2013, cuando en Córdoba acababa de desfederalizarse el combate al narcotráfico, para que la Justicia provincial se ocupara de la venta de estupefacientes al menudeo, el Tribunal Superior de Justicia encargó un estudio para evaluar la “calidad” de estas nuevas investigaciones.
Fue realizado por el Centro de Perfeccionamiento Ricardo C. Núñez, del Poder Judicial de Córdoba y el Fuero de Lucha Contra el Narcotráfico, y trazó un perfil concluyente de los detenidos por causas de drogas: jóvenes, padres, adictos, con antecedentes penales, sin trabajo formal y una escolaridad incompleta. Así se sintetizó la radiografía local del dealer (proveedor de drogas ilícitas) detenido en distintos “quioscos” de la ciudad de Córdoba.
