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“La brecha digital en Argentina se expresa en múltiples dimensiones”

Para el investigador del Conicet y doctor en Ciencias de la Información, la mayor asimetría en materia de acceso, conectividad y derechos obedece a la concentración demográfica en las grandes urbes. Por Cris Aizpeolea
sábado, 28 de mayo de 2022 · 00:00

Martín Becerra integró de joven distintas redacciones y hay que buscar en esa experiencia de periodista gráfico el germen de su interés por el funcionamiento de los medios y las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Investigador principal en el Conicet y profesor titular en la UBA y en la Universidad Nacional de Quilmes, donde dirige distintos grupos de investigación, desarrolla su trabajo en torno a la estructuración de los sistemas de comunicación y sus políticas.

Doctor en Ciencias de la Información por la Universidad Autónoma de Barcelona, donde también es Magister, Becerra es un actor muy presente en Twitter, red que usa para documentarse de primera mano, seguir a colegas y compartir ideas propias y trabajos comunes. Su cuenta se llama @aracalacana, como el tango homónimo que en lunfardo significa “cuidado que viene la Policía”, y que, a su entender, aplica perfectamente al funcionamiento de las plataformas de internet. 

Recientemente, en un artículo que escribió para el sitio Letra P y que tituló “Te amo, te odio, dame Musk”, destacó la paradoja de que un multimillonario como Elton Musk se convierta en el único dueño de ese foro público y lo presente como una gesta democratizadora del derecho de expresión. En su opinión, el desembarco del cerebro de PayPal y de Tesla sólo implicará más concentración de poder en una plataforma que, al igual que Facebook o YouTube, “tiene muchos puntos opacos, porque el tratamiento de datos personales, las políticas de moderación y edición de contenidos, los derechos de los usuarios, son claramente zonas erróneas y cajas negras sin auditoría política ni social”.

En este extenso diálogo con Redacción Mayo, Becerra habló de la intencionada viralización de falsas noticias, de los efectos que dejó la pandemia en materia de ciudadanía digital y de las políticas públicas que existen y que todavía faltan para democratizar las reglas del juego. 

 

-Si la llamada “brecha digital” marca la distancia en el acceso, uso y apropiación de las tecnologías según el nivel socioeconómico y geográfico, ¿qué características particulares, si las hubiera, adquiere ese concepto en Argentina?

-En la Argentina tenemos, además de las brechas que separan niveles y tipos de acceso y uso por razones socioeconómicas, de género y de edad comunes a otros países de nuestra región, una marcada asimetría geográfica por la concentración demográfica en grandes urbes, en particular en el área metropolitana de Buenos Aires y, en menor medida, en las ciudades de Córdoba y Gran Córdoba, y Rosario y Gran Rosario. Esta situación afecta notablemente el tipo de tendido de redes, cobertura y acceso a los recursos de las comunicaciones que, como sabemos por las estadísticas que brindan los operadores y recopila el ENaCom, acusa grandes diferencias entre los principales centros urbanos y el resto de nuestro país, sobre todo si pensamos en las brechas de quienes viven en localidades pequeñas alejadas de los grandes conglomerados. En la combinación singular entre esta dimensión geográfica, demográfica y los obstáculos que por razones socioeconómicas, etarias y de género dificultan el acceso a las comunicaciones, que son imprescindibles hoy en día para generar condiciones de bienestar, marca el panorama de las brechas en la Argentina.

 

-¿Hasta qué punto ArSat está logrando el objetivo de su creación, en 2006, de acortar la brecha digital entre las pequeñas localidades y las grandes ciudades? (los grandes proveedores de Internet siguen basando su actividad en la lógica de la rentabilidad)

-En términos generales ArSat ha cumplido una función de moderador de las brechas de modo satisfactorio, construyendo en primer lugar infraestructuras troncales de conectividad allí donde el mercado no lo hacía porque no era rentable o porque la escala de la inversión excedía las posibilidades de actores locales, estableciendo nodos de acceso con criterio federal e innovando en tecnologías satelitales. Todo esto merecería incorporar matices porque obviamente la política de gestión de ArSat fue muy distinta en distintos períodos de gobierno e incluso dentro de un mismo gobierno, en distintas gestiones. Pero a nivel general, ha cumplido esa función. No obstante, hay mejoras pendientes en la relación entre este operador estatal mayorista y cientos de proveedores de servicios domiciliarios de carácter privado, cooperativo y público-provinciales o municipales. Quiero decir que la dinámica del sector obliga a revisar metas y vínculos para que esa relación, que no siempre es de mutuo beneficio, tenga la lógica del servicio público que es la que define la misión de ArSat. 

 

-Acceder al servicio o a la tecnología es una parte del asunto. ¿Qué otras políticas públicas específicas son hoy, a tu entender, las más urgentes? 

-Creo que lo primero, lo más importante, es definir una coordinación de todos los espacios de políticas públicas que inciden en la conectividad y en el acceso de la ciudadanía. Esa coordinación es muy compleja y es una tarea que otras urgencias han venido relegando en las prioridades de los distintos gobiernos durante este siglo. Hay que entender que la conectividad es afectada transversalmente por decisiones que, en términos administrativos, se toman en los ministerios de Economía, Educación, Transporte, Desarrollo Social, Cultura, Vivienda, Desarrollo Productivo y Trabajo, además por supuesto de las áreas específicas en lo temático como puede ser el ENaCom. Es decir que el desafío es integrar y coordinar estrategias transversales. Porque los niveles de intervención de las políticas abarcan desde la infraestructura física, los estímulos a la programación, la capacidad del Estado para regular reglas de juego democráticas, la producción y distribución de contenidos diversos y federales, la protección de datos personales, la garantía de libertad de expresión y la competencia económica. Lo mismo cabe decir para la definición de políticas sobre Inteligencia Artificial o plataformas digitales.

 

- Córdoba, entre otras provincias, cuenta con una agencia estatal de Conectividad. ¿Qué opinión te merecen estas iniciativas? ¿Valen, qué tienen o no de interesante, o cómo podrían mejorarse?

-En los últimos años se crearon agencias similares en distintas provincias, lo que da cuentas por un lado de la centralidad del acceso a las TIC y la necesidad de articular el desarrollo regional, provincial y local con el impulso a las TIC y a la conectividad, y por otro lado de la conciencia de la política pública a niveles subnacionales de que la agenda sectorial plantea necesidades impostergables. Lo veo como signos positivos, sobre todo porque hay muy buenas experiencias a niveles provinciales y locales, ejemplos virtuosos de mejoras claras en materia de conectividad, de articulación con ArSat y con operadores privados y cooperativos. Justamente es esa articulación lo que podría potenciarse y mejorarse, tanto a nivel macro, como a niveles micro, con mayor participación ciudadana y con estrategias más claras de impulsar la generación de capacidades locales. 

 

-¿Estamos en condiciones de saber qué escenario dejó la pandemia en Argentina en materia de ciudadanía digital? ¿Qué pasó con los medios ante la creciente demanda de información que generó la crisis sanitaria?

-Estamos empezando a estudiar y comprender esos escenarios, lo que se debe por una parte a su profundidad y, por otra parte, a que son procesos muy recientes. Las TIC desempeñaron un papel central en la pandemia, tanto en materia de conectividad, acceso a información sensible y esencial, como también porque la hiperconexión motivada por las medidas de prevención supuso, a la vez, cierta saturación del flujo informativo e incluyó la circulación de campañas de desinformación. En este sentido, hay que pensar en la paradoja que consiste en que una sociedad hiperconectada en tiempo real y con dispositivos personales en la mayoría de los casos, tenga niveles crecientes de desconfianza y descreimiento en los medios de comunicación y en las instituciones que son la usina diaria de los contenidos que nutren la agenda pública. Y creo que si se atiende a esa paradoja arribaremos a una mejor comprensión de las transformaciones sociales pero también subjetivas, personales, propias del ecosistema digital cuyo desarrollo está en curso.

 

- Una de tus investigaciones consistió en chequear a un sitio de verificación del discurso público como Chequeado.com. Chequear a un medio que chequea medios. ¿Cuánto mienten los medios? ¿Por qué lo hacen? ¿La esfera digital es tierra más fértil para las “fake”?

-Los medios de comunicación siempre hay sido falibles, es decir que la posibilidad de error es inherente a su propia historia, pero además la precarización de las condiciones laborales que condicionan el trabajo periodístico de elaboración, corrección y edición de las notas repercute de modo directo en la mayor propensión a difundir contenidos descuidados. Pero, además, la polarización marcada del sistema de medios de la Argentina, que alienta la polarización política y social y a su vez es consecuencia de ella, constituye un imán para la producción de campañas de desinformación pues, con tal de castigar al sector político opuesto con el que un medio de comunicación se embandera, éste pone en marcha operaciones falsas sin verificar las fuentes, sin buscar confirmar el contenido y mezclando opinión e información en dosis que contravienen las prácticas clásicas del periodismo. En este sentido, la esfera digital lo que hace es acelerar esas operaciones en tiempo real, descontextualizar el contenido de su matriz productiva y viralizar consignas radicalizadas, que son las que más escándalo e indignación provocan. No obstante, sería un error creer que el problema son las redes digitales aisladamente.

 

- Te escuché calificar el andamiaje jurídico del sistema de medios de Argentina como un “Frankenstein”, sin lógica ni cohesión, que lleva casi 50 años de decretos, normas, resoluciones, que se van superponiendo o anulándose entre sí. ¿Cuáles son las consecuencias de esto? ¿Por dónde deberíamos empezar hoy?

-Sí, me refería a que falta una regulación coherente. En las comunicaciones, tenemos normas vigentes desde la dictadura de Lanusse, por ejemplo. Además, como sabemos, mientras que el Congreso en 2009 y 2014 había sancionado, tras importantes debates sociales y políticos, las leyes de servicios audiovisuales y de telecomunicaciones y TIC, desde entonces varios decretos y resoluciones modificaron parcial pero esencialmente esas leyes. Esas modificaciones fueron guiadas por intereses y necesidades coyunturales en varios casos contradictorios con los objetivos y las letras de las leyes que, excepto en esas modificaciones, continúan vigentes. De modo tal que el resultado es un cuerpo doctrinario y algunos artículos tramitados por el Poder Legislativo hace más de diez años pero con agregados y derogaciones que alteran su razón de ser hechos por decretos del Poder Ejecutivo en los dos últimos gobiernos, lo que da como resultado ese “Frankenstein”. Es necesario que el Congreso retome su función como legislador con una mirada integral de las comunicaciones, actualice y normalice esta situación.

 

- En “Restauración y cambio”, libro presentado recientemente, compilaron junto con Guillermo Mastrini una serie de artículos sobre las políticas de comunicación de la era Macri. ¿Cuáles son las principales conclusiones?

-El propio título es fruto de las conclusiones del libro. Hemos investigado las políticas de comunicaciones (medios, telecomunicaciones, Internet) de Mauricio Macri así como antes lo hicimos con los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández. En el caso de Macri se constata una profusa intervención estatal en pos de restaurar un statu quo previo a 2009, representado en los numerosos decretos, resoluciones y decisiones de Macri, de su ex ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, de los dos presidentes del ente gubernamental creado como regulador y autoridad de aplicación (ENaCom) y, sobre todo de la fusión más grande de la historia de las comunicaciones en América Latina, Cablevisión Telecom, que el gobierno avaló beneficiando al Grupo Clarín y afectando seriamente la competencia en el sector. En el libro también analizamos cómo funcionó la consigna de la convergencia tecnológica como pretexto del intervencionismo estatal a favor del más fuerte, evaluamos el desempeño de los medios estatales, evaluamos el compromiso del gobierno de Macri con el derecho a la libertad de expresión (en su gestión encarcelaron sin condena firme a dos empresarios periodísticos, vaciaron la agencia estatal de noticias Télam despidiendo a más de 300 periodistas y fueron indolentes con la represión a empleados de Tiempo Argentino, por ejemplo) y relevamos la situación crítica del empleo en las redacciones.

 

-¿Cómo imaginas el título del libro de 2024, que analice las políticas de Alberto? ¿Qué se recordará de lo que estamos viviendo?

-Bueno, todavía queda más de un año de gobierno. Así que esperemos hasta entonces para poner el título.

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