En Argentina, 6 de cada 10 estudiantes con discapacidad van a escuelas comunes. El dato es un avance si se lo compara con el sistema educativo que teníamos una década atrás, pero desde asociaciones y redes que defienden los derechos de los grupos de personas más vulnerables advierten que el ritmo de transformación de la educación especial hacia una educación inclusiva es más lento de lo esperado y las barreras siguen siendo muchas: rechazo en la matriculación, falta de personal de apoyo, inconvenientes que van desde la accesibilidad física, a las evaluaciones y titulaciones, entre otras. De todo ello pueden dar cuenta Valentina y su familia, quienes recorrieron más de 40 establecimientos educativos.
Desde la Fundación COLSECOR abrimos esta agenda pública con el objetivo de difundir aspectos vinculados con el derecho de niños, niñas y adolescentes al acceso continuo a una educación inclusiva y equitativa. En Argentina la Convención internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad tiene rango constitucional (Ley 26.378) e incluye en su artículo 24 el derecho a la educación inclusiva “en todos los niveles, así como la enseñanza a lo largo de la vida”. Pero ¿cuánto se cumple efectivamente? ¿Por qué La Pampa es un modelo elogiado, incluso, por la Unión Europea y, en cambio, jurisdicciones como Ciudad de Buenos Aires transitan los peores índices de inclusión educativa? ¿Defendemos como sociedad la educación cien por ciento inclusiva? ¿Qué situaciones llegan a vivir las familias en la búsqueda de una escuela? De todo eso hablaremos en esta nota de la agenda pública.
Los “pero” que discriminan
Según Naciones Unidas, la educación inclusiva significa que todos los niños y jóvenes, con y sin discapacidad, aprenden juntos en las diversas instituciones educativas regulares (preescolar, escuela, secundaria y universidades) con los soportes apropiados, como paso fundamental para construir sociedades inclusivas. Esa convención internacional “responde al modelo social de la discapacidad, que nace de la vinculación de las características de las personas con las barreras del entorno. Hasta ahora los sistemas educativos se basaban en un modelo médico e individualista de la discapacidad y como consecuencia generaban muchos obstáculos para poder ingresar, permanecer y aprender”, señala a Redacción Mayo Belén Arcucci, coordinadora del programa Derechos de las Personas con Discapacidad de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).
Aunque hubo avances desde que Argentina se integró a la Convención (desde 2014), faltan escuelas integradoras o inclusivas, por lo cual conviven dos modalidades: la educación general y la educación especial. Según la ACIJ y Grupo Artículo 24 por la Educación Inclusiva, el porcentaje de alumnas y alumnos con discapacidad en las escuelas comunes aumentó. Sin embargo, en 2019 la proporción de personas con discapacidad en relación a la matrícula total de escuela común en todos los niveles no superó el 1,31%. En el nivel secundario esto es aún menor, representó el 0,97% del alumnado. Casi la mitad (43,7%) de los y las estudiantes con discapacidad en nuestro país “están segregados en escuelas especiales”, y hay provincias en las que el porcentaje supera ampliamente la media: CABA, Mendoza, Chaco, Misiones, Corrientes y San Juan son los distritos que tienen peor índice de educación inclusiva. Los datos se extraen de la Dirección de Evaluación e Información Educativa del Ministerio de Educación de la Nación.
En el año 2016 el Consejo Federal de Educación (Res. 311/16) reconoció el derecho de las personas con discapacidad a ser inscriptas y desarrollar sus trayectorias educativas en todos los niveles de la escuela común. A su vez, la responsabilidad del sistema educativo de asegurar el apoyo para el acompañamiento de alumnos y alumnas que así lo requieran. No obstante, para las familias de chicos con alguna discapacidad los obstáculos son muchos. Aquí mencionaremos las principales excusas que ponen las escuelas regulares, tanto públicas como privadas:
Matriculación. Una de las barreras que afrontan las familias con personas con discapacidad es la negativa a la matrícula, en escuelas comunes tanto públicas como privadas. “Directamente les rechazan la vacante, muchas no lo dicen de forma directa pero siempre deslizan que van a estar mejor en una escuela especial, cuando es una modalidad segregada: van determinadas personas con determinadas características. Esto a la luz de la Convención debería empezar a modificarse”, sostiene Arcucci.
Personal de apoyo. Otro de los problemas se vincula con el personal de apoyo, que suele ser fragmentado y discontinuo. A nivel nacional, la Resolución 311/16 reconoce que el sistema educativo debe asegurar el apoyo necesario que requiera el alumnado con discapacidad en todos los niveles (inicial, primario y secundario) y en los casos que cuenten con cobertura médica, lo tiene que cubrir la obra social o prepaga.
Accesibilidad y ajustes. Es una barrera importante la falta de medidas de accesibilidad y ajustes, que pueden ser a nivel comunicacional, en los planes de estudio o materiales educativos, y en el mobiliario de los edificios. “En Argentina tenemos lo que se conoce como proyecto individual para la inclusión, el PPI, que debe ser elaborado a comienzo del año escolar, revisarse periódicamente, pero tenemos muchas quejas de familias por las demoras o porque directamente se lo niegan”, cuentan desde ACIJ. Una ONG que pone el foco en este punto es “Acceso ya”, desde donde relevan información, investigan y denuncian casos de barreras arquitectónicas en las ciudades, y en particular en las escuelas.
Lo cierto es que ningún colegio puede negarse a adoptar medidas de accesibilidad o a realizar ajustes para garantizar la igualdad de las personas con discapacidad, porque forman parte de un sistema global de requisitos de diseño que van desde el nivel conceptual del diseño comunitario, hasta el detalle en la manija de una puerta. Tampoco pueden cobrar costos adicionales por su implementación.
Permanencias. Es muy común que al alumnado con discapacidad se les imponga o recomiende permanecer en el mismo grado por más de un ciclo lectivo, la famosa repitencia, basada en criterios normalizantes, que suponen que todos deben aprender lo mismo, de la misma manera y al mismo ritmo y que ponen atención en el supuesto “déficit” de la persona y no en su potencial. “En realidad, la falla fue de la escuela por no haber hecho todas las adaptaciones y estrategias específicas que necesitaba ese chico y vulnera la trayectoria educativa de la persona, los obliga a cambiar de grupo y, cuando se genera un vínculo, es muy doloroso para los estudiantes”, enfatiza Arcucci.
Reducción de la jornada. Las personas con discapacidad tienen derecho a cursar todas las materias y concurrir a actos escolares y salidas educativas o recreativas. Sin embargo, es frecuente que les reduzcan la jornada horaria y se los excluya de participar de actividades extra curriculares.
Evaluaciones y título. En muchas escuelas no hay apertura para flexibilizar los mecanismos de evaluación, incluso ponen trabas a la hora de entregarles el certificado cuando egresan, a pesar de que los títulos de quienes estudien con PPI tienen validez nacional (Resolución 2945/17 del Ministerio de Educación de la Nación).
Barrera cultural. “A veces hay situaciones de discriminación que nadie advierte, porque hay una barrera muy profunda que es la cultural: hay personas que, desde la buena intención, pero basados en paradigmas anteriores, consideran que el lugar de chicos y chicas con discapacidad es otro, que no la van a pasar bien en una escuela común. Hay que ir deconstruyéndolo culturalmente y quizás eso sea lo más difícil”, sostienen desde ACIJ.
En este link de la ACIJ no sólo se encuentra disponible el marco normativo, también figuran los canales en dónde reclamar según el caso y disponen para las familias modelos de nota, ya sea para presentar en la propia escuela, en la obra social, en el Ministerio de Educación o en el INADI.
La Pampa, como modelo
“Hay que valorar avances positivos y políticas públicas de los últimos años. También vemos mucho más interés de las propias escuelas y docentes en tener herramientas para poder construir una educación inclusiva”, aclara Arcucci. Uno de los programas que destacan desde ACIJ es del INADI, “Escuelas sin Discriminación”, una campaña que incluye una instancia de formación docente y la entrega de materiales escolares para llevar al aula.
En ese punto, no todas las jurisdicciones cuentan con el mismo grado de desarrollo. La Pampa es, sin duda, la más avanzada en educación inclusiva. Fue elogiada por la Unión Europea, al punto de señalarla como modelo a seguir para replicar en otros países de América Latina o de Europa. Por empezar, fue la primera en crear en el año 2003 una Dirección de Educación Inclusiva. En la actualidad, el 98,5% de los alumnos y alumnas en esa provincia concurren a escuelas comunes y las escuelas especiales se transformaron en centros de apoyo para las familias de personas con discapacidad y para las escuelas regulares. Además, en los últimos cinco años ampliaron en un 300% el plantel docente de apoyo a la inclusión, entre otras acciones positivas, que pueden leerse en una nota publicada por Lorena Oliva para el diario La Nación.
En la otra vereda se encuentra Ciudad de Buenos Aires (CABA). Es uno de los territorios con peor índice de inclusión en términos de cantidad de estudiantes con discapacidad, integrados a escuelas regulares: al año 2019, último registro disponible, la mitad de los estudiantes continuaba en escuelas especiales. Las otras provincias con bajo porcentaje en inclusión son Mendoza, Corrientes, Chaco, Misiones y San Juan.
Pero no sólo en números se mide la inclusión: el año pasado la Justicia porteña falló a favor de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, en una demanda contra el gobierno de CABA por no controlar a las escuelas comunes de gestión privada, cuyo modus operandi era el rechazo masivo a la matriculación de estudiantes con discapacidad. Hay una idea errónea y perversa en sostener que al ser establecimientos privados pueden expulsar a una persona por sus características, cuando los convenios internacionales, y las leyes nacionales que dan marco, son claras en ese punto.
Lejos de ampliar las opciones, el ministerio de Educación de CABA las restringe, como acaba de hacer con el cierre intempestivo del colegio inclusivo Nuevo Horizonte, del barrio San Cristóbal, a donde concurrían 450 estudiantes de los niveles inicial, primario y secundario, 50 de ellos con discapacidad, tal como publicó la agencia Télam.
El caso de Valentina
Un total de 40 jardines infantes públicos y privados de diferentes localidades bonaerenses (San Isidro, Tigre, Vicente López) fueron los que recorrió la familia de Valentina. “Ya perdí la cuenta”, dice Andrea, su mamá, que, a pesar de todas las trabas, sigue en la lucha para que su hija pueda tener una trayectoria educativa inclusiva, como lo marca la ley.
Valentina nació prematura y le quedó por ello una discapacidad motora. Un tiempo después, tramitaron un certificado de discapacidad, “algo para lo que ninguna madre o padre está preparado”, recuerda Andrea. Tenía seis meses cuando arrancaron con la rehabilitación: por la plasticidad neuronal propia de los niños pequeños, su cuadro era plausible de mejorar: Kinesiología, Psicomotricidad, Hidroterapia, Fonoaudiología y Musicoterapia. Las disciplinas hicieron lo suyo, pero la garra de Valentina y su familia hizo el resto.
El desafío más difícil para Valentina fue atravesar su proceso educativo en las mismas condiciones que sus compañeros, ante las excusas que se repetían cuando sus papás buscaban un lugar en el jardín: que no podrá adaptarse, que mejor sería enviarla a una escuela especial, que no quedaron vacantes. “Todos, absolutamente todos los padres con un niño que tiene una dificultad x o h, peregrinamos por las escuelas buscando algo que, aparentemente, aparece como un talismán oculto: la educación inclusiva. O como dice Carlos Skliar, la educación y punto, porque llegará algún día que no tendremos que agregar la palabra “inclusiva” detrás”, escribió Andrea, como forma de desahogo, en uno de los posteos en sus redes sociales.
Después de idas y vueltas, Valentina encontró un lugar que la cobijó, y directivos y docentes se adaptaron a ella y no al revés, “Entró en sala de 3 casi sin saber caminar, ayudada por un andador y a los dos meses ya se tomaba de las paredes y se largó”, recuerda su mamá. En el jardín su acompañante terapéutica fue cada vez menos días y horas por la autonomía que logró en su marcha y en el lenguaje, incluso, durante la pandemia se adaptó a tener clases y encuentros virtuales con su maestra y compañeros.
Valentina ya tiene ocho años e inició tercer grado y, aunque lejos están sus padres de romantizar el proceso, y menos aún los resultados, hay algo de lo que están convencidos: “no somos homogéneos: vivimos en un mundo diverso. Eso no se enseña solo en las aulas, también en los patios, en los recreos, en los cumpleaños, en las salidas, en los campamentos: la convivencia es tan o más importante que los contenidos curriculares que deben completar en sus cuadernos”, sostuvo Andrea.
Hacer el clic en ese aspecto que menciona la mamá de Valentina no depende sólo de políticas públicas y decisiones al interior del sistema educativo. Depende del conjunto como sociedad. En sintonía, Arcucci insiste desde su lugar en la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia: “Muchas veces el cambio cultural y actitudinal es el más difícil. Hay que cambiar la mirada sobre las personas con discapacidad y entender que la educación inclusiva beneficia a todos”.
