La avioneta sobrevoló cuatro veces el campo sembrado de maíz y en cada pasada dejó caer paquetes envueltos en papel metálico, provistos de paracaídas. Una mujer y seis hombres esperaban en tierra, a pocos kilómetros de la ciudad bonaerense de Pergamino, y se pusieron a recoger aquella carga: 132 kilos de cocaína que provenían de Bolivia y tenían como destino final el barrio Bajo Flores de la ciudad de Buenos Aires. Aún no había amanecido el miércoles 19 de enero cuando el grupo quedó rodeado por un operativo policial.
El caso puso al descubierto una red dedicada al tráfico de cocaína que había sido detectada en base a escuchas telefónicas y era objeto de una investigación judicial desde mediados del año pasado. Su trasfondo expone nuevas modalidades de organización de una actividad delictiva que modifica sus prácticas al ritmo de las persecuciones de la ley y concentra su negocio en el narcomenudeo, la venta a pequeña escala a través de múltiples formas de expendio. La localización de la banda en la villa 1-11-14 señala además “un punto neurálgico” en esas operaciones, destaca el politólogo Sebastián Cutrona.
Especialista en crimen organizado y autor del libro Drogas, política y actores sociales en la Argentina democrática, Sebastián Cutrona (La Rioja, 1983) sostiene que 2001 marca una inflexión en la historia reciente del narcotráfico. Si el país “nunca tuvo un consumo que fuera un objetivo para los grandes cárteles de la región”, a partir de ese año “el mercado nacional creció de manera significativa y permitió a las organizaciones locales disponer de mayores flujos de dinero, empoderándolas”. El narcomenudeo se configura entonces “alrededor de dos puntos calientes: el primero y fundamental es Rosario, por la menor presencia de fuerzas de seguridad y su ubicación geográfica en las rutas de la cocaína y la marihuana, además de ser Santa Fe provincia limítrofe entre Córdoba y Buenos Aires, los mercados más importantes del país; y el segundo punto es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
La particularidad de Rosario consiste además en “la capacidad de las organizaciones criminales de disputar el territorio al Estado provincial y al municipal”, enfatiza Cutrona, actualmente profesor en la Jindal School of International Affairs de Nueva Delhi. La banda de Los Monos ha dado sobradas muestras al respecto, y acaba de renovarlas con las amenazas proferidas por Lorena Verdún, viuda del narco Claudio “Pájaro” Cantero, contra el fiscal Matías Edery. Las restricciones a la movilidad afectaron al tráfico en el primer año de la pandemia, “pero el proceso posterior de estas redes es de readaptación e incluso de diversificación de los porfolios criminales, como se observa en el caso rosarino, y estamos hablando de organizaciones fortalecidas, capaces de operar desde las cárceles y con un poder de fuego que debería preocuparnos en el corto plazo”.
La expansión del narcomenudeo se verifica no solo en las grandes ciudades. En la ciudad de Olavarría, la Justicia Federal detectó así una red que compraba cocaína en Buenos Aires y abastecía a diversos distribuidores. Las ventas se pactaban a través de mensajes de WhatsApp -la palabra para referir a la droga era repuesto- y las entregas se hacían en la calle. La investigación iniciada en 2014 y cerrada con condenas en noviembre de 2021 detectó un notorio incremento patrimonial de los organizadores, lo que dio pie a otra causa por lavado de dinero.
El “bombardeo” de cocaína en el partido de Pergamino tampoco fue un hecho excepcional. El clan Paradi, como se llamó a una familia dedicada al narcotráfico en la provincia de Catamarca, fue descubierto después de una lluvia de 273 kilos de marihuana que una avioneta proveniente de Paraguay arrojó en un campo de la localidad tucumana de Taco Ralo, cerca del límite con Santiago del Estero y Catamarca. Los líderes del clan tercerizaban la venta de la droga a través de distintos dealers.
El narcomenudeo exacerba la violencia que regula la venta ilegal de drogas, y Rosario es de nuevo el caso testigo: 241 víctimas de homicidios dolosos en el transcurso de 2021, la cifra más alta desde que en 2013 estalló el enfrentamiento entre bandas. “La necesidad de controlar el territorio y la ausencia del Estado hacen que las pequeñas organizaciones criminales terminen por enfrentarse -analiza Cutrona-. El mapa del delito en CABA coincide con las áreas en que el Estado tiene menor presencia y donde adopta una especie de doble cara: ausente para brindar servicios esenciales y presente de manera esporádica con grandes operativos para descabezar a las cúpulas”. Para el especialista, “esa lógica de acción también contribuye a la violencia, porque genera una mayor conflictividad entre las segundas y terceras líneas”.
El crimen sin estereotipos
Esteban Rodríguez Alzueta, doctor en Ciencias Sociales e investigador de la Universidad Nacional de Quilmes, sostiene que la categoría de narcotráfico “nos queda grande para pensar gran parte de la comercialización de drogas ilegalizadas en el país” y “es tributaria de esterotipos”, por lo que propone hablar de “universo transa” para considerar “la pluralidad de actores que componen los mercados locales en el territorio”, una zona gris de contornos difusos.
“La comercialización de drogas ilegalizadas al por menor no tiene nada que ver con la comercialización al por mayor hacia otros países. Ambos mercados suelen estar integrados por actores sociales distintos y muy diversos, con redes sociales de protección diferentes. Incluso los mercados locales son muy diferentes entre sí. Los proveedores de drogas de las elites no suelen ser los mismos que los proveedores de las clases medias, y tampoco la calidad y variedad de lo que se ofrece es la misma”, afirma Rodríguez Alzueta (Balcarce, 1970).
El proceso que culminó en octubre de 2021 con las condenas de 13 personas en la provincia de Córdoba puede ser visto como un ejemplo del modo en que el tráfico atraviesa las clases sociales y las instituciones. La organización con sede en Río Cuarto adquiría la droga en Bolivia y Paraguay y también en Rosario, Clorinda, San Salvador de Jujuy, San Vicente (Misiones), Pilar y Nordelta y la distribuía en Córdoba, Puerto Madryn, San Luis, Buenos Aires y Chile. Una de las ramas estaba dedicada al lavado de dinero a través de la compra de inmuebles y vehículos de alta gama en maniobras que involucraron a empresarios, sindicalistas y comerciantes. La policía local de Investigaciones no ignoraba las actividades sino que estaba comprometida con su encubrimiento, del mismo modo que gendarmes y agentes de la Policía Federal que filtraron escuchas judiciales.
“Como en cualquier mercado los intercambios están organizados, hay una distribución de papeles que atribuye determinados roles a determinados actores y hay diferentes criterios y rituales que orientan a los actores”, señala Rodríguez Alzueta, también director de la revista Cuestiones criminales y autor entre otros libros de Temor y control: La gestión de la inseguridad como forma de gobierno. Es la economía capitalista: “Hay empresarios y consumidores y esos empresarios necesitan para el caso de una fuerza de trabajo lumpen pero calificada, porque no es fácil andar con una pistola o vender merca en la esquina de un barrio o un bunker y evitar ser ventajeado por otros actores”, agrega el investigador.
Soldaditos, distribuidores, sicarios, vendedores: el mercado actual de la droga requiere una mano de obra calificada y polifuncional. “El narcomenudeo está muy taylorizado, es decir, está lleno de tareas repetitivas que no requieren una especificidad determinada, que vuelven la labor muy poco atractiva entre los jóvenes. Porque el neoliberalismo también ha permeado estos mercados laborales, de modo que no están exentos de las precarizaciones que encontramos en otros mercados”, plantea Rodríguez Alzueta.
La expresión crimen organizado sugiere una organización clandestina pero a la vez de composición y funcionamiento relativamente estables a través del tiempo. No es la situación típica de los grupos dedicados al narcomenudeo. Rodríguez Alzueta advierte que la vinculación de una persona con un traficante o vendedor puede ser ocasional y está siempre subordinada: “Un emprendimiento no es una asamblea popular, hay alguien que toma las decisiones y después hay muchas personas que hacen un trabajo remunerado -dice-. Estas personas forman parte de una cadena que no controlan, son el último orejón del tarro y, acaso por eso mismo, se convierten en el mejor fusible cuando a los emprendedores les toca perder y tienen que entregar una noticia o contribuir a la estadística policial”.
La historia reciente demuestra además que el narcomenudeo es resistente a los procedimientos y las investigaciones. En noviembre de 2020, 38 personas -entre ellas el peruano Marco Estrada González, identificado como organizador- fueron condenadas en una mega causa por venta de drogas en la villa 1-11-14; en el mismo barrio actuaba el grupo que esperaba la entrega de cocaína en el campo de Pergamino. Sebastián Cutrona habla al respecto del “efecto Guacamole”, en alusión al juego infantil en que al descabezar una figura surge otra en su reemplazo: los procedimientos contra las organizaciones no tendrán efectos definitivos, dice, “en la medida en que no ataquemos los factores subyacentes”.
