Migración fiscal

Las fortunas que se mudan al Uruguay

Con una población estancada en tres millones de habitantes y una tasa de pobreza que trepó en 2020 al 11.6%, el gobierno de Luis Lacalle Pou flexibilizó por decreto el régimen de residencia de extranjeros. ¿Se abre una nueva ola migratoria en Argentina? Por Cecilia Pozzobon
jueves, 14 de octubre de 2021 · 00:00

Luego de haber sido reconocido como uno de los países que mayor cantidad de inmigrantes recibió allá por el siglo XX, tanto que en 1914 uno de cada tres ciudadanos era extranjero (en su mayoría italianos y españoles), con el paso del tiempo Argentina se convirtió en una nación que, con cada una de sus sucesivas crisis político-económicas, expulsa a sus habitantes a la búsqueda de nuevos horizontes y oportunidades.

El sociólogo Lelio Mármora, director del Instituto de Políticas y Gestión de Migraciones Internacionales de la Universidad Nacional de Tres de Febrero, considera que la primera migración de argentinos se originó tras “la noche de los bastones largos” del 29 de julio de 1966, luego de que el general Juan Carlos Onganía comandara el golpe militar denominado “Revolución Argentina” y derrocara la democracia y el gobierno de Arturo Umberto Illía. Si bien no se trató de un éxodo masivo, tampoco fue un acto individual. “Significó que un grupo de profesionales decidiera emigrar por la pérdida de autonomía de las universidades y la falta de libertad de los investigadores”, indica Mármora, al hacer referencia al exilio de más de 300 profesionales.

La segunda fue mucho más grande y se produjo durante la dictadura cívico-militar de 1976. “En esa ocasión, aproximadamente entre 40 y 50 mil argentinos escaparon del país. Algunos fueron a Europa, otros hacia México e incluso muchos fueron a vivir a Venezuela, que recibió alrededor de 15 mil argentinos”, explica. La cifra puede haber sido mucho mayor. Según Elda González Martínez, doctora en Antropología Cultural por la Universidad de Uppsala (Suecia) y en Historia Contemporánea por la Universidad Complutense de Madrid, “el cálculo de las salidas es un ejercicio tedioso porque las propias características del exilio no permiten estimaciones fiables”. En sus investigaciones realizadas para el libro “Buscar un refugio para recomponer la vida: el exilio argentino de los años ‘70” -publicado en 2009- indica que se estipula que entre 1970 y 1980 fueron más de 339 mil los individuos que salieron del país, aunque para otros investigadores “la cifra estimada se aproxima al medio millón”.

Tampoco hay que olvidar la salida originada por el fenómeno hiperinflacionario desatado en 1989/90. En aquel entonces -y como en otras oportunidades- el Producto Bruto Interno se desplomó, el poder adquisitivo de los ciudadanos cayó, los sueldos se pulverizaron, las reservas internacionales desaparecieron, la fuga de capitales se incrementó, la recesión se instaló mientras el desempleo, el hambre y la pobreza se apoderaron del país. Fue entonces cuando quienes pudieron, emigraron, aunque tampoco hay datos duros oficiales que se refieran a los egresos de argentinos en la historia moderna.

Más cercana en el tiempo encontramos la ola ocurrida con la crisis generada a partir de la salida de la convertibilidad, allá por 2001. Según el documento difundido en 2003 bajo el título “Dinámica migratoria argentina: inmigración y exilios” del sociólogo por la Universidad de Buenos Aires y doctorado en la Universidad de Salamanca, Fernando Osvaldo Esteban, “en el 2000 hubo 69.795 argentinos que no volvieron al país y en 2001, 48.292”. En este caso la emigración tuvo un carácter más variado en su composición social, aunque los investigadores siempre se refieren a personas de clase media hacia arriba, entre los que se encontraban profesionales, personal técnico y con otras ocupaciones.

Casi 20 años después y con la crisis económica que se originó previo al fin del mandato de gobierno del por entonces presidente Mauricio Macri, pero que se desató con fuerza en 2020 a partir de la imposición de estrictas restricciones desde la gestión del presidente Alberto Fernández para lograr morigerar el avance de la pandemia de coronavirus en el país, se registraron nuevos movimientos. Pero ¿puede considerarse a esta salida de argentinos como una nueva ola migratoria? 

Nuevamente, no existen datos duros oficiales que puedan contrastar esto, sólo consultas y referencias periodísticas que ubican al vecino Uruguay como el destino elegido por aquellos que reúnen las condiciones impuestas por esa jurisdicción para lograr su nueva residencia.

 

Ofertas al paso

La migración es definida por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) como el cambio de residencia que implica el traspaso de algún límite geográfico o administrativo debidamente definido.

Susana Novick, doctora en Ciencias Sociales y especialista en sociología de la población, asegura en su libro “Sur-norte: estudios sobre la emigración reciente de argentinos” que la inmigración fue percibida por los pensadores del siglo XIX como un instrumento de desarrollo asociado al progreso. Y, en contrapartida, “la emigración es sentida o vivida como un fracaso respecto de aquel originario proyecto de país y como una pérdida de recursos humanos valiosos”. Pero ¿qué los origina?

De acuerdo con el Banco Mundial, Uruguay se destaca en América Latina “por ser una sociedad igualitaria, por su alto ingreso per cápita y por sus bajos niveles de desigualdad y pobreza. En términos relativos, su clase media es la más grande de América, y representa más del 60% de su población”.

Sin embargo, explica que “el modelo de crecimiento inclusivo (ya) mostraba signos de agotamiento desde antes de la llegada de la pandemia de Covid-19”. En ese sentido, refiere que en 2020, el PBI de Uruguay se contrajo 5,9%, “la primera caída anual desde la crisis de 2002”, y la tasa de pobreza nacional aumentó del 8,8% en 2019 al 11,6% el año pasado.

En contrapartida, y luego de hacer referencia a la abundancia de recursos naturales en energía y agricultura, el Banco Mundial (BM) menciona que Argentina sufre de una “volatilidad histórica del crecimiento económico” que el coronavirus y el aislamiento social como forma de enfrentarlo “agravaron la situación”. Agrega que “la pobreza urbana es elevada y alcanza a un 40,6% de la población en el primer semestre de 2021, y 10,7% argentinos están en la indigencia. La pobreza infantil, de niños menores de 14 años, llega al 54,3%”. Plantea también que “durante 2020 el país sufrió una caída del PBI de 9,9%, la mayor desde 2002. Si bien la economía ha comenzado a recuperarse, a mediados de 2021 aún se encuentra 3,3% por debajo de los niveles previos a la pandemia”. Y suma: “La economía doméstica sigue mostrando fuertes desbalances macroeconómicos. La inflación anual, que se había desacelerado en un contexto de caída de la actividad económica en 2020, se encuentra en agosto de 2021 en 51,4%”. 

Consciente de ese contexto, e impulsado por la histórica necesidad de sortear el estancamiento e impulsar el crecimiento demográfico del país charrúa (que ronda en poco más de 3 millones de personas desde hace más o menos 30 años), el presidente de Uruguay Luis Lacalle Pou anunció a mediados del año pasado una serie de medidas tendientes a atraer a entre 50.000 y 100.000 extranjeros durante sus cinco años de gobierno, con un fuerte énfasis en grandes y pequeños empresarios argentinos desahuciados por los vaivenes económicos del país.

Así, decretó una flexibilidad del régimen de residencia de extranjeros que consiste en una baja en el nivel de la exigencia patrimonial requerida para otorgar la residencia fiscal en Uruguay. 

De este modo, según la normativa, “se considerará que una persona radica la base de sus intereses económicos cuando tenga en territorio nacional (uruguayo) una inversión" equivalente a 380.000 dólares (antes ese mínimo estaba en casi 2 millones de dólares).

Además, flexibiliza las condiciones para empresas, lo que rige para compañías cuyo valor sea superior a 15 millones de unidades indexadas, que equivalía a algo así como 1.625.000 dólares. Eso corre para empresas que generen como mínimo, en Uruguay, 15 puestos de trabajo directos en relación de dependencia.

Por otra parte, se extendió de cinco a diez años el período de exenciones impositivas sobre rentas obtenidas en el exterior. Y ya no se obliga a los extranjeros a vivir como mínimo la mitad del año en Uruguay para poder reclamar la residencia fiscal. Ahora alcanza con dos meses.

 

Con los ojos afuera

Un relevamiento llevado a cabo por la consultora Taquión Research Strategy en julio del año pasado mostró que ocho de cada diez argentinos con posibilidades de proyección se irían del país si tuvieran las condiciones para hacerlo. Los argumentos dados hacen referencia a la pérdida de confianza, al incremento en la angustia reinante en la población, a las bajas perspectivas de consumo y a la poca confianza en un mejor futuro.

En el mismo sentido, la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) hizo una consulta en tiempos de prepandemia a 1.179 habitantes de la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires con un nivel socioeconómico medio-alto y un promedio de edad de 32 años. El 75% -o tres de cada cuatro- consideró la opción de emigrar a raíz de las crisis económicas recurrentes, la búsqueda del desarrollo profesional, la alta presión tributaria y la inseguridad. 

Todo ello muestra que, más allá de la crisis puntual por la que se esté atravesando, mirar otros destinos es parte arraigada de la costumbre de muchos argentinos, al menos de aquellos que tienen, o pueden alcanzar las condiciones, para hacerlo.

Pero ¿cuántos argentinos se están radicando realmente en Uruguay y completando la baja fiscal en Argentina? Nuevamente, no hay datos duros precisos sobre la materia. Medios internacionales como la revista The Economist refirieron que se trata de unos 20.000 casos. En tanto, desde Romay Consultores, un estudio con sede en Montevideo, le indicaron a Infobae que son unos 11.000 trámites, cifra que la coordinadora administrativa de la Dirección Nacional de Migración del Uruguay, Soledad Sánchez precisó como la cantidad de solicitudes de ingreso de extranjeros a Uruguay desde el inicio de la pandemia. 

Lo cierto es que a poco más de un año del decreto charrúa, todavía no se conocen números concretos en cuanto a los resultados de la iniciativa uruguaya de atraer extranjeros. “Sabemos que hay mucha gente que vino a invertir y también mucha otra que vino a residir, a tener su segunda vivienda, que durante los meses de pandemia se convirtió en la primera”, explicó a Redacción Mayo Juan Martínez Escrich, presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales del Uruguay (CCEU).

“De hecho, muchos colegios han tenido incremento en sus matrículas escolares, sobre todo de residentes argentinos que vinieron a instalarse a Uruguay”, agregó.

“Uruguay es un país estable democrática, económica, política y socialmente. Más allá de los Gobiernos, las instituciones son muy respetadas, hay división de los tres poderes y se aceptan los resultados que las urnas arrojan. Por lo tanto, eso da estabilidad política más allá del color de la administración, da seriedad y certeza de que los contratos y los acuerdos realizados por una administración son respetados por la otra, lo que le da tranquilidad al inversor, y por lo tanto da estabilidad económica al país”, refirió.

 

Nombres y apellidos

De entre los “más conocidos” y adinerados que emigraron el último año y medio pueden mencionarse el caso de Marcos Galperin, el dueño de Mercado Libre, la segunda empresa más valiosa de Latinoamérica, que en realidad se había ido de Argentina a Uruguay en la crisis de 2002, regresó en 2016 con la ilusión del gobierno de Macri y volvió a Uruguay a principios de 2020. Otros acaudalados que cruzaron el Río de la Plata en los últimos tiempos son el conocido como “rey de la soja”, Gustavo Grobocopatel, de Los Grobo; el financista Federico Tomasevich (de Puente), y la conductora Susana Giménez, quien también figura en la AFIP sin impuestos activos, un dato no menor si lo que se busca es no tener doble residencia fiscal y terminar pagando impuestos allá y acá.

El proceso para concretar eso no es fácil y menos aún rápido. El primer requisito es el de obtener la residencia legal en Uruguay para lo cual un argentino debe haber vivido 12 meses consecutivos en el vecino país sin haber ingresado a la Argentina. A partir de allí se puede solicitar en la AFIP la baja fiscal, para lo cual el organismo se tomará un año para “verificar” y “autenticar” que durante 12 meses no se hayan registrado gastos en este país y que, si la persona seguirá percibiendo rentas de Argentina (dividendos, alquileres, inversiones financieras, etc) tengo un agente de retención, y para el impuesto a los Bienes Personales (si es que deja algunos en Argentina) haya un representante. Recién ahí, se otorgará la baja y se podrá tramitar el alta fiscal en Uruguay.

A todo ello hay que sumarle que las fronteras estuvieron cerradas a raíz de la pandemia. Recién desde el 1° de septiembre pasado el vecino país permite el ingreso a todo extranjero que sea propietario de inmuebles en el Uruguay.

En suma, ¿puede considerarse a esta reciente salida de argentinos como una nueva ola migratoria?  Tal vez el próximo censo pueda revelarlo.

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