Fotos Sub Cooperativa de Fotógrafos
El Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) es el ámbito en el que generadoras y distribuidoras venden y compran energía eléctrica, potencia, certificados de energías limpias, y cualquier otro producto asociado que se requiera para el funcionamiento del Sistema Eléctrico Nacional.
La necesidad de igualar oferta con demanda en forma instantánea llevó a tener que operar con un despacho centralizado que determine donde, cuando y quien debe entrar a generar la energía que el sistema demanda.
Para que funcione y se desarrolle de acuerdo con el crecimiento de la población y la demanda, la Ley Nº 24.065 contempló la entrada de nuevos participantes en la generación eléctrica; aunque también impuso ciertas restricciones.
Esto significa que para planificar las necesidades de capacidad de energía, coordinar las operaciones de despacho y regular las transacciones económicas, el Estado Nacional creó a CAMMESA como entidad responsable del mercado.
El desafío no es menor cuando se tiene en cuenta que el 93% de la demanda del Sistema Eléctrico Argentino se comercializa en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM); y solo el 7% restante se encuentra abastecido por otro sistema o por generación rural.
El nuevo contexto
Como en el juego del TEG, en este semestre se observaron movimientos estratégicos que delinearon el nuevo escenario de la política energética argentina.
Durante el 2020 la agenda del Gobierno Nacional estuvo orientada a contrarrestar los efectos de la pandemia que a gestionar soluciones a los cepos financieros, laborales y tarifarios.
La realidad es que la falta de precisiones y el congelamiento de las tarifas terminaron incrementando la deuda de CAMMESA, la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico.
Sin una recomposición de la tarifa y ante los vagos lineamientos de la cartera energética, era previsible que las grandes empresas distribuidoras optaran por una posición defensiva, priorizando hacer caja y paralelamente, incrementando la deuda por la energía que le suministró el sistema eléctrico nacional.
En este contexto, a las empresas les sirvió que la administración federal prohibiera realizar cortes de suministro energético a los usuarios en plena pandemia. La posibilidad cada vez más cerca de no poder cobrar y la incertidumbre que se generó con el congelamiento tarifario arrastrado desde el 2019, llevó a las distribuidoras a resguardar sus ingresos y destinar parte de ellos únicamente a los costos operativos que garantizaran el servicio.
Como resultado, los pasivos de CAMMESA superaron los 145 mil millones de pesos en diciembre de 2020 y la tasa de cobrabilidad se ubicó en el 55%.
Por ese entonces, Edesur solo pagó el 33% de la energía y pasó a ser la distribuidora que contrajo la mayor parte de la deuda con CAMMESA. La otra cara de la moneda fue Edenor que no solo abonó todas las facturas, sino que aprovechó para achicar su deuda en $ 18.000 millones.
La tercera distribuidora fue la santafecina EPE que acumuló una deuda superior a los 15.000 millones de pesos seguida por la misionera EMSA con una deuda de $ 12.500 millones y la chaqueña SECHEEP con un rojo cercano a los $ 10.000 millones.
Por debajo de estas cifras se registraron la mendocina EDEMSA, el EPEC y las cooperativas de Comodoro Rivadavia, Puerto Madryn, Rawson y Sarmiento entre otras.
La lista de deudores es grande y en poco tiempo, el sistema se distorsionó. Lo cierto es que mientras la mayoría de los usuarios pagaron sus facturas, las distribuidoras incrementaron sus deudas.
Para algunos analistas, las diferentes conductas de las distribuidoras -y en especial las del AMBA- marcan una movida estratégica en el tablero eléctrico nacional que se comenzó a visualizar con la compra de Edenor por parte del consorcio liderado por Daniel Vila, José Luis Manzano y Mauricio Filiberti.
Pero más allá de los nuevos actores, en enero el Gobierno Nacional debió reencaminar el sistema para no llegar a un colapso energético. A través de la resolución 40/2021 de la Secretaría de Energía de la Nación se formalizó el régimen especial de regularización de las obligaciones acumuladas al 30 de septiembre de 2020; y un régimen especial de créditos para las distribuidoras, administradoras y/o empresas provinciales de energía eléctrica que no registren deuda o su nivel sea considerado dentro de los “valores razonables” con CAMMESA.
La decisión de ordenar el mercado eléctrico se oficializó un día después de que el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) anunciara el inicio del proceso de análisis, discusión y determinación de una nueva tarifa residencial, industrial y comercial de la energía eléctrica.
Esta tarifa comenzó a regir luego del primer trimestre de este año y fue definida como una transición hasta que concluya la nueva Revisión Tarifaria Integral. Para que las distribuidoras puedan refinanciar sus deudas de consumo, potencia, intereses o penalidades, los regímenes de regularización fueron incorporados en la Ley de Presupuesto Nacional 2021 en el artículo 87.
En este sentido, los créditos del Tesoro Nacional que reciba cada empresa podrán ser equivalentes hasta cinco veces la factura media mensual del último año de la compañía; o en tal caso, hasta el 66% de la deuda existente con Cammesa. El resto del pasivo deberá ser pagado en hasta 60 cuotas, con 6 meses de gracia y una tasa de interés equivalente a la mitad de la vigente en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM).
Si bien la instrumentación podría beneficiar a las grandes compañías como Edenor y Edesur, la reglamentación también contempla al sector cooperativo, ya que incluye el acceso de todas las cooperativas al crédito y financiación de deudas contraídas con el MEM o con las distribuidoras provinciales.
En este sentido, la Secretaría de Energía destacó que “con el objeto de disminuir el impacto de la situación, el Estado realizó aportes del Fondo Unificado al Fondo de Estabilización para permitir saldar las acreencias de los agentes del MEM”.
Además, puntualizó que este tratamiento deberá ser trasladado a las empresas que prestan el servicio distribución eléctrica y su área de concesión con el objeto de “otorgar una solución de sostenibilidad de la deuda”.
El pase de manos
La venta de Edenor al grupo empresario integrado por José Luis Manzano, Daniel Vila y Mauricio Filiberti marca una señal que se deberá tener en cuenta. Edenor estaba controlada con el 51,8% por grupo empresario de Marcelo Mindlin (Pampa Energía) y el resto estaba en manos de la Anses.
La distribuidora cuenta con tres millones de clientes y un área de concesión que abarca una población de 9 millones de personas y más de 350.000 empresas del norte de la ciudad de Buenos Aires y el noroeste del Gran Buenos Aires.
El negocio de la distribución eléctrica depende directamente de la política tarifaria y desde la distribuidora atribuyeron el resultado negativo de 2020 se debió al impacto de la inflación y el congelamiento de sus tarifas que se arrastra desde los últimos meses de la administración de Mauricio Macri.
En realidad, el valor de la acción de Edenor en la Bolsa de Nueva York trepó un 390 por ciento entre octubre de 2015 y enero de 2018. En paralelo, las tarifas subieron alrededor de un 900 por ciento, pero el congelamiento tarifario de 2019 y 2020 desvalorizó la empresa que terminó en mano del grupo Vila-Manzano.
En este marco, el pase de mano se cerró después que el Estado Nacional transfiriera 3.200 millones de pesos a Edenor en “compensación por brindar el servicio eléctrico en barrios populares entre el 2017 y el 2020” y el Gobierno adelantara la decisión de avanzar con un descongelamiento de las tarifas de los servicios públicos.
