HIDROVÍA

Lejos de una política de estado y de la interna con el campo, la vía de navegación tiene impacto en el Mercosur

El proceso licitatorio de la ruta fluvial irradia desconfianza. Para los productores podría generar distorsiones en el mercado; para los países miembros del Acuerdo de la Cuenca del Plata temen que no se respete las reglas de juego. Por Alejandro Cuellar
lunes, 26 de julio de 2021 · 07:00

Fotos Sub Cooperativa de Fotógrafos 

Gabriel Raedemaker
Gabriel Raedemaker

La nueva licitación pública nacional e internacional es un instrumento clave para la previsibilidad del transporte fluvial que utiliza la Hidrovía Paraguay-Paraná. En este sentido, el Vicepresidente de CRA, Gabriel Raedemaker, dijo que “el gran riesgo que vemos, es que se busque a través de la Hidrovía poner palos en la rueda o complicar los embarques, con el propósito de intervenir de un modo u otro la comercialización. Hoy más allá del tema carnes, está intervenido el mercado del trigo. Los precios del mercado de la soja, no llegan completos al productor. Las exportaciones no están cerradas pero las demoran con las declaraciones juradas. Si encima, controlan la salida navegable para determinados productos, te pueden generar algún tipo de distorsión en el mercado, que en definitiva son como cierres parciales de las exportaciones.”

 Estas especulaciones, están generando tensiones en el resto de los países integrantes del Mercosur, que miran con algún nivel de desconfianza, la marcha de las negociaciones sobre el futuro de la hidrovía. Desde Brasil están analizando la conveniencia de que la carga de su producción agroindustrial, salga por los puertos del Atlántico Norte-Paranagua-Santos y Río Grande. Bolivia tiene una zona de producción muy importante en Santa Cruz de la Sierra y en el departamento del Beni cuya capital es Trinidad en territorio amazónico. Ellos tienen dos alternativas para la logística de sus productos agroindustriales: La Hidrovía Paraná-Paraguay por el canal de Tamengo, que conecta la laguna de Cáceres cerca de Puerto Suárez en Bolivia con el río Paraguay en Brasil. La salida al Océano Pacífico, por la Cordillera de los Andes en el ferrocarril que llega hasta la ciudad portuaria de Arica en la XV Región en Chile.

Raúl Hermida

La Hidrovía se inicia en el amazónico río Ichilo, un curso de agua que discurre entre el departamento de Santa Cruz y el departamento de Cochabamba, conecta con el río Mamoré y su par Madeira confluyendo en el río Amazonas. Un esquema de salida por el norte a través del sistema fluvial del Amazonas, por el arco norte del Océano Atlántico que tiene Brasil. “Si no hay previsibilidad, entraremos en competencia”, dijo Raúl Hermida, haciendo referencia a las rutas alternativas que manejan los países vecinos, si en Argentina la hidrovía pierde eficiencia e impacta en los costos logísticos que manejan esas Naciones. “Si el proceso licitatorio es exitoso y somos eficientes, las cargas desde Bolivia, Matogrosso, Mato Grosso do Sul, Paraguay y la propia Argentina, van a elegir la hidrovía como un instrumento eficiente para su logística de transporte y van a aumentar su volumen de producción. Al producirse este fenómeno, se incrementarán las fuentes de empleo sobre todo en los trasbordos de barcazas a buques o en la transformación de materia prima de los productos del complejo aceitero asentado en Rosario”. afirmó el analista.

Debilitar la hidrovía podría interpretarse como ponerle un freno de mano al flujo de mercaderías que llegan desde el Mercosur a la traza Paraguay-Paraná. “El impacto sería considerable si cayera la intensidad del arribo de mercaderías a la zona de puertos fluviales y marítimos de la hidrovía. Fluviales porque reciben las barcazas y marítimos porque despachan el trasbordo de las cargas en barcaza, hacia los grandes buques que la llevan a los mercados asiáticos. 

La Hidrovía Paraguay-Paraná tiene protagonismo, ya que allí están los puertos de salida para transportar las mercaderías que portan las barcazas, rumbo a los grandes buques Panamax( 294 metros de largo por 32 metros de ancho). Buques marítimos en los puertos de River”, agregó Hermida.

 La confianza cotiza en el mundo de los negocios como un “commoditie”. Si la nueva licitación pública nacional e internacional no irradia confianza en torno al nuevo modelo de la hidrovía Paraná- Paraguay, evidentemente los países que la transitan evaluaran la utilización de las vías alternativas al trazado de la cuenca del Plata.

En este momento hay tres aspectos que encastran en torno a los debates sobre el futuro de la hidrovía: La cuestión política, los planteos de las organizaciones ambientalistas y la bajante del río. 

El escenario político es complejo. El concepto se refleja en la última movilización convocada en San Nicolás De Los Arroyos, en el extremo norte de la provincia de Buenos Aires. Allí los asistentes firmaron la denominada Proclama de San Nicolás.

 

Dicho documento consta de ocho puntos:

  1. “Que el cumplimiento de la Constitución Nacional no es optativo, sino obligatorio. Ante la grave situación actual, y las dificultades que acarrea al normal funcionamiento de las instituciones, el Estado debe ser más prudente que nunca. Ni el Poder Ejecutivo ni el Congreso debe sancionar leyes ni tomar medidas cuya constitucionalidad no resulte, a todas luces, indiscutible”.
  2. “Que la única fuente de riqueza genuina de una nación es la actividad productiva. Argentina no puede sostenerse, mucho menos prosperar, sin agricultura, sin industria, sin comercio, sin servicios. Ninguna de estas actividades pueden desarrollarse como nuestro país necesita con la presión impositiva y las leyes laborales actuales”.
  3. “Que el derecho a la propiedad está garantizado por la Constitución y todo funcionario público está obligado a velar por su respeto. Nadie que ocupe un cargo público debe hacer declaraciones que relativizan o pongan en duda este derecho, pues al hacerlo no hablan en su propio nombre, sino en el del Estado, y el Estado no puede sostener opiniones contrarias a la Constitución”.
  4. “Que es obligación del Estado compensar a aquellos ciudadanos que se ven forzados a mermar o sacrificar sus actividades productivas para preservar la salud de la comunidad (como prestadores turísticos, gastronómicos, organizadores de eventos, entre otros). Todos los rubros afectados de manera directa por las restricciones sanitarias deben quedar exentos de cualquier tasa o impuesto nacional, provincial y municipal, y esta exención debe prolongarse el tiempo suficiente para que puedan recuperarse”.
  5. “Que la educación es un derecho inalienable y solo la presencialidad puede garantizar el acceso a ella a todos los niños del país. Las escuelas deben ser lo último en cerrarse, lo primero en abrirse, y la suspensión de clases presenciales debe ser por poco tiempo y sólo en los distritos en que resulte realmente indispensable”.
  6. “Que el personal de salud es el principal afectado por la pandemia y debe ser reconocido no sólo en forma simbólica sino también económica. Ningún bono, aumento o beneficio otorgado por el Estado debe superar, en monto o porcentaje, a aquel que se otorgue a médicos, enfermeros y demás trabajadores del sistema de salud”.
  7. “Que la única fuente de ingresos para el país es la exportación, y cualquier medida que la obstaculice, la limite o la desaliente es absurda. El gobierno debe derogar inmediatamente cualquier prohibición o cupo para todos los rubros, terminar con el desdoblamiento cambiario, y proponer un plan de reducción progresiva de las retenciones que permita eliminarlas en el menor tiempo posible”.
  8. “Que el déficit que resulte de los impuestos que dejen de percibirse por las exigencias anteriores debe compensarse con una reducción del gasto público en general y del gasto político en particular. La clase política y su entorno deben compartir los sacrificios del resto de la ciudadanía, y ser los primeros en posponer sus intereses y objetivos en un contexto de crisis”.

Pero  el malestar no solo  está representado en los productores sino que se extiende hacia sectores políticos vinculados al Kirchnerismo particularmente en la figura del gobernador del Chaco Jorge Capitanich, quien en una reunión mantenida  con la cúpula de CRA (Confederaciones Rurales Argentinas) en su provincia, reconoció que, como consecuencia de las decisiones del oficialismo en materia de carnes,  peligran inversiones referidas al sector por  millones de dólares en su distrito.

Por otra parte las preocupaciones políticas llegan a la Región Centro, los ruralistas confederados gestionaron una reunión con el gobernador de Córdoba Juan Schiaretti. El líder de “cordobesismo” se negó en un principio, pero para no abortar la idea del encuentro, propuso ampliar la participación de los actores  a los gobernadores Gustavo Bordet de Entre Ríos y Omar  Perotti de Santa Fe.

Schiaretti, soporta el peso de la presión de los productores cordobeses enfrentados al Kirchnerismo, pero además sabe de las represalias del oficialismo ante cualquier señal que opere en contra de sus intereses. Sin embargo, la intención del jefe del peronismo cordobés es avanzar en las conversaciones con los ruralistas pero blindado con el sello de la Región Centro.

La cuestión ambiental se instala en el centro de la agenda política como consecuencia de la decisión de la justicia de ordenar suspender el sobre dragado de la cuenca del Paraná en medio de la bajante histórica. En este sentido,  Rafael Colombo miembro de la asociación de abogados ambientalistas,  dijo que “estos movimientos generan grandes problemas ambientales”.

En este marco, especialistas en dragado, cuestionaron la decisión de la justicia argumentando que las tareas no ocasionan ningún tipo de daño ambiental. Fuentes vinculadas al comercio exterior se preguntan: “¿Quienes financian a las organizaciones ambientalistas? Seguramente intereses económicos que procuran quitarle competitividad a la ruta fluvial argentina”. 

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