Tarifas y subsidios

Tensiones en el Gobierno, la exigencia del FMI y el plan de Guzmán para 2022

La discusión con las prestadoras de servicios públicos por el ajuste del cuadro tarifario se da en un contexto de recesión económica sostenida y tiene por trasfondo, una vez más, el escenario electoral. Por Gabriel Tuñez
miércoles, 25 de agosto de 2021 · 11:26

Fotos Sub Cooperativa de Fotógrafos

 

La discusión acerca del costo de las tarifas de los servicios públicos de energía en el país y la política de subsidios que aplica el Estado en ciertos sectores de la sociedad se convirtió en uno de los temas de la campaña electoral con miras a las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) legislativas, previstas para el 12 de septiembre próximo.

Este abordaje, además, se dio en coincidencia con la posible implementación del Gobierno de un nuevo esquema de tarifas de electricidad y gas para rebajar los subsidios en 2022, una de las exigencias que planteó el Fondo Monetario Internacional (FMI) para avanzar hacia un acuerdo de refinanciamiento a diez años de la deuda que tiene el país con el organismo de crédito.

“Estamos buscando racionalizar el uso de los subsidios, ir reduciéndolos y reasignar los recursos hacia las necesidades centrales de la Argentina", indicó este lunes el ministro de Economía, Martín Guzmán, en una entrevista televisiva.

La política tarifaria del sector energético, particularmente de la electricidad, fue acaso la que más dolores de cabeza le trajo en el año a Guzmán. 

En mayo pasado, el ministro de Economía protagonizó una dura pelea interna en el Gobierno cuando pidió (y hasta la anunció a la prensa por medio de sus voceros) la renuncia del subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, un funcionario que cuenta con el respaldo político de La Cámpora y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, a quien asesoró en el Instituto Patria sobre temas energéticos. Fue ese aval político el que sostuvo a Basualdo en el Gobierno y hasta probablemente lo dotó de más poder frente a Guzmán, que pareció quedar debilitado.

El conflicto entre ambos había comenzado a fines de 2020 cuando el presidente, Alberto Fernández, firmó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) en el que ordenó una renegociación de la Revisión Tarifaria Integral (RTI) vigente para el servicio eléctrico. Las tarifas del sector estaban congeladas desde abril de 2019 por decisión del entonces presidente Mauricio Macri y así continuaron en 2020 como consecuencia de la situación de emergencia provocada por la pandemia del coronavirus.

Tres meses después de dictado el decreto presidencial, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), conducido por la interventora Soledad Manín, cercana a Basualdo, inició un proceso para establecer un Régimen Tarifario de Transición para los próximos dos años con el objetivo de reemplazar la RTI del macrismo. En abril último el ENRE emitió dos resoluciones en las que autorizó a las empresas EDENOR y EDESUR un aumento de 9% de las tarifas a partir del 1 de mayo último. Según Basualdo, el incremento no debía “afectar el poder adquisitivo de los salarios”, ya perjudicados por la crisis de la pandemia.

La postura de Basualdo enfrentó a la de Guzmán, quien para esa época había considerado que un aumento de esa magnitud no permitiría cumplir con el presupuesto 2021, que contemplaba un incremento del orden del 35% en dos tramos para las boletas de electricidad de los clientes domiciliarios. Basualdo, en cambio, aumentó un 24% en el precio de la electricidad de las industrias y los comercios, aproximadamente unos 6.200 clientes.

Argentina, cuestionó Guzmán, tiene un sistema de subsidios energéticos “que es pro-rico”, porque “en un país con un 57% de pobreza infantil” hay una parte de la población que no es prioritario que reciba en sus tarifas una ayuda del Estado, afirmó durante una reunión en el Consejo Federal Argentina contra el Hambre, encuentro en el que participó Alberto Fernández.

Los subsidios, evaluaron distintos expertos en línea con la postura del ministro de Economía, se están transformando en un problema fiscal y, por lo tanto, macroeconómico. Según estimaciones no oficiales, sumarán 10.000 millones de dólares en 2021, lo que representa cerca del 2.5% del Producto Bruto Interno (PBI) y más del 70% del déficit fiscal estimado para el año.

“El congelamiento de las tarifas, esencialmente del precio de la energía, en conjunto con costos del servicio, que crecen al 65% anual, es insostenible. Se trata de una situación similar sucedió entre 2003 y 2015, y su resolución fue compleja”, evaluó, en declaraciones a Redacción Mayo, el economista Julián Rojo, director del Departamento Técnico del Instituto Argentino de la Energía "General Mosconi" (IAE).

Rojo consideró, entonces, que el Gobierno debe tomar medidas al respecto, pero advirtió que, al mismo tiempo, la situación socioeconómica requiere mucha atención. “No hay lugar para errores o aumentos desmedidos cuando el poder adquisitivo de los salarios cayó 10% en el último año. La única forma de salir del congelamiento es con un plan gradual que incluya la utilización de la tarifa social como principal herramienta ordenadora”, agregó.

El economista opinó que la política en materia de tarifas energéticas de Alberto Fernández presenta similitudes, en varios aspectos, con la de Cristina Fernández de Kirchner en sus dos gestiones: tarifas congeladas, subsidios generalizados, entes reguladores intervenidos y ausencia de plan energético. 

En comparación la administración de Mauricio Macri al frente del país, Rojo observó que “posiblemente el mayor error se encuentre en la determinación del precio del gas, que es el rector de toda la economía energética y que tuvo aumentos muy considerables en los primeros meses de la gestión”.

“No sólo impactó en la factura de gas, sino también en la eléctrica a través de un mayor costo de generación, porque el 60% del total del sistema se produce con gas natural. Por otra parte, hubo otros aciertos muy importantes que lamentablemente no se continuaron en el actual gobierno, como la normalización de los entes reguladores, la vuelta a la normalidad regulatoria y las RTI”, valoró Rojo.

La influencia de los subsidios energéticos tuvo variaciones en los últimos diez años. Según datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación (OPC), en 2010 representaban el 1,4% del PBI, pero en 2014 se duplicaron hasta llegar al 2,8%.

Durante el macrismo, la situación se invirtió y pasó a solo 1,1% en 2019, pero a costa de los fortísimos incrementos tarifarios decididos, principalmente, por quien fue el ministro de Energía de aquel período, Juan José Aranguren, ex CEO de la petrolera Shell. Los aumentos de las tarifas de luz y gas rondaron del 249% y el 1.498% entre los usuarios comerciales y residenciales. En el caso de la electricidad, los residenciales fueron los que pagaron el mayor cambio con un incremento del 606%. En las viviendas donde se abonaban boletas equivalentes a seis dólares por MWh se pasó a pagar 39 dólares. En el primer año del gobierno de Alberto Fernández, la continuidad del congelamiento de las tarifas iniciado un año antes llevó los subsidios al 1,7% del PBI.

En tanto, los subsidios a los sectores económicos, empresas públicas y fondos fiduciarios aumentaron un 128% en junio y 69% en el semestre a partir de las compensaciones destinadas a las distribuidoras eléctricas y la importación de combustibles. Sólo en julio último fueron de 166.521millones de pesos, el 31% del total del semestre, indicó la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP).

En detalle, las transferencias al sector energético fueron de 352.668,2 millones de pesos en el primer semestre, con una suba del 108%. La mayoría de esos subsidios fueron destinados a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA) -la empresa dedicada a la generación de energía eléctrica que le vende a las distribuidoras como EDESUR y EDENOR- para afrontar los costos que no llegan a ser cubiertos por el pago de las tarifas.

“Existe un empecinamiento oficial en continuar con una política de subsidios ineficientes y generalizados, que se concentran en el valor de la energía (eléctrica o gas natural) que se paga en todo el país”, resaltó en un artículo periodístico Alejandro Einstoss, coordinador de la Comisión de Energía de la Fundación Alem.

Einstoss expresó que durante el primer semestre del año 12 pesos de cada 100 que gastó el Estado nacional, inclusive tomando en cuenta el dinero destinado para luchar contra el coronavirus, se destinó al pago de subsidios económicos. “Dicho de otra manera: sin subsidios, Argentina tendría superávit fiscal primario, que es aquel que no considera los intereses de la deuda pública”, argumentó.

La Fundación Alem publicó en junio último sus “Propuestas de política energética” para el Gobierno. El documento, en uno de sus capítulos, indicó que los subsidios energéticos son el factor para controlar y racionalizar para cumplir “estrictamente con el objetivo social de posibilitar el acceso a la energía a los excluidos”.

Para la Fundación Alem, la actual política tarifaria y de precios de la energía repite la receta aplicada en el periodo 2003-2015, que implica un congelamiento permanente en un entorno de alta inflación, la ruptura de los marcos regulatorios vigentes y la intervención injustificada de los entes reguladores”.

“Las consecuencias de esta política son conocidas: un aumento exponencial en la cuenta de subsidios económicos destinados a cubrir la brecha entre el costo de prestar los servicios energéticos y las tarifas actualmente congeladas, lo que representa un ineficiente subsidio generalizado orientado a la oferta que altera y distorsiona decisiones de consumo e inversión en el sector”, indicó el informe.

Por el contrario, una de las propuestas planteadas es que la política de subsidios debe focalizarse en los sectores de población vulnerable y abandonar los ineficientes, costosos y generalizados subsidios actualmente vigentes. Así, la “Tarifa Social Federal” aparece como el instrumento adecuado y disponible para atender de forma rápida y eficiente a una importante proporción de la población afectada severamente por las consecuencias económica de la pandemia.

La Fundación Alem también reclamó “la normalización de los entes reguladores, la realización de las revisiones tarifarias extraordinarias pendientes, el abandono del congelamiento de precios y tarifas y el retorno al cumplimiento de los contratos y marcos regulatorios vigentes” para fomentar un proceso de inversión en un sector capital intensivo como el energético.

“Los subsidios a las tarifas siempre hacen perder elecciones”, consideró el economista Jorge Colina, presidente del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA), y explicó el porqué de su opinión: “Cuando se los saca, por el sufrimiento de los tarifazos. Cuando se los restablece, por el sufrimiento de la inflación. Por eso, lo mejor es no andar manipulando los precios de la energía y establecer un esquema segmentado de tarifa plena con tarifa social”.

 

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