Con el 3,8% de inflación que marcó el Índice de Precios al Consumidor (IPC) medido por el Indec en diciembre último, la variación de precios de 2021 fue de 50,9%. En tanto, los aumentos jubilatorios del período fueron de 52,7%. Así las cosas, las jubilaciones “le ganaron” a la inflación por 1,8 puntos porcentuales.
En los dos años del Gobierno de Alberto Fernández, la inflación acumulada fue de 105%, mientras que los aumentos jubilatorios acumularon 106% de suba. Un empate técnico, con una ínfima recuperación, contra los 20 puntos porcentuales que perdieron las jubilaciones en los cuatro años del gobierno anterior.
Fuera de este cálculo quedan los bonos extraordinarios. En 2021, hubo bonos de $ 1.500 en abril y mayo, de $ 5.000 en agosto y de $ 8.000 en diciembre. Durante 2020, los bonos de suma fija sumaron $ 13.000 (dos de $ 5.000 y uno de $3.000).
Desde hace más de dos décadas economistas y políticos se debaten por la sostenibilidad del sistema previsional. La creciente informalidad laboral, sumada a la mayor longevidad de las personas, a la expansión de variantes como el monotributo, a las moratorias que duplicaron la cantidad de jubilados y a la ampliación de coberturas sociales desde la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) como la Asignación Universal por Hijo (AUH) ponen en tela de juicio la capacidad del sistema actual para adaptarse a las nuevas dinámicas.
Al cierre del año 2020 (último dato público disponible), los datos de Anses muestran que el sistema previsional obtuvo 2,2 billones de pesos de recursos. De ese total, $ 1,2 billones (el 55%) provinieron de aportes y contribuciones; es decir, de trabajadores activos “en blanco”.
En paralelo, $ 770 mil millones (el 35%) provino de impuestos como el IVA ($ 188 mil millones), impuesto al combustible ($ 51 mil millones), monotributo ($ 20 mil millones), impuesto al cigarrillo ($ 12 mil millones), Impuesto PAIS ($ 55 mil millones) y débitos bancarios ($ 440 mil millones). En 2018, 2019 y 2020, no hubo ningún ingreso por Impuesto a las Ganancias ni por Sinceramiento Fiscal. Hubo también ingresos por Rentas de la Propiedad ($ 175 mil millones) y Recursos de capital ($ 83 mil millones).
Esos ingresos alcanzaron apenas para cubrir dos tercios de las erogaciones del período, que estuvieron en el orden de los $ 3,3 billones. Para tener una referencia, en 2014, 15, 16 y 17, los recursos cubrieron a las erogaciones o quedaron muy cerca; en 2018 y 2019, ya quedaron por debajo, en un 10%. En el año más duro del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, el resultado fue de un 33% abajo.
Esto se explica en parte por erogaciones extraordinarias como el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE; $ 260 mil millones) y el programa de Asistencia al Empleo y la Producción (ATP; $ 230 mil millones). Aunque principalmente se explica por la pérdida de empleo registrado, que significó en los hechos menor recaudación.
La ecuación se niveló con Contribuciones Figurativas, que básicamente consisten en una inyección de dinero ($ 1,6 billones) proveniente de otros recursos estatales, aunque también vale decir que de allí salieron partidas ($ 300 mil millones) para cubrir a otros sectores del Estado.
La macroeconomía argentina y sus problemas
El economista Hernán Letcher opinó al respecto: “En Argentina, hay cuatro ejes principales que complican la sostenibilidad: caída del salario, caída del empleo, más empleo precarizado y reducción de contribuciones patronales. Para resolver esto, algunos piden aumentar la edad jubilatoria y eso es un problema de Europa, no de Argentina”.
“Nosotros tenemos que mejorar empleo y salarios. De hecho, hay una suerte de mito urbano que dice algo así como que ha sido muy grave la jubilación por moratoria porque han generado un problema de sostenibilidad del sistema previsional. Es falso. Los datos muestran que el financiamiento por recursos de aportes y contribuciones a fines de los 90 era del orden del 50%, mientras que en 2015 -luego de que prácticamente se duplicara la cantidad de jubilados- ese financiamiento aumentó al 70%. ¿Por qué? Porque se mejoró el salario y la cantidad de trabajadores, por encima de la cantidad de jubilaciones que se generaron”, explicó Letcher.
El economista advirtió que, durante el gobierno de Mauricio Macri, esa recaudación “volvió a caer a cerca del 60% y con la pandemia cayó hasta el 40%; es decir, no te desfinancia la cantidad de jubilaciones, sino que el empleo y los salarios quedan rezagados”.
Finalmente, planteó: “El sistema previsional tiene un problema originario y es que la población tiende a envejecer, por lo cual siempre va a haber un problema que se agrava con el tiempo, pero en una economía como la nuestra eso es secundario porque el problema principal es el relacionado al empleo y al salario”.
Minimos
Al cierre del tercer trimestre de 2021 (último dato disponible), los datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) indican que en Argentina hay 5,1 millones de jubilados y 1,7 millones de pensionados. El promedio de ingresos de estas 6,8 millones de personas es de 40 mil pesos.
En paralelo, hay también 1,7 millones de pensiones no contributivas, repartidas de la siguiente forma: 6.500 ex presos políticos, 22.300 ex combatientes de Malvinas, 218.000 beneficiarios de la Pensión Universal de Adultos Mayores (PUAM), 1,1 millones de pensiones por invalidez, 304.000 pensiones a madres de 7 o más hijos y 60.000 entre otras pensiones graciables y especiales.
El promedio de los montos de estos beneficios no contributivos se ubica en 21 mil pesos, siendo la pensión por invalidez la de menor remuneración: $ 18.500. Además, hay 140 mil argentinos que cobran la pensión por desempleo, de los cuales 93 mil son hombres.
De los 6,8 millones de jubilados y pensionados, 4,3 millones cobran la mínima, ubicada hoy en $ 29 mil. En tanto, un millón de beneficiarios cobran un haber mayor a dos mínimas; es decir, por encima de los $ 58 mil. En el otro extremo, el haber máximo se ubica en $ 195 mil.
El 65% de los jubilados ingresó a través de una moratoria. De estos, casi el 90% obtiene el haber mínimo.
Jubilación y pobreza
Entre 2008 y 2017, la entonces presidenta Cristina Kirchner estableció una fórmula semestral de actualización basada en salarios y recaudación impositiva. En 2017, el gobierno de Macri se inclinó por una actualización trimestral, en base a evolución de salarios e inflación. En diciembre de 2019, el nuevo gobierno peronista canceló esta última fórmula y anunció aumentos discrecionales hasta tener una nueva manera de actualizar. A inicios del año pasado, se volvió a la fórmula de salarios y recaudación. ¿Cómo impactaron estas fórmulas?
En abril de 2016, cuando el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) volvió a emitir datos al respecto, la jubilación mínima era equivalente a 3,2 canastas de indigencia y a 1,35 canastas de pobreza, según se desprende al comparar datos oficiales de la ANSES y el INDEC.
A noviembre de 2021 (último dato disponible), equivalía a 2,5 canastas de indigencia. En el mismo sentido, equivalía a 1,1 canastas de pobreza. Así las cosas, en términos de indigencia, el poder adquisitivo de la jubilación mínima cayó un 22%. En tanto, en términos de pobreza, la jubilación mínima pasó de estar un 35% por encima de la canasta a estar apenas un 10% por encima.
Al respecto, la economista senior de la consultora FIEL y especialista en materia previsional, Nuria Susmel, sostuvo que mientras la tasa de pobreza general es del 40%, entre los mayores de 65 años es de solo el 13%. “Como la jubilación mínima es más alta que la canasta de pobreza, ningún jubilado debería ser pobre”, evaluó.
En el mismo orden, aclaró: “Si son sostén de familia con bajos ingresos o viven en hogares con bajos ingresos, pueden ser pobres. Si tenés jubilados pobres, es porque viven en hogares donde el resto de los ingresos no cubren las canastas de pobreza de los demás integrantes”.
Jubilación con perspectiva de género
Entre 2003 y 2015, la cantidad de jubilados y jubiladas creció en más del 100%. El motivo principal fue el lanzamiento de las moratorias que permiten jubilarse a quien no tenga los 30 años de aportes. Esto benefició principalmente a las mujeres, que durante buena parte de su vida se dedicaron a las tareas hogareñas o trabajo doméstico no remunerado ni registrado. De esta forma, Argentina brinda cobertura al 97% de las personas en edad de jubilarse, la tasa más alta de Latinoamérica.
A fines de 2018, se creó la Pensión Universal de Adultos Mayores (PUAM). La misma no exige mayor requisito que haber cumplido 65 años, pero otorga solo el 80% de la jubilación mínima. Además, para las mujeres es un aumento en los hechos de 5 años en la edad jubilatoria, ya que deben esperar hasta los 65 años para tramitarla.
Roxana Mazzola está actualmente a cargo de la dirección nacional de Transparencia del Ministerio de Obras Públicas. En los ámbitos académicos, coordina el diploma de posgrado de Desigualdades y políticas públicas distributivas en FLACSO y está a cargo de la materia Política social en la maestría de Políticas públicas de FLACSO, además de dar cátedra de Evaluación de programas y proyectos sociales en la Universidad de Buenos Aires (UBA).
Según la especialista, durante el macrismo se dio el fenómeno de “Asistencialismo extendido”. “Es una lógica más de parche y fragmentaria que se sumó dentro del sistema de Seguridad Social. Hay ciertos rasgos que hacen que algo sea un derecho. Para que algo sea un derecho en Seguridad Social, debe tener un monto suficiente, que es lo que se llama la “dimensión de suficiencia”; si el dinero otorgado alcanza o no. Tiene que ser universal; o sea, llegar a todas las poblaciones que debiera llegar. En el sistema jubilatorio, se está llegando a todos las personas que debieran poder jubilarse. Otra característica es la amplitud: cómo se articula con otras medidas, para que no se limiten solo al ingreso; por ejemplo, las políticas de cuidado o a la articulación con la salud. Y el último punto es que deben ser sostenibles financiera y políticamente. Ahí, se mira cómo se financian estas medidas y cuál es la progresividad de ese financiamiento y cómo está organizada la representación sindical”, describió.
A partir de ese escenario, opinó: “Tanto la PUAM como la Cobertura Universal de Salud se ubican dentro de la lógica de convertir los derechos en asistencialismo. Cuando a una medida universal le sumás criterios de selectividad o de acceso, se hace más dificultoso el alcance de ese beneficio. Se pasa de una cobertura universal a una cobertura estratificada y la PUAM se ubica en esa lógica. Se tendió a crear un Estado más bien ambulancia, donde no tenías Ministerio de Salud, Ministerio de Trabajo. Todo eso te aleja de lo que hace a los derechos ciudadanos”.
Desde la asunción de Fernández, hubo dos medidas de relevancia en este sentido. Por un lado, el reconocimiento a las tareas de cuidado de las mujeres, a quienes se les descuenta un año de aportes por cada hijo que tuvo. Por otra parte, el Programa Registradas, con beneficios para empleadas domésticas.
Si bien Mazzola rescata un cambio de timón en este sentido, advierte una falencia: “Una deuda grande es ver cuáles son las formas de representación que tienen las y los jubilados. Hoy, no hay representatividad de organizaciones o sindicatos de jubilados discutiendo en la mesa en la que se toman decisiones. No pasa esto y son retos a tener en cuenta a la hora de pensar este derecho”.
Más allá de fórmulas y actualizaciones, “nos debemos reformas más profundas; se debe dejar marcado muy claro que se trata de un sistema que debe incorporar como un eje vertebrador más la dimensión de los cuidados”.
Sobre ese punto, expuso: “La Seguridad Social tiene que impactar en todas aquellas personas que requieren cuidados a lo largo de sus vidas, que son las personas mayores, las personas con discapacidad o los niños y las niñas. Y que eso generalmente lo hacen las mujeres. Invertir en este tipo de política redunda en múltiples beneficios. Cuando se invierte en Centros de Días, generás puestos de trabajo, tanto directos como indirectos, en toda la cadena productiva social. Ahí, hay un puntal para la activación económica. No son recursos que se esfuman. El cuidado debe ser una cosa pública porque también impacta de manera indirecta. Por ejemplo, el 30% de las jóvenes no estudia ni trabaja y el 70% de ellas están abocadas a tareas de cuidado dentro del hogar”.
