Hoy, en el escenario agrícola argentino de cada $100 de renta, $62,20 se aportan a los Estados nacional, provincial y municipal, en concepto de impuestos. Los datos surgen de un estudio de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA) de la ciudad de Río Cuarto, sobre la base de los rendimientos de los cuatro cultivos principales: soja, maíz, trigo y girasol en 2021.
Según el estudio de FADA, el impacto del Estado en soja es del 67,9%, del 53,4% en maíz, en trigo, 62% y en girasol, 49,3%. La fenomenal “torta” fiscal, se compone de impuestos nacionales, provinciales y municipales.
Los impuestos nacionales no coparticipables representan el 68,1% del total de impuestos que paga una hectárea agrícola en la Argentina. Al paquete lo componen los derechos de exportación, combinados con tributos a los créditos y débitos bancarios.
Así las cosas, el mentado federalismo fiscal argentino representa un esquema que rige según un diseño donde la mayoría de los tributos son nacionales y no se coparticipan, pese a que provienen de una actividad cuyo origen es federal.
Según la conclusión del análisis que realizaron los economistas de FADA, en el capítulo retenciones el impacto es negativo por tres vías. La primera, porque se incrementan los recursos no coparticipables en mano de Nación; la segunda, porque se reducen los recursos coparticipables por reducción del impuesto a las ganancias; y la tercera, por recursos que salen de las regiones productivas en el marco de la existencia de Derechos de Exportación.
En la ciudad de Leones, provincia de Córdoba, el gobernador Juan Schiaretti cuestionó duramente las retenciones al sector agropecuario, argumentando que perjudica el desarrollo de las localidades del interior. “Los derechos de exportación son una política antinatural. Es un impuesto que no existe casi en ningún lugar del mundo”, sostuvo.
“Este año la provincia aportará en retenciones $270.000 millones. El monto alcanzaría para pavimentar 6.500 kilómetros de redes viales o para construir mil escuelas, 285 hospitales o 66.500 viviendas”, informaron desde el Gobierno de Córdoba, en un intento por magnificar el impacto de esos recursos que no llegan a la provincia.
Efecto dólar
El documento publicado por FADA señala además que en la estructura de costos de los cultivos, se ve claramente la influencia del “efecto dólar”. El informe destaca que el 57% de los costos de una hectárea de soja están estrictamente dolarizados, mientras que el restante 43% está pesificado. Si se considera el costo de la tierra, supera ampliamente el 60% la porción dolarizada.
En el caso del maíz, como los fertilizantes y semillas tienen más peso que en el caso de la soja, los costos dolarizados ascienden al 61% de la estructura, mientras que los pesificados alcanzan el 38%. Si se evalúa el valor de la tierra el porcentaje trepa al 67%.
La dolarización de los insumos tiene un impacto dramático en la planilla de gastos de los chacareros. Los precios de los fertilizantes han aumentado hasta un 129% en dólares. Los precios de los fitosanitarios tuvieron incrementos de hasta el 190% en glifosato, y otros que superan el 60% como el 24D, con una gran disparidad de precios. Por su parte, los costos de labores se han incrementado unos 10 puntos porcentuales por encima de la inflación.
Reclamo urgente
En este marco, al quedar desactivada el 31 de diciembre la prórroga de la Ley de Emergencia Pública que delegaba en el Presidente de la Nación reglamentar las alícuotas de los derechos de exportación, en un momento en donde factores como la sequía o eventos como los incendios están generando pérdidas a los productores y a las provincias, la Mesa de Enlace de Entidades Agropecuarias reclamó a las autoridades nacionales y a las fuerzas políticas actuar de acuerdo a sus responsabilidades institucionales para resolver en carácter de urgente la situación.
“Al quedar desactivada la prórroga de la Ley de Emergencia Económica, el Poder Ejecutivo Nacional no puede seguir cobrando retenciones pero obviamente lo sigue haciendo por lo tanto el mecanismo lógico es acudir a la justicia para que en un pronunciamiento admita que está vencida la facultad delegada”, advirtió el diputado nacional por la UCR Ricardo Buryaile.
Además según la Constitución Nacional, los Derechos de Exportación los fija el Congreso de la Nación”, concluyó el legislador.
