Cantamutto es docente, licenciado en Economía (UNS-Argentina), maestro en Ciencias Sociales (FLACSO-México), doctor en Investigación en Ciencias Sociales y se especializa en temas de economía y procesos políticos, con especial referencia a América Latina. En diálogo con Redacción Mayo, analizó las problemáticas principales de la economía argentina: “Sin un plan coordinado, de conjunto, no se puede resolver el problema de la inflación”.
-¿Se puede contener la inflación en estos niveles o qué solución podría tener?
-Salvo en lecturas muy cuadradas, todos los enfoques reconocen a esta altura -incluyendo no solo las perspectivas heterodoxas, sino también las ortodoxas como las del FMI- que la inflación tiene múltiples causas. Si tiene múltiples causas, debería haber un plan coordinado para resolver el problema de la inflación, cosa que no existe ni existió. Hay medidas puntuales y aisladas. En tanto no se desarrolle un plan antiinflacionario de conjunto, que sea anunciado y cumplido de manera consistente, no hay manera de resolver el problema de la inflación. Vamos a estar siempre apagando de manera tardía un fuego que ya se propagó. Argentina viene con una inercia inflacionaria que lleva muchos años, que es muy fuerte y que genera un aprendizaje en los actores de la economía y es central. Si bien no es el origen de la inflación, sí es un mecanismo reproductor y amplificador de la conflictividad social por la disputa por el excedente. Algunas lecturas reduccionistas plantean que la inflación es solo esa inercia, pero no es cierto. Es un mecanismo propagador asimétrico, en el cual las y los laburantes venimos corriendo de atrás.
En los últimos 5 años, hemos perdido de manera sistemática en esta carrera; incluso, aquellos que tenemos la posibilidad de trabajar en relación de dependencia y con un sindicato que nos represente, lo cual no es la realidad del porcentaje mayoritario de la población. Hay un componente de la inflación relativa al creciente carácter bimonetario de la economía: la fuga de dólares. Esto presiona sistemáticamente a la devaluación, que a su vez mueve a los precios básicos de la economía de manera inflacionaria. Esto es muy importante porque las corridas cambiarias que se iniciaron con el Gobierno de Cambiemos le dieron un nuevo piso a la aceleración inflacionaria. Y en la renegociación que se hizo con el FMI el año pasado, el programa resultó inflacionario porque prohíbe que se atrase el tipo de cambio, de manera tal que presiona el FMI -y en la más reciente revisión quedó muy claro- porque el tipo de cambio siga corriendo por encima de la inflación, con lo cual retroalimenta la cadena de aumento de precios. Esto es muy relevante porque sin poner un ancla va a ser muy difícil contener la inflación. Los sectores poderosos esperan que ese ancla sean los salarios, lo cual es extremadamente dañino para nuestras vidas porque hace cinco años que perdemos en salarios reales, en participación, en el ingreso, en calidad de empleo, de manera tal que no es un programa que nos beneficie. Y lo otro que señala el acuerdo con el FMI es el aumento de las tarifas, que también es inflacionario.
-Algunos sectores plantean que contener los salarios es primordial porque se recalienta la economía. ¿Es así?
-Hay que remitirse a las pruebas. Los salarios vienen perdiendo. El salario real en el sector privado formal apenas le empata a la inflación durante el actual Gobierno. Pero no recupera los 12 o 13 puntos que perdió con el Gobierno de Cambiemos. En el caso de los trabajadores del sector público, estamos por detrás de la inflación incluso en este Gobierno y, en el caso de quienes trabajan en la informalidad, la pérdida acumulada desde el inicio del mandato de Cambiemos a esta parte alcanza prácticamente el 50% del poder adquisitivo; es decir, se le partió la mitad el ingreso.
La recuperación económica actual ha tenido por principal creación de trabajo el autónomo y cuentapropista. Esto genera un mecanismo a través del cual se compite por condiciones precarias y bajos salarios. En ese sentido, fueron premonitorios los discursos de Mauricio Macri que señalaban que debíamos tomar por modelo a Colombia o a Perú, que son economías caracterizadas por una fuerte informalidad del trabajo y bajos salarios. En los últimos cinco años, se fue latinoamericanizando el mercado de trabajo argentino y esto viene de la mano de la incapacidad política de capturar la renta que generan los recursos naturales. Durante los años del kirchnerismo, de la mano de la captura de esa renta, fue posible cierta redistribución; limitada, con asimetrías, etcétera, pero cierta redistribución. Esto dejó de ser posible en la última década, no solo por la caída de los precios internacionales, sino por los crecientes beneficios fiscales, cambiarios y financieros que han obtenido las cúpulas exportadoras. Recordemos no sólo en el caso del Gobierno de Cambiemos, que redujo a cero varias de las retenciones móviles, sino al actual Gobierno, que les ha otorgado una serie diversa de beneficios, que les ha ayudado mucho a obtener esas ganancias extraordinarias.
-Algunas corrientes que tienen buen caudal de votos por estos días plantean que los salarios de la informalidad son más altos porque los patrones no hacen aportes y eso va al bolsillo del trabajador.
-Esto no resiste prueba alguna. Está medido. Los salarios, o mejor dicho los ingresos porque en general en estos días el ingreso se compone de una multiplicidad de fuentes, tiende a ser menor en la informalidad. Si para las corrientes que pretenden reducir los gravámenes y las contribuciones patronales se va a reactivar el empleo, finalmente para absorber un 37% de la población económicamente activa, hasta cuánto deberías reducir los salarios. Y si se reducen los salarios como para absorber esa mano de obra, ¿qué clase de efectos sociales tendría eso al tener una población ocupada, pero cuyo salario no alcanza ni siquiera para lo poco que alcanza hoy? Sería una debacle, en términos de la cohesión social. Hay que enfrentar una realidad: tal como está orientada la economía argentina no tiene capacidad de crear empleos formales asalariados para la población económicamente activa. ¿Qué hacemos con eso? Hay mucho debate al respecto, pero debemos poner sobre la mesa la expectativa de que toda la población económicamente activa esté bajo trabajo formal en el sector privado es simplemente inconsistente con la evidencia internacional.
-Cada vez son más los casos donde se necesitan más de un trabajo para poder tener un ingreso razonable. ¿Cómo ves ese fenómeno?
-No lo hemos visto ni vos ni yo porque pertenecemos a una generación que ha vivido los últimos 50 años de precarización y flexibilización creciente en el mercado laboral, pero hasta la interrupción que se da en los años 70 a nivel global y en la Argentina de la mano de la última dictadura, era posible hasta ese momento tener un trabajo y vivir bien con eso. Además, las cargas que imponía el Estado eran retribuidas en forma de políticas sociales que garantizaban derechos básicos como la salud, la educación, etcétera. ¿Había problemas? Claro, entre otros, por ejemplo, la débil inserción en el mercado laboral de las mujeres, que eran segregadas al ámbito de lo doméstico. Pero la idea de que no es posible tener un trabajo y con eso sostenerse es una idea problemática. Al margen de eso, y aceptando que cambiaron las condiciones del capitalismo global y las ramas económicamente más dinámicas, existen iniciativas por parte de sectores del sindicalismo que señalan que el problema no es no aceptar la flexibilidad, sino que esa flexibilidad no vaya en contra de los derechos.
En general, todas las propuestas de revisión de la legislación laboral van en contra de garantizar derechos. Van por la reducción de los aportes que quitan protecciones al momento de tener acceso a la salud o a la previsión social. Llamativamente, la misma gente que propone reducir las contribuciones patronales, que propone ir a trabajos más precarios, se opone al mismo tiempo a que el Estado luego otorgue moratorias para que puedan acceder a un beneficio previsional. De manera que quedamos atrapados en un círculo sin salida. Esta realidad que está puesta sobre la mesa a nivel mundial, sobre la idea de la necesidad de contar con un Salario Básico Universal o un Ingreso Ciudadano, reconocen esto: no es posible que la flexibilidad vaya en contra del acceso a un conjunto de derechos mínimos. Y no va solamente de la mano del ingreso, sino de la garantía del acceso a ciertos servicios básicos, con salud y educación a la cabeza, a los que podemos sumar acceso al agua potable, a la vivienda, etcétera.
-¿Ves viable la instalación de un Salario Básico Universal?
-Los ensayos que se han practicado a nivel de localidades y territorios han funcionado. De la misma manera, han demostrado buen funcionamiento los experimentos que se han hecho en distintos países de reducción de la jornada laboral. Si bien no hay evidencia de programas de alcance nacional o internacional, todas las pruebas que se han hecho a niveles locales están mostrando que cuando hay un ingreso universal la gente no trabaja menos. Muy al contrario, al tener garantizadas condiciones básicas, tienen un acceso menos precario al mercado de trabajo. En ese sentido, son propuestas viables, son debates que hay que dar, pero se deben dar con sinceridad y no con consignas.
De la mano de la carga fiscal que impondría esto, hay que poner sobre la mesa la necesidad de una tributación más equitativa. Por ejemplo, en Argentina, los impuestos indirectos, que son los más regresivos como el IVA o Ingresos Brutos, tienen el doble de peso que en países desarrollados, incluso es mayor que en varios países de la región, mientras que el peso de los impuestos directos -los que pesan sobre ganancias de patrimonio, que son los más progresivos- pesan menos de la mitad; o sea, es completamente regresivo el sistema tributario argentino. Si vos mejoras eso, podrías captar un montón de recursos que te financiarían esta clase de políticas. Por otro lado, más allá del argumento ético, moral, político e incluso jurídico porque es el acceso a derechos, hay que reconocer que esto tendría un fuerte componente dinamizador de la demanda interna. El problema es que para aquellos que plantean que nuestro país debe insertarse como proveedor de materias primas para todo el mundo, el salario no es más que un costo, por lo cual no tiene ningún sentido garantizar salarios decentes.
-¿Qué cambios deberían hacerse con el sistema impositivo?
-Con el sistema impositivo hay que hacer grandes cambios. Hay que mejorar los impuestos a las ganancias, a los patrimonios, a la herencia y a los bienes inmuebles, que hoy son ridículamente bajos y hasta los años 70 eran una fuente importante de recaudación. Además, hay que revisar todas las exenciones impositivas que favorecen muchas veces a producciones o empresas sin ningún aporte muy claro desde el punto de vista social. Por ejemplo, ¿por qué se beneficia a los productores de hidrocarburos cuando se supone que estamos encarando una transición verde? Este tipo de cuestiones, que son muchas, hay que revisarlas de manera urgente, pública y transparente.
-Se habla de una salida exportadora de hidrocarburos; de petróleo, de gas, etcétera. ¿Lo ves posible?
-No, es muy limitada. Le dan el visto bueno neoliberales y neodesarrollistas, con sus diferentes diagnósticos, pero creo que es muy limitada esa salida. Por empezar, por la presión sobre los recursos naturales y sus impactos socioambientales y laborales; recordemos que la expansión de Vaca Muerta ha ido la mano de un aumento de la actividad sísmica y de accidentes laborales. Pero además, en general, esta clase de actividades suelen tener muy pocos encadenamientos productivos. Si bien genera empleos muy bien remunerados, genera pocos empleos, de manera tal que el derrame al resto de la economía es muy limitado.
No solo eso, sino que además muchos de estos emprendimientos se basan en la necesidad de tener ventajas cambiarias o fiscales: se les exime de pagar ciertos impuestos, se les da acceso preferencial a divisas, se les permite hacer cosas que no se le permite el resto del país. Entonces, se beneficia muy poca gente. Finalmente, dentro de 20 años se agota Vaca Muerta y ¿qué hacemos? Vamos a tener un gran pozo sísmico que no nos dejó nada.
-En el mismo sentido, pero cambiando el recurso natural, está el litio. ¿La ecuación es la misma?
-El análisis es similar. Cuando se evalúan las inversiones en estas actividades, lo que se encuentra es un puñado muy reducido de empresas, en general extranjeras, que vienen de la mano de crecientes exenciones y ventajas fiscales, cambiarias e impositivas, que desarrollan muy poca cadena de valor y de proveedores locales. Y que por otro lado tampoco tienen gran derrame tecnológico. Entonces, si no hay un Estado imponiendo limitaciones a esto, lo que hace es reproducir la vieja idea de que deberíamos aprovechar el recurso natural mientras dure. Si bien el litio se está asociando a una transición energética justa, la Argentina se está insertando a partir de proveer de materias primas básicas, para luego tener que comprar los bienes terminados. Es la clase de intercambio que hacía en el siglo XIX.
-¿Qué opinión te merece el camino elegido por el Gobierno en relación con la deuda con el FMI?
-Las deudas en general, no sólo la que tenemos con el FMI sino también la pautada con privados, son deudas carentes de legitimidad, en el sentido de que fueron contraídas a espaldas de las mayorías y con serios vicios de legalidad. Me estoy refiriendo lo hecho por Cambiemos. Lamentablemente, la gestión actual eligió el camino de renegociar sin discutir. De esta manera, lo que hace es validar un acto de desfalco, lo cual es penoso. No tiene ninguna solución simple bajo consignas vacías, pero se tiene que dejar en claro que los acreedores, que tienen un derecho, juegan en un conjunto de derechos más amplios, que son los derechos humanos de la población.
Hay múltiples convenciones internacionales que garantizan el acceso a derechos básicos de la población; entonces, el pago no puede nunca poner en juego el acceso a esos derechos. Para pagar la deuda, primero hay que discutir legalidad, legitimidad, corresponsabilidad de los acreedores y luego, si queda una parte por pagar, debe estar puesta en perspectiva de no dañar los derechos de la población.
En lugar de hacer esto, se aceleró el pago de la deuda y lo único que hace es obligar a la Argentina a tener que presionar más por aprovechar oportunidades muy limitadas de negocios para obtener divisas con rapidez. Esto no ayuda a la mejor distribución de las condiciones de vida y tampoco permite el desarrollo del país, con lo cual es una trampa de corto plazo y eso es lo que estamos viviendo.
Durante todo este periodo se estuvo pagando deuda de manera sistemática y, sin embargo, la deuda no ha bajado y el país no ha logrado estabilizar su economía. Ese esfuerzo podría haberse destinado en otros sentidos.
