DIÁLOGOS

"La ejecución presupuestaria del Estado nacional muestra una caída de la participación de los salarios"

Redacción Mayo conversó con Sergio Arelovich, coordinador del Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía (MATE). El economista e investigador habla de la desdolarización de la economía argentina, explica la inflación, analiza los salarios y el sistema impositivo argentino. Por Jonathan Raed

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sergio arelovich-dialogos Redaccion Mayo
Jonathan Raed 11-01-2023

-Tanto con medidas ortodoxas como heterodoxas, los últimos tres gobiernos fracasaron en los intentos por contener la inflación. ¿Cómo se puede frenar la inflación?

-Es casi un lugar común decir que la inflación es multicausal. Si bien coincido con tal afirmación, es claro que Argentina tiene particularidades que obligan a afinar el diagnóstico. Sabemos que hay factores causantes de procesos inflacionarios, que hay otros factores operando como reproductores de aquellos; por último, otro tipo de factores que amplifican el crecimiento de los precios. Las argumentaciones neoclásicas tradicionales ponen el acento en el déficit fiscal y en la excesiva emisión monetaria como pilares explicativos. La praxis de la economía argentina y una mirada transfronteriza hacia otros países no permiten dar crédito a ese diagnóstico simplificador. En el país hemos tenido períodos inflacionarios con contracción de la base monetaria y otros con baja inflación acompañados de expansión de aquella. En general, la mayoría de las explicaciones despersonalizan el proceso inflacionario: es el déficit, la emisión, el recalentamiento, el costo argentino, el costo salarial, las distorsiones regulatorias. A esa mirada le falta lo central: el sujeto, el rol de los sujetos en la explicación inflacionaria (creación, reproducción y amplificación).

Los sucesivos gobiernos, de diferente signo, han huido de una cuestión central: la necesaria desdolarización de la economía dado el papel relevante en la generación y reproducción inflacionaria. En cambio, han implementado normas efímeras de restricción de acceso al mercado cambiario que jugaron como vectores de creación de alternativas legales e ilegales. Desdolarizar la economía argentina es un proceso que requiere fases y correcciones pero que -por ahora- no forma parte de la convicción de los gobiernos. Simplemente, hay que empezar a dar esta batalla. La primera creencia a atacar es la naturalización del derecho consistente en que cualquier habitante puede llevarse una porción de las reservas internacionales a su casa, mayoritariamente fuera del sistema financiero. Esto no existe en el mundo. Alemania tiene el 70% de sus reservas internacionales en oro y en títulos representativos de oro, tal que sería inimaginable la existencia de largas colas intentando llevarse algo de eso a su casa. De hecho, sigue vigente en Argentina la llamada ley de convertibilidad, aún con las reformas que introdujo Kirchner en 2005 para hacer posible la cancelación anticipada de la deuda con el FMI. No existe más el uno a uno, pero sí el derecho de conversión.

La desdolarización, que debiera incluir normas en el mercado inmobiliario, en todos los contratos entre residentes en el país, en las políticas de toma de deuda pública y privada, en el estímulo de bancarización de las tenencias, en la composición de las reservas internacionales, en la construcción de las posiciones de cambio en el sistema financiero, como parte de casi un centenar de disposiciones imaginables, podría reducir sensiblemente los niveles inflacionarios aunque no permitan eliminar el crecimiento permanente del nivel general de los precios. La desdolarización debe ir acompañada del acceso a otro fruto prohibido: el monitoreo de las cadenas de valor, para lo cual se requiere construir una expertise que en general el Estado nacional no ha desarrollado, aunque no es difícil de iniciar; sobre todo, en mercancías clave que influyen en todas o casi todas las actividades económicas como es el caso de la energía.

-¿Cómo impactan las expectativas de las personas en general y de los formadores de precios en particular, en materia inflacionaria?

-Las expectativas, la inercia inflacionaria, forman parte del proceso de reproducción, de escalonamiento del proceso. Frenar primero y parar después tal inercia, funciona muy diferente en las empresas formadoras de precios que en el resto de la economía. Y esto involucra tanto al sector privado como al sector estatal, que incluye a sus empresas. Si una política de desdolarización permitiese bajar los niveles inflacionarios, sería menos complejo atacar a continuación el menú de inercias existentes en la economía nacional. 

-¿Ves a las políticas de Sergio Massa como un ajuste?

-Esto excede las opiniones. El comportamiento de la ejecución presupuestaria del Estado nacional muestra una caída de la participación de los salarios y las prestaciones sociales en relación con los gastos corrientes, escenario que se replica en los Estados subnacionales. Crece el peso de las necesidades de recursos para atender tanto los intereses como las amortizaciones de la deuda pública, tal que hacen necesaria la toma de nueva deuda para atender los vencimientos. La ejecución presupuestaria tiene como eje central la atención de la deuda, una restricción que afecta a toda decisión soberana para abordar cualquiera de las urgencias. La discusión es si podría haberse hecho algo distinto. La lectura de los informes de la tercera revisión de los acuerdos con el FMI no deja lugar a dudas: es necesario y posible hacer algo diferente si se pretende obtener resultados distintos.

-El salario y los ingresos han perdido mucho terreno en los últimos años ¿Cómo se hace para recuperarlo?

-Acá, se presentan varias realidades y por eso hay que analizarlo de modo segmentado. Un primer corte lo es viendo el salario registrado del sector privado; el salario registrado del sector público nacional; el salario registrado de los Estados subnacionales (provinciales, municipios y comunas); el salario no registrado, que por su naturaleza sólo refiere al sector privado; el ingreso personal autónomo, en general bajo el paraguas legal del monotributo, que a su vez encubre una relación laboral evidente; el ingreso personal autónomo registrado en el monotributo social; el ingreso personal autónomo real, que incluye a quienes en el régimen del monotributo viven de su trabajo con un arco reducido de clientes; las prestaciones estatales de jubilación y pensión nacionales, provinciales, municipales y cajas o regímenes especiales; las prestaciones del conjunto de programas de atención a la población más vulnerada, entre otros. Hay una clase que vive del trabajo y bajo condiciones contractuales fuertemente diferenciadas. La trama social de ingresos en Argentina es mucho más compleja que la tradicional mirada entre trabajo asalariado y capital.

Un segundo corte lo es mirando la evolución de las desigualdades de ingreso dentro de esa larga lista de casos que apunté como también extendiéndola hacia los accionistas de sociedades, sus directivos, tenedores de fuertes sumas de activos en moneda local o extranjera, tanto en el país como en el exterior. Argentina, en línea con las transformaciones globales del capitalismo, ha profundizado aceleradamente los niveles de desigualdad en ingresos y en tenencia de bienes. No ha habido políticas para frenar ese proceso y en el mientras tanto redistribuir para atenuar. Argentina tuvo impuesto a la herencia hasta la llegada de la dictadura y hoy sólo existe en la provincia de Buenos Aires, con peso recaudatorio casi descartable. Todos los países centrales gravan la herencia y casi todos los países de nuestra América Latina también, incluyendo a todos nuestros vecinos limítrofes.

El salario y el ingreso necesitan en primer término conservar su poder de compra, eje central de la mayoría de las negociaciones salariales y reclamos sociales. En general, no forma parte del debate ni del reclamo la recuperación de lo perdido desde diciembre de 2015 en adelante. Esa caída, que afectó el nivel general de la actividad económica, permite explicar el grado de sobreendeudamiento de los hogares, que, en el caso de la población más vulnerada, está sujeto a tasas divorciadas de las existentes en el mercado financiero formal, que tampoco son sencillas de administrar. Dentro de la política antiinflacionaria que imagino, ocupa un lugar central el descenso nominal o crecimiento repentino de precios de los alimentos. Esto es posible combinando un conjunto de medidas, empezando por el consumo de producción de cercanía, la potenciación de las experiencias de la economía popular, la disminución brusca de kilómetros de transporte, el monitoreo sobre las cadenas de valor que afectan directamente a la producción de alimentos, entre otros.

Junto a esas medidas, que permitirían recuperar parte de lo perdido, debería ponerse en el centro del debate el tema de la vivienda. Me refiero al acceso por compra, al régimen de locaciones urbanas para casa-habitación y en la construcción acelerada de viviendas en el marco de los planes de urbanización de barrios populares. No voy a detallar mis ideas al respecto porque ocuparían demasiado espacio. Es inadmisible la porción del ingreso familiar que se lleva la cuota hipotecaria o el alquiler. Es el precio más alto de los consumos mensuales de cada hogar.

-¿Qué opinión te merece la política energética y de tarifas? ¿Hay una salida exportadora?

-Se trata de una cuestión espinosa porque requiere combinar acciones necesarias en el corto plazo con diseño estratégico de mediano y largo plazo. Una primera certeza es que desde que se extrae petróleo y gas bajaron las reservas fósiles en el mundo, por lo que cada vez queda menos y lo que queda es más dificultoso de extraer (más caro), al nivel de la tecnología que se dispone. La segunda certeza es que imaginar un mundo sin petróleo, sustituyéndolo por bioenergía plantearía una disputa del uso del suelo: producción de alimentos o de agrocombustibles. Sin perjuicio de usar como alternativa la nuclear (limitada por el riesgo) más la eólica y la fotovoltaica, lo claro es que hay que cambiar el modo de producir, de distribuir, de transportar y de consumir energía.

Un proyecto como el de Vaca Muerta debe ser explotado, pero con limitaciones en función del impacto ambiental y porque además no todo el ingreso de divisas será de propiedad estatal sino de las compañías que participen de la exploración, explotación, transporte, ductos, obra civil, centrales de distribución, etc. Es necesaria una política de eficiencia energética global que hoy por hoy el Estado nacional no posee. Eso planteará conflictos porque no se podrá seguir construyendo del modo en que se lo hace, vendiendo electrodomésticos con la intensidad y calidad con la que se producen, sosteniendo el aumento del parque automotor y de motos como si fuera gratuito hacerlo, etc. Es políticamente incorrecto pero indispensable construir un programa de corto, mediano y largo plazo de eficiencia energética. No debe subsidiar la energía a quienes más consumen y hasta habría que limitar su derecho de consumo porque esto aumenta la necesidad de importación de combustibles. La tercera certeza es que hay familias que consumen poco o nada, otras que están en una línea media y las de mayor ingreso en una franja de sobreconsumo. Esta desigualdad debe ser corregida por una cuestión social y por necesidad de eficiencia energética.

-¿Cómo ves al fenómeno del "dólar soja", "dólar Qatar", etc?

-Fueron medidas de corto plazo adelantando la liquidación de exportaciones o sobrecargando los viajes al exterior. Significó un incremento de la recaudación en los meses que estuvo vigente y permitió sumar reservas que se destinaron a cubrir compromisos financieros públicos y privados y comerciales privados. Generó una transferencia de ingresos desde el Estado nacional hacia los exportadores y en parte desde estos a sus cadenas de valor.

-Hay corrientes "libertarias" que proponen la dolarización de la economía ¿lo ves viable?

-Es inviable y, de implementarse, a la vez desastroso. Ya lo experimentó Ecuador y estuvimos a punto de imitar ese ejemplo. Implica la renuncia del Estado nacional al diseño de política monetaria y cambiaria. Monetaria porque se trata de un signo que el país no emite y cambiaría porque elimina la posibilidad de devaluación o revaluación de la moneda local (que dejaría de existir) respecto de la moneda patrón. Si a eso le agregas el sentimiento dolarizador del argentino medio, el Banco Central siempre estaría sediento de reservas y necesitado de financiamiento en moneda que no emite para cubrir la demanda para el pago de importaciones. Esa propuesta es irresponsable y a la vez colonizadora de nuestra soberanía. Diría que dolarizar terminaría creando un nuevo signo monetario local atado al dólar para hacer posibles las transacciones como por ejemplo existe en Ecuador, donde subís al transporte público usando monedas que no son dólares, que los representan, y están acuñados en el Banco Nacional de México. Yo quiero a San Martín y Belgrano en nuestros billetes y no a Washington.

-Se debate mucho sobre planes sociales y pobreza. ¿Se deben eliminar los planes? ¿Cuáles serían los caminos óptimos para revertir los altos niveles de pobreza?

-Acá, tenemos varios problemas. El primero es que el capitalismo a nivel global y en nuestro específico caso, aun en momentos de expansión, no crea puestos de trabajo asalariados al ritmo de aumento de la población económicamente activa. En Argentina el número de personas en condiciones de incorporarse a la PEA menos las que tienen edad para jubilarse, suman 500 mil al año aproximadamente. El empleo en el sector privado registrado es de 6 millones de personas y en el no registrado 4 millones de personas; la evolución es reptante o levemente en ascenso o descenso. Es claro que el sistema económico no permite crear 500 mil empleos anuales sino en el mejor de los casos un 8% de esa cifra. Es inviable, en las actuales condiciones, aumentar el empleo asalariado al ritmo de aumento de la población. Es hora de pensar en una reducción de la jornada de trabajo junto a un conjunto de medidas de creación de puestos de trabajo en las experiencias cooperativas y de la economía popular.

El segundo es que, de los 47 millones de habitantes, casi un cuarto tiene un ingreso contenido en algunos de los programas sociales previstos en el presupuesto 2023. Es claro que su reducción, recorte o anulación pondrían en riesgo de vida a esa parte de la población, potenciando el empuje hacia economías delictivas por ausencia de demanda en el mercado formal de trabajo, tanto asalariado como autónomo. El tercero es el llamado costo argentino en materia laboral. Las empresas toman personal en función de la demanda de sus bienes y servicios, no por el marco normativo vigente. Toman personal registrado, dibujando jornada reducida, bajo condiciones de no registro, bajo contratos de evidente fraude laboral o tercerizando. Toman personal cuando lo necesitan, esto es lo que muestra la praxis, sea cual fuere el régimen normativo. Por lo tanto, ninguna disminución de contribuciones patronales ni eliminación de indemnizaciones permitirá aumentar el empleo. Esto no quita usar temporalmente el instrumento del cómputo de parte de tales contribuciones como crédito fiscal de IVA para pymes, en una tasa mayor que la vigente.

-El sistema impositivo, ¿necesita una reforma? ¿En qué áreas o con qué orientación?

-Todo sistema impositivo funciona sobre una estructura económico social. Ninguna reforma por buena y progresiva que sea modificará las condiciones de funcionamiento de la economía si a la vez no se plantea modificar esa estructura económico social. Podés diseñar el mejor sistema de equidad fiscal pero la estructura concentrada, monopolizada y extranjerizada la tornará ineficaz a poco de andar. Un diseño de desarrollo que apunte a disminuir las desigualdades sociales, regionales, entre ramas de actividad, dentro de cada cadena de valor requerirá una reforma impositiva y a la vez una armonización entre la nación y todas las jurisdicciones estatales subnacionales. No voy a detallar reformas parciales que podrían encararse porque entiendo merecería un artículo aparte.

-¿Qué opinión te merece el fenómeno de la economía digital?

-Inicialmente habría que identificar a qué llamamos economía digital. El uso de la tecnología de comunicación remota ha permitido modificar los esquemas tradicionales de compra y de venta, pero montados sobre una economía real que produce bienes y servicios. Lo novedoso de las plataformas más populares es que al brindar un servicio gratuito en lo aparente, constituye una fuente de información que permite la trazabilidad de lo que hace, piensa, consume, produce cada usuario de redes. Este objeto así creado es vendido a empresas interesadas en orientar su oferta de modo tal que es este servicio de construcción publicitaria el ingreso personal de las plataformas tradicionales. Como no se trata sólo de economía sino de la forma de construcción relacional, el campo que se ha abierto es inimaginable en su alcance por lo cual nos sigue sorprendiendo a cada paso. Entiendo necesaria la regulación en defensa de las personas en tanto consumidoras de bienes y servicios, en resguardo de la riqueza social generada dentro del país, dado el lugar jerarquizado que tienen las guaridas fiscales en la estrategia de construcción societaria de estas compañías. Pero da para mucho más en línea con lo investigado por Nick Srnicek.

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Redacción Mayo

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