El cálculo que hacen los investigadores es que la crisis sanitaria destruyó cerca de un millón de empleos.
De la presentación, en el marco de la colecta anual de Cáritas, se desprende que un 10% de la población está bajo indigencia, y de no haberse aplicado programas de transferencia de ingresos alimentarios, en sintonía con otros programas sociales, ese porcentaje se hubiera triplicado. Lo mismo con la situación de pobreza, que de julio a octubre del 2020 alcanzó el 44%, de acuerdo a la encuesta de la UCA, cifra que hubiera alzado al 51,9% sin el ingreso familiar de emergencia y llegaría a un 53% sin ningún tipo de prestación social. “Cumplen una función de alivio, necesarias en una coyuntura de pandemia, pero no necesariamente de inclusión”, aclaró Agustín Salvia, director del ODS, en referencia a la necesidad de repensar políticas para atacar las carencias estructurales o crónicas.
“No solo hay una sociedad fragmentada, no solo mercado de trabajo que no garantiza plenamente la inclusión, sino también población excluida de cualquier otra forma de trabajo en situación de pobreza extrema, eso generó el escenario sanitario de crisis de Covid-19 y crisis económica asociada de años anteriores”, agregó el director del Observatorio de la Deuda Social.
En relación con las infancias, los investigadores señalaron que a partir de 2017 se observa un incremento sostenido de la situaciones de inseguridad alimentarias, las más severas, es decir, aquellas que atraviesan los chicos cuyos padres reconocen que han experimentado situaciones de hambre. En 2020, ese porcentaje ascendió al 15,6% de los hogares, en tanto un 34% reconoció haber sufrido una merma en la cantidad o en la calidad de los alimentos que los niños reciben en sus casas.
Si de desigualdades se trata, una de ellas es la brecha en el acceso directo con la escuela durante el contexto de aislamiento. El 72% de los niños de las clases más aventajadas pudo tener una conversación directa con sus maestros (a través de plataformas virtuales), frente a un 11% en sectores sociales bajos marginales.
En tanto el informe de la UCA es integral y multidimensional, también fue un indicador de inequidades el malestar psicológico según estrato socio-ocupacional y según pobreza por ingresos. Allí tampoco cambia la ecuación: los sectores más desfavorecidos padecen mayor sintomatología de ansiedades y depresión que los sectores medio profesionales. Esa brecha se sostiene a lo largo de la última década, pero varía según los años: mientras que en 2016 se dio la mayor distancia entre uno y otro sector (36,3% de ansiedad y depresión en sectores marginales contra un 11% en sectores de clase media-profesional), durante el 2020 los sectores profesionales manifestaron malestares emocionales en un porcentaje de un 15,9%, la cifra más alta en toda la década. Y lo mismo ocurrió con el sector de clase media no profesional que trepó a un 21%, mientras que en 2010 se sostuvo en un 13,3%.
Fuente: Observatorio de la UCA
Por último, una de las desigualdades que marca el informe de la UCA se vincula con el malestar psicológico entre quienes asumen el papel de jefatura de hogar, según su seguridad alimentaria y sexo. En ese sentido, en los dos años registrados (2019 y 2020) quienes padecen mayor nivel de estrés, ansiedad y depresión fueron las mujeres pobres, jefas de hogar, lo cual evidencia no solo una asimetría en términos de ingresos, sino de inequidad de género por verse sometidas a una sobrecarga económica y emocional, en tanto asumen las funciones parentales, las tareas domésticas, las responsabilidades en la educación y el peso de ser la única fuente de ingresos de la familia.
“En todos los indicadores, los pobres presentan déficits, ostentando mayores carencias, y más allá de las privaciones económicas, laborales, educativas, suman en su bagaje la 'creencia de control', es decir, la idea de que el control solo viene dado desde afuera y no hay posibilidad de cambiarlo, de no poder tener proyectos personales, de afrontar de manera negativa el estrés y tener alta sintomatología ansiosa y depresiva”, resumió otras de las investigadoras del ODS, Solange Rodríguez Espínola.
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