Análisis del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas

La Canasta Básica Total aumentó el 51,8 % en un año

En junio, una familia tipo necesitó $66.488 para vivir. El deterioro del poder adquisitivo provocó que, aún con incipiente crecimiento económico, la pobreza haya aumentado respecto a los ya elevados niveles pre pandemia.
martes, 24 de agosto de 2021 · 17:22

El informe “Monitoreo de la Coyuntura” del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP) confirma el deterioro del poder adquisitivo en la mayor parte de la población a partir de “la evolución de las variables económicas más importantes que dan cuenta de un mercado laboral que no se recompone y un nivel de actividad aún retrasado respecto de la pre pandemia”, según destaca el equipo de investigación. 

El primer trimestre de 2021 fue el primero en mostrar un crecimiento interanual del Producto Bruto Interno (PBI) desde mediados de 2019. Aunque el dato parece alentador, vale aclarar que la comparación se realizó con un momento económico crítico, ya que en el primer trimestre de 2020 se había registrado una contracción económica del 5% interanual. La reactivación de la economía fue mayormente impulsada por el incremento de la inversión, mientras el consumo privado y el consumo público se redujeron. 

El segundo trimestre del año evidencia el impacto de la segunda ola en la evolución de la actividad económica, que volvió a registrar caídas en los meses de abril y mayo y se ubicó así un 4% por debajo de los niveles de la pre-pandemia. Si bien en junio el repunte de la producción industrial (+10,5%) y la actividad de la construcción (+6,8%) permiten anticipar cierta recomposición, el ajuste en el poder adquisitivo de los sectores populares pone límites al sostenimiento de la recuperación económica. 

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Según el estudio, durante el transcurso del último año, el sector concentrado de la economía impidió el aumento del poder adquisitivo de la mayor parte de la población. El control oligopólico de los principales mercados repercute en la formación de precios, por la posición dominante que detentan las grandes firmas en sectores claves como el de alimentos, energía y de insumos estratégicos de uso difundido (acero, aluminio, materiales para la construcción, entre otros). La primera mitad del año terminó con un importante encarecimiento en el costo de vida: la inflación no ha logrado perforar aún el piso del 3% mensual, registrando un incremento del 3,2% en junio que acumuló un 50,2% interanual y en los productos alimenticios un 53,2%. 

Para los estratos sociales de bajos ingresos el incremento de los precios de los productos esenciales fue significativo. Tanto el valor de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) como de la Canasta Básica Total (CBT) llegaron a junio de 2021 con un aumento interanual del 57,6% y del 51,8%, respectivamente. Así, el valor de la CBA para una familia tipo alcanzó los $28.414, mientras que la CBT llegó a los $66.488.

En este marco, la evolución de las prestaciones sociales ajustadas según la fórmula de movilidad (jubilaciones, pensiones no contributivas, AUH y AAFF) registró en junio una pérdida real interanual del 8,9%. Si bien en el caso de la AUH este deterioro puede haberse compensado a través del incremento y la extensión en la cobertura de la Tarjeta Alimentar, en el caso de las jubilaciones el fuerte ajuste experimentado durante la gestión de Cambiemos aún no ha logrado revertirse, e incluso se ha acentuado, más allá de los bonos que compensan transitoria y parcialmente el deterioro sufrido. Si tenemos en cuenta que la Canasta estimada por la Defensoría de la Tercera Edad en marzo de este año superó los $64.000 (último valor disponible), el haber mínimo apenas logra cubrir el 32% del consumo que necesitan las y los adultos mayores.

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Los salarios tuvieron una nueva pérdida en su poder de compra en el segundo trimestre (-0,9% en Abril, -0,5% en Mayo y -0,9% en Junio), acumulando así una caída del 4,8% en los últimos 12 meses y ubicándose un 23% por debajo de finales de 2017. Hasta junio el Salario Mínimo Vital y Móvil ($25.272) apenas cubría un 45,7% del valor de la Canasta para un trabajador sin cargas de familia ($55.320). 

 

La reactivación se produjo con menores niveles de empleo

En el primer trimestre de este año el empleo siguió recomponiéndose respecto a los meses previos: la tasa de empleo creció del 40,1% en el cuarto trimestre de 2020 al 41,6% (691 mil ocupaciones más). La generación de empleo vino acompañada de un cambio en la composición de los ocupados, expresado en una creciente asalarización y una caída del autoempleo. En este marco, disminuyó la presión efectiva sobre el mercado laboral (desocupados más ocupados demandantes).  

A pesar de este desempeño, el empleo no logró recuperar aún los niveles que registraba durante la pre-pandemia: la tasa de empleo se ubicó un 0,6% por debajo del primer trimestre 2020 (42,2% vs 41,6%), lo cual implica que a pesar de que el PBI creció un 2,5% interanual, la reactivación se produjo con menores niveles de empleo (68 mil ocupaciones menos).

Según la Cuenta de Generación de Ingreso del INDEC, los puestos de trabajo se redujeron un 2,4% en el año y las horas trabajadas disminuyeron aún más, un 3,6%. Sin embargo, en la evolución de los últimos meses se aprecia cierta recomposición del trabajo registrado que según el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) volvió a crecer en mayo respecto al mes previo (+0,2%), siendo el quinto mes consecutivo de incremento, aunque aún sin recuperar los niveles pre-pandemia. 

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Cada vez más pobres 

Luego de cuatro años de políticas neoliberales que provocaron un salto en el crecimiento de la pobreza, la irrupción de la pandemia volvió a impactar con crudeza en las condiciones de vida de la población, situación que aún no ha podido revertirse. En el segundo trimestre de 2020, el peor momento de la crisis generada por la llegada del Covid-19, la pobreza trepó al 47% de la población y la indigencia al 12,4%. De allí en adelante, si bien la economía comenzó a recuperarse, la reactivación no derramó hacia los sectores populares que, en un marco de aceleración inflacionaria y recorte de los ingresos (ya sea por el deterioro real de salarios, la pérdida de empleo o por la interrupción de medidas de contención masivas como el IFE), terminaron el 2020 con un nivel de pobreza del 45,3%.

En el primer trimestre de 2021 los ingresos tuvieron en promedio una pérdida real del 9,7% en relación con el mismo período del 2020, la pobreza se ubicó así en torno al 39,4% (nivel que si se descuenta el efecto aguinaldo, asciende al 42,2%). Casi 2,4 millones de personas, aproximadamente, se volvieron pobres, a pesar de que en el mismo período el PBI creciera un 2,5%. Resulta preocupante también el incremento experimentado en la indigencia, que en el primer trimestre de 2021 ascendió al 11,1% de la población, 0,7% por encima del cuarto trimestre y 2,5% superior al mismo período del año anterior, lo cual se traduce en que casi 1,2 millones de personas se agregaron al conjunto de quienes pasan hambre en nuestro país.

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La resistencia de los formadores de precios a las pautas de la política del gobierno nacional ha desarticulado el objetivo central de la política económica vinculado a la recuperación de los salarios e ingresos de los trabajadores y trabajadoras. La política de ajuste que se ha llevado adelante en materia fiscal y monetaria desde octubre 2020 hasta mediados de este año, si bien pudo contribuir a controlar variables monetarias, financieras y cambiarias, le ha puesto serios límites a la mejora de la situación social, la recomposición del consumo y la reactivación económica. 

Ante este escenario, la gravedad de la situación social exige abandonar la excesiva prudencia fiscal adoptada hasta el momento para recomponer los ingresos en el mercado interno. La revisión al alza de las paritarias y la decisión de adelantar los aumentos previstos para el Salario Mínimo constituyen medidas necesarias para compensar al menos parcialmente la pérdida experimentada por los salarios. Será necesario además impulsar la demanda para inducir la utilización de la capacidad ociosa, lo cual requiere políticas redistributivas y un efectivo control del sistema de precios.




 

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