CONDICIONES DE EMPLEO

Del home office a la Ley Monotech: posibilidades y límites del trabajo digital en la Argentina

¿Cuál es la situación a dos años de la reglamentación de la Ley del Teletrabajo? La iniciativa del monotributo tecnológico y un fenómeno en crecimiento que preocupa al empresariado local: talentos argentinos que trabajan para compañías del exterior. El debate sobre la conectividad y la participación del sector del cooperativismo.
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15-04-2023
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Las vidas laborales de un bróker de seguros, un ilustrador de juegos de mesa o un ingeniero de software parecen completamente diferentes. Los tres trabajan en sectores distintos de la economía, con objetivos, tareas y condiciones dispares. Sin embargo, tienen en común el hecho de que su actividad está atravesada, cada vez más, por la producción y uso de tecnologías digitales y ya no necesitan de la oficina, ni las distancias geográficas resultan un problema. El trabajo en la actualidad desafía tanto las regulaciones nacionales, como los procesos productivos y organizativos de las empresas y, al mismo tiempo, las trayectorias y la vida cotidiana de trabajadores y trabajadoras. 

Aunque algunos autores hablan de sociedad de la información, otros de capitalismo informacional o de economía del conocimiento, incluso hay quienes presentan matices sobre los conceptos de trabajo digital o trabajo informacional, todos acuerdan de que las tecnologías digitales e Internet juegan un rol decisivo en la instancia productiva y en las rutinas de trabajo en el contexto actual. La pandemia por Covid-19 precipitó procesos de relaciones laborales a la distancia y llevó a países como Argentina a modificar sus leyes de contrato de trabajo.

El 1 de abril del 2021 entró en vigencia la Ley del Teletrabajo (N° 27.555) que busca garantizar para quien hace trabajo remoto igualdad de derechos salariales y sindicales y establece la desconexión digital, la intimidad y protección de datos, la reversibilidad de la modalidad en cualquier momento de la relación laboral, la obligación del empleador a proveer herramientas y asumir los costos de instalación, mantenimiento y reparación, entre otros puntos. 

La mayoría de las investigaciones sobre este tema resaltan las oportunidades de esta modalidad de trabajo que permite disminuir los costos de operación, especialmente el consumo de energía y los gastos por traslado, también permite mayor flexibilidad temporal y aliviar la logística familiar y laboral. Asimismo, destacan que la incorporación de esta modalidad trae consigo incrementos en los niveles de eficiencia y lo que contradice el mito de que los empleados están menos comprometidos por trabajar desde la casa. 

Del lado empresarial, algunas cuestiones se ponen en disputa: una de ellas es la creación del Registro de Empresas con Modalidad de Teletrabajo puesto en vigencia a fines del año pasado, en el marco de la Ley 27.555. En ese registro deberán figurar como empleadoras las compañías que contraten teletrabajadores, “acreditando el software o plataforma a utilizar e informando la nómina del personal que teletrabaje, debiendo comunicarlo ello ante cada alta producida o de manera mensual”. Para algunos empresarios la cuestión de tener que actualizarlo cada mes complejiza la dinámica y encarece los costos. El trámite, de todos modos, es sencillo de realizar (se resuelve en siete pasos) y se inicia desde la página oficial del Ministerio de Trabajo. Por el momento, desde la cartera no dieron detalles de cuántas empresas se registraron a seis meses de la apertura; sin embargo, desde la Dirección Nacional de Nuevas Formas de Trabajo reconocen que el trabajo remoto y la modalidad híbrida gana adeptos en los empleadores y entre el personal. 

Ahora bien, el home office no escapa de las tendencias generales de control de la fuerza de trabajo y de precarización. Especialmente en los primeros dos años de implementación, obligados por la pandemia, implicó en muchas actividades un incremento de las jornadas de trabajo y solapamiento con las tareas en los hogares, que recayó con más fuerza en las mujeres trabajadoras. El teletrabajo, en contextos de flexibilización laboral como el nuestro, puede profundizar una ruptura con la correspondencia dada entre cuidado y esfera privada. 

Talentos de exportación

La Ley de Teletrabajo regula a trabajadores formales y deja afuera a quienes realizan tareas freelance (de modo ocasional). De hecho, este último punto fue uno de los cuestionamientos del sector empresarial: la fuga de talentos, sobre todo en las  actividades comprendidas en la industria del conocimiento, como la industria del software, producción audiovisual, nanotecnología, inteligencia artificial, entre otras. Se trata de uno de los sectores con mayor crecimiento en los últimos cinco años, que representa un 8% de las exportaciones argentinas, el 22% del PBI del país, y ocupa a más de 437 mil personas. Las empresas de economía del conocimiento pusieron la alerta en la exportación de profesionales que prefieren trabajar para firmas extranjeras y cobrar en dólares. “Para las empresas nacionales que pagan costos laborales e impuestos es una competencia desleal medirse contra la informalidad de los freelancers que trabajan por fuera del sistema económico local”, afirmó Sergio Candelo, de la Cámara de la Industria Argentina del Software .

Es que Argentina ya es el tercer país en el mundo más atractivo para contratar talento remoto y el primero en América Latina, por encima de Brasil y Colombia. Motivados por las posibilidades tecnológicas, pero también por la brecha cambiaria, son cada vez más los jóvenes que buscan trabajo afuera. Hay otro dato, un poco más alentador, especialmente en el sector de la llamada economía del conocimiento: “Tenemos un crédito por la calidad de trabajo que entregamos, el desarrollo, y la producción científica y tecnológica. Argentina compite muy bien en estos rubros”, destaca Luis Galezzi, director ejecutivo de Argencon, la primera entidad del país que nuclea a empresas prestadoras de servicios de todos los verticales de la Economía del Conocimiento. ¿Cuál es el costado negativo a ese ranking? “Nos falta estabilidad, posibilidad de tener políticas continuas y la brecha cambiaria que complica el desarrollo de negocios. Tenemos posibilidades muy grandes, porque hay una participación cada vez mayor en ese mercado global, pero por otro lado barreras concretas para afincar ese valor en Argentina. Mucho de ese valor se fuga a otros países donde germinan mejor”, resume Galezzi.

La tentación de salir del ecosistema formal y trabajar individualmente es tan grande que Argentina exporta en millones de dólares cinco veces menos que Polonia, un país con población parecida a la argentina y un nivel universitario similar. “La fuga de ese talento es un problema para las empresas, pero también para el sector público, porque esos trabajadores no tributan, están en el mercado negro. Es la principal debilidad que tiene hoy nuestra industria. Y no es solo un problema de fuga de programadores. Afecta a todo el ecosistema de la economía de conocimiento”, sostiene Galezzi. El dato es contundente: 1800 millones de dólares durante 2022 se han ido por el mercado negro, es decir, un tercio del mercado oficial. En ese punto, la Ley de Economía del Conocimiento  (en la cual ya hay más de 650 empresas inscriptas) es “un paso inicial y positivo pero no suficiente, porque tiene que haber una visión estratégica a largo plazo”, además de “condiciones básicas como la conectividad”, agregó el director de Argencon.

Por otro lado, en febrero pasado se dio media sanción a la Ley de Monotributo Tecnológico, conocida como “Ley Monotech”, que permitiría a freelancers y gamers regularizar su situación y facturar hasta 30.000 dólares anuales sin necesidad de liquidarlos en el mercado de cambios. Desde el Sindicato de Trabajadores Informáticos manifestaron su apoyo a la iniciativa porque “podrá retener nuestros talentos en el país y, además, al evitar una triangulación financiera, contribuye a la economía nacional y a la acumulación de divisas”, destacó Ezequiel Tosco, secretario general de la Asociación Gremial de Computación (AGC). El proyecto apunta a programadores, informáticos, docentes universitarios, gamers, arquitectos, guionistas, traductores y todas aquellas trabajadoras y trabajadores freelance que exporten servicios basados en el conocimiento.

Mientras que desde el sector privado rechazan la medida porque creen que “aumenta aún más las posibilidades de fuga de talentos” en detrimento de las empresas locales, desde el gobierno sostienen que la Ley Monotech, impulsada por el ministro de Economía Sergio Massa, regularizará la situación de miles de trabajadores jóvenes.  La subsecretaria de Ingresos Públicos, Claudia Balestrini, mencionó como ejemplo a los gamers profesionales y  definió la incorporación de la actividad E-sport como un “universo muy atractivo e incipiente y que no se había tenido en cuenta hasta este momento . Es un incentivo para los jóvenes de incorporarse a una economía formal”.

Es probable que, si la Ley Monotech se aprueba, inicie el mismo camino que la ley de Teletrabajo, la cual permite a futuro proyectar propuestas incluso superadoras a la letra misma de la norma que, por las condiciones particulares y de emergencia en que se enmarcó, tuvo como horizonte inmediato canalizar las situaciones de teletrabajo entre organizaciones y trabajadores que pasaban de una situación de presencialidad a la virtualidad, en medio del aislamiento por la pandemia.

El teletrabajo es un potencial para articular las necesidades heterogéneas de los distintos territorios del país. Tal como publicó COLSECOR en el marco del día internacional de cooperativismo “el teletrabajo puede permitir al productor o prestador federalizar sus procesos de producción y localizar las mejores capacidades para desarrollar sus procesos, contratando empleados y empleadas, insumos y servicios en distintos lugares de la vasta geografía argentina, siendo así el teletrabajo una condición de expansión para las empresas y organizaciones estatales, pero especialmente para las cooperativas que tienen anclaje con lo local desde antaño”.

Más allá de las posibilidades que habilitan estas leyes e iniciativas, el escenario de transformaciones, brechas digitales y posicionamiento desigual entre patronales y trabajadores es tal que convoca al Estado a reconocer y compensar con políticas específicas el compromiso de sectores como el cooperativista que reinvierte la renta de sus actividades comunicacionales en el propio sector, impulsando un circulo virtuoso y genuino para la comunidad en general. Es dable recordar que cada vez que el sector privado o estatal no pudo o no quiso, fueron las cooperativas las que conectaron pueblos y ciudades y lo han hecho silenciosamente y con resultados exitosos tanto en términos de inclusión social, cobertura, participación social y servicios de alta calidad. En general, las cooperativas que operan en zonas comercialmente menos atractivas lo hacen a precios inferiores y con un tipo de tecnología superior a la del prestador dominante a nivel nacional. En forma paralela al debate de la economía del conocimiento y el trabajo digital que se exporta, es necesario dar continuidad a otro debate: la necesidad de servicios de articulación y conectividad adecuados.