PANORAMA POLÍTICO

Subsidios: tras dos años de expansión en el AMBA, ¿se viene el recorte federal?

A las puertas de un ajuste severo en los aportes nacionales a los servicios públicos, las inequidades entre el AMBA y el interior del país emergen con fuerza en el escenario político. Por Virginia Guevara
jueves, 3 de marzo de 2022 · 15:22

Para recorrer el mismo trayecto en un colectivo urbano, un porteño paga $18, un salteño de Tartagal abona $70 y un bonaerense de Necochea tiene un boleto de $80. Por el mismo consumo de energía de 300 kw, un cliente bonaerense de Edesur paga $1.308, mientras que un cordobés le abona a Epec $4.052 mensuales.

A excepción de Horacio Rodríguez Larreta, Axel Kicillof y los intendentes del AMBA, todos los demás gobiernos locales del país deben gestionar el sistema de saneamiento e invertir en cloacas. Del mismo modo, casi todas las demás provincias asumen las inversiones y la operatoria del servicio de agua potable. En el AMBA a todo eso lo hace Aysa, la empresa nacional que no aumenta las tarifas desde 2019 porque a sus inversiones las paga la Nación, que además le transfiere cifras astronómicas. Resultado: en el interior, donde los aumentos nunca cesaron, las facturas de agua llegan a multiplicar por cuatro a las de CABA y el Gran Buenos Aires.

Los trenes de pasajeros son el servicio más subsidiado de país. Más del 90% de esos trenes circulan en el AMBA. A excepción del gas natural –el único servicio con niveles de subsidio similares en todo el mapa, aunque mayores en las zonas frías– las diferencias entre el AMBA y el interior del país son abismales y crecieron en lo que va del gobierno del Frente de Todos.

 

Tres puntos del PBI

Las inequidades aumentaron tanto como el monto global que insumen los subsidios. Tras un proceso de ajuste sistemático aplicado durante el gobierno de Mauricio Macri, cuando asumió Alberto Fernández los subsidios demandaban 1,6 puntos del PBI. Hoy insumen casi el doble –fueron unos 14 mil millones de dólares en 2021– y la parte mayoritaria de ese incremento se volcó al AMBA: fue un aumento unitario, destinado mayormente al electorado del Frente de Todos. Ahora que el acuerdo con el FMI exige un ajuste severo de los subsidios, la Nación proyecta un recorte federal.

Cuatro años después, todo vuelve al mismo lugar. A mitad del gobierno de Macri, durante el período del recorte más abrupto de los subsidios, la debilidad que Cambiemos tenía en el Congreso hizo que los gobernadores del interior impusieran su criterio: las tarifas subieron mucho más en el AMBA que en las provincias.

 

Además, el interior logró en aquella época que la ciudad y la provincia de Buenos –los dos principales distritos electorales de Cambiemos– aceptaran de mala gana hacerse cargo de Aysa, Edenor y Edesur. La formalización de esos traspasos fue tan resistida que al final de la gestión Macri aún no estaba resuelta del todo. No obstante, las transferencias a esas empresas se redujeron y la brecha entre el interior y el AMBA se achicó también, porque los aumentos fueron explosivos para porteños y bonaerenses. El impacto político de esa decisión fue demoledor para el macrismo.

 

Marcha atrás

Tras asumir, el Frente de Todos emprendió a toda velocidad el camino inverso. Hoy los subsidios volvieron a ser un problema fiscal enorme –su reducción fue exigencia más urgente del FMI– y las distorsiones geográficas volvieron a ser indigeribles para el interior. El kirchnerismo tiene plena conciencia de que se viene un problema político complejo y esa circunstancia fue la que demoró mucho más de lo previsto el envío al Congreso del acuerdo con el Fondo.

Otra vez, las provincias exigen que se resuelva en un contexto de ajuste la inequidad que casi nadie cuestionó en el tiempo del alegre revoleo de recursos nacionales.

Tal como lo hicieron con Macri, “los gobernadores” –este es el único tema de la agenda política que supera diferencias partidarias y vuelve a darle alguna entidad a esa categoría casi inexistente– exigen que el ajuste se aplique con más intensidad en el AMBA. Como en 2017, el Gobierno vuelve a estar débil en el Congreso. Igual que hace cuatro años, es el cordobés Juan Schiaretti quien encabeza esa cruzada, a la que se plegó rápidamente el jujeño Gerardo Morales, que además preside la UCR. Más allá del alineamiento con Alberto Fernández, muchos gobiernos provinciales peronistas avalan el mismo reclamo porque son los que deberán aumentarles a sus votantes.

 

Alineamentos alterados

Que ninguno de los gobernadores de Juntos por el Cambio haya acompañado los reclamos de Rodríguez Larreta luego de que la Nación le recortara unilateralmente los subsidios extraordinarios que recibían 34 líneas de colectivos urbanos de CABA es una clara señal de ese estado de situación. En el interior del país, ninguna capital recibía esos aportes, que se basan en el concepto constitucional de interjurisdiccionalidad, una figura bajo la que todos los gobiernos nacionales disfrazaron la discrecionalidad a favor del AMBA. Macri lo hizo para beneficiar a la ciudad de Buenos Aires y Alberto Fernandez, para contener los precios del Gran Buenos Aires.

Los proyectos de ley empezarán a ingresar al Congreso en las próximas semanas. El primero será el de los legisladores schiarettistas, que buscarán imponer el boleto federal, una iniciativa que consiste en que todos los recursos que ponga la Nación en subsidios al transporte se distribuyan con un único criterio en todo el país. En 2021 Amba se quedó con el 85% de los recursos. Con este criterio “federal”, le correspondería el 60%, y el 40% restante iría a todo el resto de las provincias.

El traspaso de Edenor, Edesur y Aysa también figura otra vez en la agenda de “los gobernadores”. Nada de esto estará ausente en la complejísima discusión que se abre con la llegada al Congreso del acuerdo con el FMI. Está claro que las facturas subirán en todo el país, el interior pretende que lo hagan más en el AMBA.

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