En 2021 hubo 241 asesinatos en Rosario: la tasa de homicidios llegó a 20,5 muertes cada 100 mil habitantes. En Córdoba, la ciudad argentina que más se le parece, los homicidios el año pasado fueron 51: Rosario casi la quintuplicó. En la ciudad de Buenos Aires hubo 3 homicidios cada 100 mil personas: Rosario la septuplicó.
El primer cuatrimestre de este año fue peor: hubo 97 asesinatos en Rosario, 20 por ciento más que en igual período del terrorífico 2021. A la seguidilla de ejecuciones y balaceras se le sumaron 3 triples crímenes que incluyeron a niños y a mujeres embarazadas.
Según la información del Ministerio Público de Santa Fe, 6 de cada 10 de esos crímenes ocurrieron en contextos de violencia narco. Ráfagas de balas desde motos, extorsiones sistematizadas, bandas integradas por efectivos policiales, extendidas tramas de lavado, cárceles que se transformaron en búnker de los capos narco y calles descontroladas. Como si fuera una ciudad mexicana, pero frente al Paraná y a 300 kilómetros de la Casa Rosada.
¿Qué pasaría si algo semejante sucediera en Buenos Aires? Esto ocurre hace más de una década en Rosario, y no pasa nada. La agenda del poder nacional ignora de forma persistente y absoluta lo que ocurre en esa ciudad: sus habitantes quedaron presos de la guerra de bandas de narcotraficantes que se desató desde 2013 y del largo dejar hacer de la política santafesina.
Hace 10 años que Andrés ?Cuervo? Larroque gritó ?narcosocialismo? en la Cámara de Diputados. Pero hace dos años y medio que gobierna el peronismo en Santa Fe, que ya cambió ocho cúpulas policiales por sospechas de complicidad o confirmación de impotencia frente al narcotráfico. En la última década se sucedieron miles de muertos, jefes policiales narcos, 14 impactos de bala en la casa del entonces gobernador Antonio Bonfatti y vínculos probados entre la política, el juego clandestino y el narcotráfico: nada mereció la atención nacional. Ninguna noción de federalismo que supere el envío de la coparticipación rige en Rosario.
La Nación lo mira por TV
El récord de muertes de abril pasado irrumpió en la televisión nacional. El intendente Pablo Javkin ?en carrera hacia la Gobernación? comenzó a alzar la voz y reclamó que la Nación envíe los 1.575 gendarmes prometidos un año atrás y el ministro Aníbal Fernández le respondió que buscaba ?ventaja politiquera?. El 2 de mayo se sumaron a la escena el presidente Alberto Fernández y el gobernador Omar Perotti: hubo una renovada promesa de gendarmes, de más juzgados federales y de obras de urbanización de villas miseria. Eso ya había pasado muchas veces.
10 días después ocurrió en Rosario un hecho inédito: la Corte Suprema de Justicia y un centenar de jueces y fiscales federales de todo el país se convocaron en medio de un descomunal operativo de seguridad para apoyar a los magistrados que avanzan en causas contra el crimen organizado. El titular de la Corte, Horacio Rosatti, sostuvo que no será posible enfrentar al narcotráfico mientras no haya decisión política: lo escuchaban Perotti y Javkin. El Gobierno nacional interpretó que fue un acto opositor.
Lo real es que esa presencia fue la señal más sonora de un poder del Estado nacional hacia Rosario en años.
Un mes después las respuestas concretas son escasas: de todo lo prometido por el Gobierno, sólo llegaron en la primera semana de junio 200 nuevos agentes de Gendarmería. En la Justicia federal de Rosario siguen vacantes 10 de los 28 cargos de magistrados. Mientras tanto, en el transcurso de mayo hubo 24 homicidios más.
El resto del país mira a Rosario como si fuera una ciudad mexicana. El Gobierno nacional ni siquiera mira: las rutas 12 y 34; la hidrovía; los puertos de Rosario, San Lorenzo y Puerto San Martín y las cárceles del Servicio Penitenciario Federal desde donde operan los líderes narco, todo eso es territorio de descontrol nacional en Santa Fe. La Provincia y el municipio no pueden hacer casi nada en esos puntos, que son los neurálgicos.
Lo que el submundo rosarino muestra sobre las cárceles es inverosímil: son verdaderas oficinas del narcotráfico. El escritor y periodista Osvaldo Aguirre publicó en Redacción MAYO que Ariel ?Guille? Cantero, el jefe de la banda Los Monos, acumula 96 años de prisión por ocho condenas, seis de las cuales corresponden a delitos cometidos en el transcurso de su detención. De lo que ocurre dentro de un establecimiento penitenciario no hay otro responsable que el propio Estado.
Dejar hacer
En 15 años de avance permanente del narcotráfico, la política santafesina ni siquiera fue efectiva a la hora de pedir ayuda: la pasmosa inacción ante esa tragedia que excede por completo las capacidades y las jurisdicciones provincial y municipal fue una constante.
Santa Fe no intentó siquiera estrategias que en el resto de las provincias se cuestionan por insuficientes. Por ejemplo, la intervención de la Justicia y la Policía provinciales en la persecución del narcomenudeo, de modo que los escasos Tribunales federales no terminen tapados de causas menores y puedan dedicarse a controlar el narcotráfico.
En la Justicia de Córdoba hace una década que existe un fuero provincial ?tres fiscalías específicas en Córdoba Capital, fiscalías móviles en las 13 ciudades más importantes del interior? para perseguir la venta minorista y un cuerpo policial específico. Además de Córdoba, tomaron jurisdicción en la persecución del narcomenudeo Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes, Santiago del Estero y Chaco: son todas las provincias limítrofes con Santa Fe, que ven a Rosario cada vez más cerca. Santa Fe nunca lo consideró necesario.
