El atentado contra Cristina Fernández de Kirchner que dejó al país a un paso de la tragedia y de la convulsión política irremediables también dejó a la dirigencia argentina ante la posibilidad de demostrar que no es eso lo que está buscando. Lo real es que debe demostrarlo ahora: el mega ajuste que lleva adelante Sergio Massa es una prueba muy exigente para un país carcomido por la pobreza y un desafío doble para el peronismo en el poder.
Las dos semanas en las que todo el país se redujo a Recoleta y la pulseada entre la Policía Federal y la Policía de la Ciudad de Buenos Aires que terminó dejando la seguridad del domicilio de la vicepresidenta en manos de militantes y que la expuso a la inseguridad total son la antesala del ataque demencial que sufrió Cristina Fernández. Los discursos de odio creciente, la apuesta permanente a la destrucción del adversario y la sistemática denostación de la Justicia son los pasos previos que dio la dirigencia nacional. Cristina Fernández es la víctima del ataque y es también la figura central de esa escena degradada de la institucionalidad argentina.
Tras la imputación de la vicepresidenta en la causa Vialidad la discusión nacional se mudó a Recoleta y se limitó a las vallas de Horacio Rodríguez Larreta, a la autonomía de “la ciudad”, a la suciedad que dejan las manifestaciones en las callecitas de Buenos Aires y a los porteños fiscales amigos de Mauricio Macri contra los jueces amigos del kirchnerismo. No hubo más que eso en dos semanas.
La agenda política nacional que durante dos años y medio estuvo cimentada en el AMBA, se limitó a Recoleta.
Todo el resto del territorio nacional conforma otro país -como casi siempre, pero más que nunca- donde las señales que se perciben son el brusco freno de la reactivación, las dificultades en el acceso a insumos para la producción por la falta de dólares, la inflación que no encuentra freno en los alimentos que constituyen el principal consumo popular y el avance de un silencioso ajuste del gasto público que es completamente federal.
En el interior del país, la vigilia de Recoleta se observó como una pantalla porteña para ocultar ese proceso que el kirchnerismo prefiere no mirar. El intento de homicidio de la vicepresidenta alteró esa percepción, pero no modificó la realidad socioeconómica: el ajuste que recién ahora comienza a aplicarse sigue siendo el telón de fondo.
El primer mes de Sergio Massa en el ampliado Ministerio de Economía deja como saldo la reducción de subsidios que está empezando a regir en todo el país, más trabas cambiarias, y una baja de la emisión que obligó a un recorte nominal de partidas por 128 mil millones de pesos. Esos recursos se restarán a obras en los municipios y a dos programas insignia del kirchnerismo: el Conectar Igualdad del Ministerio de Educación y el Procrear para vivienda.
Se reducen partidas como la de construcción de jardines de infantes y en todo el país hay discapacitados que reclaman por coberturas caídas, mientras los gobiernos provinciales descuentan que habrá una reducción abrupta en el envío de los recursos no automáticos y en cascada comienzan los aumentos del transporte urbano e interurbano en todo el país por el congelamiento de los subsidios nacionales.
Más allá de los tijeretazos puntuales, la cirugía mayor que está aplicando silenciosamente Massa se guarece en la licuación que supone la inflación descontrolada en un país sin presupuesto, que sigue funcionando con las partidas de 2021.
Los discursos no logran acomodarse a la nueva realidad impuesta por Massa y todo parece en contramano. El cristinismo, que resistió durante un año los intentos del exministro Martín Guzmán bajo acusaciones de neoliberalismo, ahora no cuestiona el ajuste más profundo y ortodoxo que se aplica en defensa del cumplimiento de las metas acordadas con el Fondo Monetario Internacional.
Juntos por el Cambio, que durante dos años condenó de forma sistemática el déficit fiscal que sostenía al “populismo”, la maquinita, el festival de subsidios y el dispendio de fondos públicos, ahora se espanta por el “tarifazo” y los recortes. Como si nada tuvieran que ver con el acuerdo con el FMI que avalaron en el Congreso, ni con los 45 mil millones de dólares que Mauricio Macri le pidió a esa entidad en 2018.
Massa asumió una tarea que el kirchnerismo siempre apostó a dejar en manos de terceros. El ajuste que supone la segmentación tarifaria está estimado en 45.000 millones este año y en 455.000 millones en 2023, cuando las facturas de los servicios chocarán de frente con las necesidades electorales. No son muchas las ocasiones de la historia en que el peronismo en el poder aplicó un ajuste: lo hizo solo cuando se encontró frente a un precipicio.
Si la dirigencia política no da un paso atrás en la permanente instigación al caos y a la desestabilización, al dramatismo económico, le puede sumar violencia política. Se pudo constatar en Recoleta.
