"Un derecho al ambiente sano. Que los negocios y el consumo de algunos no comprometan la calidad de vida de todos". Buen clarito, así resumen desde la organización Jóvenes por el Clima (JOCA) lo que el artículo 41° de la Constitución Nacional establece con todas las letras: "Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo".
"El derecho al ambiente sano es amenazado de muchas y distintas maneras, y son preocupaciones por las que junto con otras instituciones estamos trabajando", dice Julieta Graffigna Castro, integrante de JOCA, organización ambientalista que reconoce en la activista sueca Greta Thunberg un referente ineludible en la lucha por reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
Para acceder a ese derecho básico, ven que un punto importante pasa por la educación ambiental, "que va más allá de la mera realización de campañas públicas sino por hacer conscientes las acciones y que en el día a día las cosas vayan cambiando desde los distintos roles que cada uno ocupa”.
“Lógicamente necesitamos respuestas políticas a nivel macro, pero también es necesario educar a la sociedad. Entender que nos incumbe a todos. Esto merece ser un pedido social”, apuntó la dirigente que integra la Comisión de Incidencia Política de la organización.
Para Julieta, que es cordobesa y oficia como nexo de JOCA ante la Mesa de Derechos Humanos de la provincia mediterránea, otro derecho clave en materia ambiental es la participación ciudadana, algo que las leyes establecen claramente pero que hacerlo operativo y accesible resulta más complicado de lo que parece.
“Entre otras cosas, porque no es tan de público conocimiento saber cómo hacer para hacerse escuchar públicamente", acota en un interesante juego de palabras. A modo de ejemplo, menciona las asambleas de vecinos y de instituciones que objetaron la construcción de autovías en los valles cordobeses de Punilla y de Paravachasca, cuyas voces resonaron fuerte en los medios y quedaron atrapadas en la polémica.
En opinión de la activista, la educación ambiental es una deuda pendiente también entre la dirigencia que toma decisiones para que las medidas vayan en sintonía con una mejor calidad de vida del conjunto, "y eso implica actitud política para evitar incendios, procurar más áreas verdes, aire más limpio y ríos mejor cuidados".
Tres urgencias
En la agenda nacional aparecen tres demandas concretas: la urgente sanción de la Ley de Humedales, revisar las condiciones de la megaminería y el actuar ante el flagelo de los incendios forestales, vinculados con las condiciones climáticas pero también con la autorización de desarrollos inmobiliarios y la extensión de la frontera agropecuaria a cualquier precio.
“En la perspectiva de JOCA, esos son los tres temas que necesitamos que se tomen en cuenta y que se les dé la importancia que merecen. Nos preocupa la pérdida de biodiversidad y el escaso mantenimiento de las áreas protegidas. No quiero ser autorreferencial, pero en Córdoba se sabe que queda el 3% de bosque nativo”, agrega, al tiempo que señala más alertas rojas en la calidad del agua y en el aumento de la temperatura.
“Los extremos a los que estamos llegando es algo que ya todos podemos notar”, asevera.
Bien, pero falta
Si en la actualidad hay un tema global, transversal, es justamente la defensa del ambiente que atraviesa horizontalmente la preocupación social, sin atender cuestiones generacionales ni de pertenencia partidaria. No hay “grieta” con el ambiente. O mejor dicho, en todo caso, la grieta divide las aguas entre los que están o no a favor del uso sustentable y el acceso equitativo a los recursos naturales.
¿Cómo está Argentina con relación al resto de los países de la región en cuanto a los Derechos Humanos Ambientales? La que responde es Dana Oyarzábal, integrante también de JOCA, y referente de la organización en la 27° Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, realizada en noviembre último en Egipto (conocida como COP 27), donde pudieron poner en común los compromisos de cada país frente a la emergencia climática. Según Dana, sería necesario un estudio comparado a fondo para definir cómo se ubica Argentina en el concierto internacional, pero es evidente que hay avances significativos y también dudas pendientes.
“Porque, por un lado, sabemos que el Estado argentino tiene sus falencias en cuanto a la garantía de Derechos Humanos ambientales ya que hay cientos de pueblos fumigados y comunidades contaminadas como consecuencia de actividades productivas que evidentemente vulneran el derecho al ambiente sano. Sin embargo, debemos reconocer que el año pasado se ratificó el Acuerdo de Escazú en gran parte de Latinoamérica”, destacó la dirigente.
El mencionado acuerdo, firmado en Costa Rica en 2018, ya había sido incorporado hace tiempo al marco normativo nacional. Pretende garantizar en toda la región los derechos de acceso a la información ambiental y la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales, contribuyendo a que las generaciones presentes y futuras puedan vivir en una ambiente sano y sostenible.
“Es decir, en materia de Derechos Humanos Ambientales estamos bien en comparación de algunos otros países, pero debemos estar constantemente trabajando para que estos sean prioritarios y ganen cada vez más terreno de importancia”, concluyó Oyarzábal.
Defensores en riesgo
El último informe de Global Witness, organización internacional que busca "romper el círculo vicioso de pobreza, conflictos, corrupción y violación de los derechos humanos en el mundo", detectó que en el último año murieron unas 200 personas defensoras de los derechos del ambiente.
Sobre el tema, Graffigna Castro señaló: "Hoy el ambiente es un tema sumamente político y social. El ambientalismo cuestiona cómo nos manejamos, cómo producimos, cómo nos movemos. Si no cuidamos donde vivimos, no sólo vamos contra el ambiente sino que estamos yendo en contra de nosotros mismos. Las nuevas formas de desarrollo son posibles, y causan debates, diferencias. Lamentablemente ocurren estos hechos que ojalá haya cada vez menos, en los que defender el ambiente se vuelve una profesión de riesgo".
