Fotos Sub Cooperativa de Fotógrafos
El sol del jueves 25 de agosto de 2016 amaneció en Córdoba con instinto de metáfora. Se desplegaba esplendoroso sobre el cielo del Parque Sarmiento, como si hubiera llegado el día final de frío y oscuro invierno. Acaso se sentía como un largo invierno de cuatro décadas.
Y fue cuando llegó a lo más alto, en pleno cielo del mediodía, que un estremecimiento sacudió a la multitud de unas diez mil personas que se habían reunido al pie del alto edificio de Tribunales Federales: al cabo de tres años y ocho meses (354 audiencias, 716 víctimas, medio centenar de imputados, 281 testigos), el juicio por los atroces crímenes cometidos en La Perla y otros centros clandestinos de detención de Córdoba pronunciaba su primera condena.
El juez Jaime Díaz Gavier, presidente del Tribunal Oral Federal Número 1 levantó sus ojos, buscó los del asesino Luciano Menéndez y le dictó la sentencia, el estremecimiento del Parque llegó hasta la intimidad de una sala de audiencias repleta.
El general que había tenido en su puño la vida o la muerte de los cordobeses y de los habitantes de otras provincias recibía una nueva condena a prisión perpetua, pero esa vez en el juicio más largo que se había llevado a cabo en el interior del país. La conocida como la “megacausa” La Perla condenó a perpetua a otros 27 imputados, de los 43 que quedaban al final de todas las instancias.
Los impactantes números de la “megacausa” revelan la escalofriante dimensión que alcanzó la represión en Córdoba, una ciudad que desde mediados del siglo 20 se convirtió en un centro de confluencia de provincianos venidos desde distintos puntos de la geografía argentina.
Por lo demás, no fue el único juicio por crímenes de lesa humanidad realizados por hechos sucedidos en la provincia: desde el primero, realizado en 2008, han pasado una docena de procesos. Y en cada proceso no sólo se trata de condenar una y otra vez a los asesinos, sino también de darles el amparo de la verdad a las víctimas. Sólo la Justicia pudo hacerlo posible. Y lo hizo con respeto a las garantías de la ley, como del que gozaron los represores.
Todo lo que se diga del infierno no es el infierno; sólo aquellos que lo han atravesado han sentido cómo quema su ardor en la piel, en el aliento, en los ojos, en los oídos, en la nariz y, sobre todo, en esa imprecisa, inaprensible y dolorosa sustancia de la condición humana que a veces suele llamarse alma.
Esos son los sobrevivientes, los que enfrentaron el tremendo dolor intacto en sus alientos, y con sus testimonios marcaron el rumbo del gran juicio.
Pesado rencor
Córdoba había sido señalada por un pesado rencor por parte de las Fuerzas Armadas y de los poderes que las asistían y se valían de su rigor para llevar adelante dictaduras contra los derechos del pueblo. Ese rencor tenía una fecha especial: el 29 de mayo de 1969, cuando se desató aquella gran reacción popular llamada “Cordobazo”, que debilitaría la “Revolución argentina” encabezada por el general Juan Onganía, hasta hacerlo caer un año después.
Luego, apenas dos años después, otro movimiento popular sacudiría a la ciudad: “El viborazo”. Fue en respuesta al interventor José Camilo Uriburu, quien pronunció su temeraria frase: “Confundida entre la múltiple masa de valores morales que es Córdoba, por definición, se anida una venenosa serpiente cuya cabeza quizá dios me depare el honor histórico de cortar de un solo tajo”.
Uriburu cayó, pero aquel rencor pesado se quedó agazapado, rumiando violencia extrema a la espera del próximo zarpazo.
Menéndez llegó como general y comandante del Tercer Cuerpo de Ejército en septiembre de 1975. El clima nacional se había vuelto una espesura cliente y faltaban unos pocos meses para el golpe de marzo de 1975.
Entonces, la más sangrienta de las dictaduras de la historia argentina, la que espantó al mundo entero, asumiría un ensañamiento especial con la provincia de Córdoba, en especial con la capital.
Desde la gran conmoción industrial de mediados del siglo 20, la ciudad se había convertido en un gran centro de reunión de energías obreras de la provincianía argentina.
Mientras tanto, la Universidad Nacional, que durante más de tres siglos había formado a las clases dirigentes del interior, también recibía a hijos de obreros venidos de distintas partes del país, que con las nuevas condiciones podían aspirar a dar el gran salto de una generación a otra.
Y mientras una intensa vida cultural se abría camino, la Córdoba de finales de los '60 y comienzos de los '70 contenía a los trabajadores industriales mejores pagos. Algunos suelen presentar este aspecto como algo contradictorio, aunque lo que en realidad generalmente ocurre es que una vez resueltas las reivindicaciones elementales, el paso que sigue es sumarse a la discusión por las grandes decisiones políticas.
El rencor a esa identidad industrial y el servicio a otros intereses particulares quedaría patentado en 1980 con el cierre de IME, la fábrica del Rastrojero, que entonces tenía tres mil empleados y una presencia dominante en el mercado de las pickup diesel.
Córdoba ya no volvería a ser la misma después que Menéndez le quitara la respiración.
No sólo mandó a secuestrar, torturar, asesinar y desaparecer, sino que fue el brazo que apuntó contra la nueva identidad socioeconómica de Córdoba, conteniendo sus energías productivas y sus aspiraciones humanas y culturales.
Dejó, sí, las calles llenas de ausencias y dolores perpetuos
Crímenes en presente
El “plan sistemático de eliminación de opositores”, según la definición del Tribunal Oral Federal N°1 (que integraron también Julián Falcucci y José Quiroga UIriburu, mientras que al frente de los fiscales estuvo Facundo Trotta, junto a Rafael Vehils Ruiz y Virginia Miguel Carmona) fue expuesto en un fallo de 4.700 fojas.
“Todo acto de desaparición forzada será considerado delito permanente, mientras que los autores continúen ocultando la suerte y el paradero de las personas que han desaparecido”, afirmaron además los jueces. Es decir, en este mismo instante la dictadura aún sigue cometiendo delitos. Y los que se llamaron soldados de la patria y aún mantienen el pacto de silencio que impide reencontrar a a miles y miles de familiares con los restos de sus seres amados.
Este silencio también incluye el destino de los niños nacidos en cautiverio y cuya identidad fue apropiada, como pasó con el hijo de Silvina Parodi y nieto de Sonia Torres, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo Córdoba y uno de los grandes emblemas de la lucha por los derechos humanos. El nacimiento del niño y los asesinatos de Silvina y de su esposo Daniel quedaron probados, finalmente, durante el juicio.
"Te mentiría si digo que siento odio; ni siquiera pienso en que los culpables mueran en la cárcel. Las abuelas trabajamos desde el amor. Sólo quiero justicia, como la que trajo este Tribunal de lujo que hemos tenido, junto con los tres fiscales. Quiero que los argentinos tomemos conciencia para que no haya impunidad. Que las generaciones que vienen no tengan que sufrir lo que sufrimos nosotros". Fueron las palabras que Sonia Torres dijo luego del fallo. Y hoy, a los casi 92 años, no pierde ni la voluntad ni la esperanza de hallar a su nieto.
Lo sufrido en Argentina está en el recuento de las peores pesadillas del mundo: el terrorismo fue ejercido con todo el peso del Estado, con instituciones de la sociedad toda torturando, asesinando en la clandestinidad. Esa dimensión, la de un Estado criminal e ilegal, supera las posiciones ideológicas.
“El Estado debe ser mejor que las personas”, diría después el juez Jaime Díaz Gavier, que antes ya había mirado a los ojos para darles su condena al dictador Jorge Videla y a otros represores, incluyendo varias veces a Menéndez.
La sociedad argentina aún puede sostener una esperanza en sí misma luego de demostrarle al mundo que ha sido capaz de mirar a los ojos de sus propios monstruos, de juzgarlos y de condenarlos
