Pandemia y legislación

En busca de una vacuna contra los estigmas y la intolerancia

viernes, 14 de agosto de 2020 · 11:01

Mientras en Argentina los organismos que defienden a migrantes buscan dejar atrás un DNU de 2017 que fomentó las expulsiones, la pandemia del Covid-19 puede agregar argumentos de salud a las barreras discriminatorias que se erigen contra extranjeros.

Ilustración Juan Dellacha

 

“Los migrantes somos mucho más que un pasaporte”, repite a los cuatro vientos Marta Guerreño. Nacida en Paraguay, en 1986 vino a estudiar a la Universidad Nacional de Córdoba, donde se graduó de médica, una profesión que alternó desde hace más de dos décadas con la defensa de los derechos de quienes llegan de otro país para construir su historia y su futuro en estas tierras. Desde allí denuncia y combate lo que define como una problemática de “medir a los seres humanos por su anecdótico lugar de nacimiento”. Lamenta que no se valore de ellos sus años de residencia, sus trabajos y papel social, o su arraigo, sino sólo dónde nació.

“No se trata al migrante como lo que es, un ciudadano, un residente que trabaja, estudia, tiene hijos, aporta, construye en un lugar determinado”, alega Marta, presidente de la Unión de Colectividades de Inmigrantes de Córdoba (Ucic). “Si se viera a cada inmigrante como ciudadano, como vecino, amigo, compañero de trabajo, contribuyente, no habría tantas diferencias entre el que vino al mundo acá o el de allá; no importaría si nació dentro del ejido del país o un poco más lejos”.

Como se ha dicho en otro artículo de este informe, detrás de frases hechas como “crisol de razas” en la Argentina también se enarbolan discursos que –sin ser altisonantes como el de Donald Trump en Estados Unidos, el de la familia Le Pen en Francia o el de las ultraderechas de Alemania, España o Italia, por citar algunos países–, recurren a la vieja fórmula de atribuir al inmigrante la responsabilidad de cuestiones como inseguridad, desempleo u otras que reflejan incapacidades o desmanejos internos. Así, la discriminación o el preconcepto acompañan a muchos extranjeros, que se convierten en el chivo expiatorio de viejos males propios. Los migrantes “sin papeles” o “irregulares” suman a su vez una precariedad que los hace víctimas de abusos.

¿Sumará la pandemia del Covid-19 más recelos, desconfianzas y cargas en las espaldas ya estigmatizadas de los migrantes? Al parecer, aquí también sería perentoria la búsqueda de una vacuna cuya fórmula no debería obviar la empatía y una legislación sin prejuicios y menos condicionada por la búsqueda de votos reaccionarios entre sus componentes.

 

Trabajadores

A la hora de buscar características comunes entre quienes cruzan fronteras para llegar a vivir en nuestro país, Guerreño explica: “La migración hacia la Argentina se da, en general, por motivos laborales. Según un informe del Congreso Internacional de Migraciones, organizado entre otros por la Dirección Nacional de Migraciones, la inserción laboral de los migrantes es complementaria y adicional a la de los nativos argentinos; no la sustituye ni desplaza. Es decir, los migrantes no vienen a sacar puestos de trabajo a nadie, sino que realizan trabajos que generalmente los nativos no desean”.

La mayoría de los extranjeros que llegan al país tienen entre 15 y 64 años; es decir, están en edad de trabajar y sus migraciones son económicas, aunque hay casos de migrantes que se fueron de sus países por una combinación de situaciones económicas y procesos de violencia política.

Sin contradecir su contundente frase inicial de que el migrante es mucho más que un pasaporte, Marta admite que obtener los papeles para la regularización necesaria es clave para quienes quieren afincarse aquí. “Una de las necesidades fundamentales del inmigrante es la documentación. Hoy pueden radicarse los del Mercosur y países asociados de manera muy simple (por su sola nacionalidad), pero no sucede así con los centroamericanos, europeos, asiáticos o africanos. Lo ideal sería que, por ejemplo, los centroamericanos fueran considerados con las mismas condiciones para su radicación”.

Sin embargo, según explica esta luchadora por los derechos de los migrantes, existe hoy una percepción que magnifica el fenómeno de la inmigración. “Los habitantes tienden a pensar que la proporción de extranjeros es mucho mayor a la real y con esos datos imaginarios se fomentan los casos de xenofobia, racismo y discriminación en general, tanto en el ámbito escolar, como en hospitales y universidades”.

 

Vaivenes políticos

“La situación era mejor cuando en nuestra Latinoamérica había más sintonía entre sus gobernantes y habíamos avanzado hacia la Patria Grande soñada. En estos últimos años en que la derecha volvió al gobierno de muchos países, retrocedimos abismalmente. Y la discriminación volvió a palparse en la vida cotidiana”, enfatiza Guerreño.

“Los migrantes no somos ajenos a la ciudadanía toda. Las políticas públicas influyen en nuestras vidas como en las de todos. Y en épocas en las que gobernaban Luiz Inácio Lula da Silva, Hugo Chávez, Rafael Correa, Néstor Kirchner, Fernando Lugo, entre otros, tanto los dirigentes como la prensa apoyaban una apertura latinoamericanista. Pero cambiaron los aires y  la migración se convirtió en uno de los primeros chivos expiatorios y volvieron con más fuerza las descalificaciones y el racismo”, subraya la titular de Ucic y, como muestra de ese viraje, señala el decreto que en 2017 vino a modificar y restringir aspectos positivos de la última Ley 25.871 de Migraciones, aprobada a fines de 2003, promulgada a comienzos de 2004 y reglamentada en mayo de 2010.

Para el investigador y docente de la Universidad Nacional de Córdoba Eduardo Domenech, especialista en Sociología de las Migraciones, hay contextos muy proclives a la exacerbación de los discursos xenófobos y criminalizantes de la inmigración.

“Claramente, en la historia reciente en los años ’90, con el auge del neoliberalismo y durante el menemismo en particular, hubo momentos de espectacularización de la figura del inmigrante ilegal. Esto fue fruto de políticas desde el Estado, o de ciertas dependencias estatales en particular, que hicieron que se instalen ciertas nociones del inmigrante como un delincuente. Entonces hay una fabricación social recurrente que asocia inmigración con delincuencia y crimen” sostiene Domenech. 

Este investigador y especialista advierte que esa es una constante que termina justificando muchas de las medidas que hoy en día se conocen como “securitización”. Y al respecto puntualiza: “La securitización, en términos simples, sería concebir la idea de migración como un asunto de seguridad. Pero habría que aclarar que quienes producen la securitización de la migración son quienes construyen también la ‘insecuritización’. Es decir, son dos procesos simultáneos. Es necesario producir inseguridad, para poder después securitizar. Los mismos que después ofrecen seguridad son los que han participado de ese proceso de insecuritización. Son como dos caras de una misma moneda”.

 

“Securitización”

Para Domenech, con la migración se vuelve muy evidente ese tipo de discusión criminalizante o securitizadora. “La figura del inmigrante como amenaza –afirma– ha sido utilizada sobre todo hacia finales de la década del ’90, y después hubo una actualización o resurgimiento de la figura del ‘inmigrante delincuente’, como una ‘amenaza’, en los años recientes del macrismo”.

Pero este investigador considera que si bien el gobierno de Mauricio Macri respondió claramente a una política de hostilidad hacia las migraciones, ello no quiere decir que ella se limitara a esos cuatro años.  “Hubo disputas anteriores entre ciertas dependencias del Estado, como la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) y la Secretaría de Seguridad durante los últimos años de mandato de Cristina Fernández de Kirchner. Allí, había una posición no criminalizante, como la de la DNM, mientras que la Secretaría de Seguridad, con Sergio Berni, instalaba la figura del inmigrante delincuente y el reclamo de expulsiones. El ‘mal inmigrante’, que debe ser expulsado, es el inmigrante ‘delincuente’; y el buen inmigrante es el que debe ser ‘integrado’ y al que se le responde con las puertas abiertas. Esta construcción dicotómica fue paradigmática luego en la presidencia de Macri”.

Las palabras de Domenech disparan de inmediato interrogantes: La apertura al mundo de la que hacía bandera el expresidente, ¿era entonces una vuelta a ese mundo del siglo XIX? ¿Era una apertura selectiva?

Sí, esa noción de la inmigración ‘deseable’ y la ‘indeseable’ que es de entre finales del siglo XIX y comienzos del XX es la que fue reproducida a lo largo del siglo pasado en distintos momentos y coyunturas. Las políticas responden de algún modo a esa construcción, entre el buen inmigrante que viene a trabajar, a estudiar, y el mal inmigrante que viene a delinquir, como si la propia condición de inmigrante fuera intrínseca de la delincuencia y el crimen”.

Actualmente en Argentina las organizaciones de migrantes abogan por la derogación del decreto número 70 de 2017 y la vuelta a la aplicación de la Ley de Migraciones de 2003 promulgada en 2004. El interrogante es si con eso alcanzará para que los migrantes –en la apreciación colectiva o la de los medios de comunicación más influyentes– dejen de ser mirados con estereotipos y de ser usados como chivos expiatorios ante inseguridad, desempleo o pobreza. ¿Será suficiente con modificar una normativa? ¿O, como en la vacuna contra el Covid 19, se necesitará tiempo y superar pruebas hasta alcanzar un antídoto contra la xenofobia y los estigmas?

 

Derogación

La derogación de un decreto que claramente vino a criminalizar a la migración y tuvo efectos muy significativos en términos de la vida social de los migrantes, que generó múltiples ansiedades y miedos en una población a partir de una retórica oficial que presentaba a los inmigrantes, o a un sector importante de ellos, como delincuentes es importante desde el punto de vista simbólico”, sostiene Domenech.

“Más allá de los aspectos jurídicos que desaparecerían, los efectos sociales también de algún modo se reconfigurarían al desaparecer el decreto de necesidad y urgencia número 70. Desde el punto de vista simbólico es importante la derogación, porque el decreto ha sido un instrumento fundamental en la criminalización de la migración en estos últimos años. Pero, más allá de esa derogación, estas nociones criminalizantes no desaparecen de manera automática…”, resalta el investigador.

Al igual que Guerreño, Domenech relativiza las estadísticas con las que el gobierno anterior intentó asociar a migrantes con crecimiento del delito y justificar las masivas expulsiones de extranjeros, unas tres mil en dos años o el triple que en los cuatro años anteriores. “Aquello fue parte de un proceso de criminalización llevado a cabo por un gobierno que quería mostrar mano dura con los inmigrantes. Era mostrar el crecimiento que tenían las medidas punitivas frente a la inmigración”.

¿Un efecto sólo pour la galerie? “Sí, se recurrió a esta idea del espectáculo de la frontera también para la vida cotidiana, no solamente en los puntos limítrofes… El espectáculo de la frontera era mostrar cómo se expulsaba inmigrantes”, explica el especialista en Sociología de las Migraciones.

Con esto quiero decir que no es que los inmigrantes no cometan delitos, porque algunos sí lo hacen y eso es innegable, pero no por el hecho de ser extranjeros cometen más delitos. Lo que hay que discutir es esa asociación que entre delincuencia y migración. Lo que está detrás de esto es básicamente provocar la ilegitimidad intrínseca a la condición de migrante. Todo inmigrante pasa a ser una presencia ilegítima y necesita ser justificada de un modo permanente, constante”, insiste Domenech.

A comienzos de 2020, el gobierno de Alberto Fernández anunció que estudiaba la derogación del Decreto N° 70 y entusiasmó a organismos humanitarios locales e internacionales. Para Marta Guerreño será muy bueno volver a la anterior ley migratoria.

 

En pandemia

A un escenario ya complejo se sumó la actual pandemia y su impacto en la situación de miles de migrantes en el país, la región y el mundo entero. Y en este sentido, la mirada de Domenech es más que crítica. “La cuarentena y el cierre de fronteras que se adoptaron para evitar la expansión del coronavirus afectaron las posibilidades cotidianas de sobrevivencia de la población migrante. Esta fue afectada en mayor medida que otros trabajadores y trabajadoras en situación de precariedad, por el hecho de no tener ciertas redes familiares establecidas, o porque su llegada reciente permitió que esas redes se consoliden. Esa precariedad preexistente se intensificó.”

El investigador advierte sobre criterios de exclusión y toma como ejemplo lo que sucedió con el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y los requisitos que se exigieron a migrantes. “Se estableció como criterio tener más de dos años de residencia y la condición de regularidad migratoria, con lo cual, quienes no cumplían con esos dos requisitos, quedaban fuera de toda ayuda económica del Estado. Para mí este es un criterio completamente arbitrario, como si las personas que no tienen los papeles en regla no tuvieran ningún tipo de necesidad. Esas personas fueron mucho más afectadas que otros sectores de inmigrantes que ya tenían o podían  acceder a este tipo de ayuda. Y la residencia también es cuestionable. Sobre todo en una situación de cierre de fronteras”, alega Domenech.

“Es una situación inédita y se usan los mismos criterios de exclusión que se han usado tradicionalmente para evitar que los extranjeros o ciertos sectores de inmigrantes puedan disfrutar de los beneficios del Estado. Con un criterio completamente arbitrario y además ficticio el propio Estado es el que produce la condición de irregularidad. No es que el migrante elige ser irregular”, añade el experto.

 

Higienismo

Por otro lado, Domenech alerta sobre riesgos de un nuevo “higienismo”, fenómeno conocido en la década del ’20 o del ’30 del siglo pasado en Argentina, pero también en los demás países sudamericanos, donde el inmigrante se constituye en una amenaza a la salud pública.  “Ya se están implementando medidas de restricción atendiendo a determinados orígenes donde los índices de contagio y de muertes son más altos que en otros. El criterio epidemiológico vuelve cobrar una centralidad que había perdido a lo largo del siglo 20. Justo un siglo atrás, se empezaron a generalizar los llamados certificados de buena salud. Ahora se van reinstaurar en todas partes del mundo estos requisitos para ingresar a otros países. Eso ya está, no es hacer futurología, se está concretando. Se habla de pasaportes sanitarios, entonces ya es una realidad.”

Como sugiere Domenech, el argumento sanitario gana espacios y es probable que la noción de securitización ahora incluya condiciones de salud. A la espera de las vacunas que pongan fin a la pandemia y sus arrasadores efectos colaterales es de esperar que la desconfianza y la discriminación sobre los migrantes no se propaguen con la velocidad del Covid-19.

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