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“Queremos que se nos reconozcan los derechos políticos porque integramos y formamos parte de hecho de esta comunidad política. El derecho al voto migrante no es un premio o una retribución por habernos integrado, no; debe pensarse como un reconocimiento institucional absolutamente necesario para la consolidación de una democracia representativa -que incluya todos los matices de la sociedad y sea capaz de canalizar las demandas tanto de las mayorías como de las minorías-, así como un mecanismo de integración. Mantener sistemáticamente silenciada a una de las principales minorías de nuestro país -siendo que somos sistemáticamente discriminadxs y criminalizadxs- es absolutamente antidemocrático e injustificable”.
La cita textual forma parte del “preámbulo” del anteproyecto de Ley Nacional de Voto Migrante, iniciativa que hace cinco años intentaba dejar atrás un trato discriminatorio e injusto en perjuicio de quienes llegaron del extranjero, son parte de este país y sin embargo continúan con sus derechos políticos restringidos. La norma y otras en sentido similar siguen sin tratamiento parlamentario.
Para un colectivo que representa a casi el 5% de la población argentina, la participación efectiva en las decisiones políticas del país se reduce hoy a la elección de cargos municipales y, eventualmente, provinciales pero no alcanza a cargos nacionales, como los que estarán en juego el 14N.
Algunos distritos permiten a los extranjeros postularse para cargos locales, como sucede con los concejales bonaerenses, pero esta situación es un “privilegio” del que no gozan en todas los provincias. Por el contrario, en casos extremos como Formosa, la participación de los migrantes está completamente vedada.
Cada distrito fija sus propias reglas locales y esa dispersión, hasta ahora, ha conspirado contra las expectativas de mayor protagonismo de miles de ciudadanos. “Este 'federalismo electoral' con regímenes diversos ha producido sistemas obturantes y restrictivos e hizo que haya personas que viven desde hace 30 ó 40 años en la Argentina y nunca votaron”, dice Ana Paula Penchaszadeh, doctora en Ciencias Sociales y Filosofía, especialista en temas de migración y quien trabajó en el mencionado proyecto de ley de 2016, que ahora podría ser reflotado. “Un proyecto hecho por migrantes para migrantes”, según caracterizó.
Con respecto a la ausencia de un debate sobre el tema en los comicios del próximo domingo, consideró: “Hay una fuerte omisión acerca de la cuestión; afortunadamente las derechas no están haciendo esta vez un discurso anti-inmigrantes”. Y abogó por derechos políticos plenos para los migrantes. “Son un antídoto fundamental contra la xenofobia”, declaró, en una entrevista que mantuvo con Redacción Mayo.
En la misma línea, la titular de la Unión de Colectividades de Inmigrantes de Córdoba (UCIC), Marta Guerreño dejó traslucir su expectativa por lo que pueda surgir del encuentro que líderes y lideresas migrantes de Argentina mantendrán a fin de noviembre en Río Negro (la nota completa, aquí).
Con peso propio
En los últimos tiempos, ni la Cámara de Diputados ni en el Senado de la Nación activaron discusiones y debates sobre el tema, aunque hubo iniciativas del Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT), la Unión Cívica Radical y del Frente de Todos o su antecedente político partidario, el Frente para la Victoria, tendientes a ampliar los derechos de los migrantes.
En esa línea, es destacable lo ocurrido tras la aprobación en 2018 del primer Código Electoral de la CABA. Esa norma, en cuya redacción tuvo protagonismo clave la actual diputada nacional por el Frente de Todos Paula Penacca, estableció el empadronamiento automático de todos los migrantes. Se aplicó por primera vez para en las PASO de septiembre, para cargos de la Legislatura porteña, y el efecto fue contundente: la cifra de migrantes en condiciones de votar creció más de 20 veces. Trepó de 21mil en 2019, a casi 417 mil. Pasaron de representar menos del 1% del padrón electoral, a estar por encima del 16%.
En la provincia de Buenos Aires, el padrón de extranjeros residentes con capacidad para votar en las PASO y el 14N para cargos locales creció al 24,5%, hasta totalizar 820.530 personas. En los comicios bonaerenses, donde a diferencia de CABA el voto de los migrantes es obligatorio, regía el empadronamiento automático desde 2009 pero las cifras de extranjeros fueron actualizadas tras un acuerdo entre el Registro Nacional de las Personas, la Dirección Nacional de Migraciones y el Registro Provincial de las Personas. De tal manera, la participación de migrantes en el padrón provincial pasó del 9,3% en 2009, al 30,33% en 2019.
Ambos distritos (CABA y PBA) concentran a más el 73% de la población migrante de Argentina, y es palpable el peso que tendría el voto migrante si también tuviera presencia en los comicios de cargos nacionales.
Una lectura rápida de las últimas PASO indica que en PBA el Frente de Todos siguió siendo el más votado por los migrantes, aunque bajó el porcentaje obtenido a manos de la centroizquierda. En CABA, en tanto, la nota saliente es que el voto se diversificó y se hizo más parecido en su dinámica al de las elecciones nacionales.
En ambos distritos, la “tríada migratoria” (define Ana Penchaszadeh) conformada por paraguayos, bolivianos y peruanos equivale a más del 50% del padrón y tiene particularidades y comportamientos muy disímiles entre sí. El colectivo de venezolanos, que ocupa el puesto 10 u 11 a nivel nacional, asciende en CABA al cuarto lugar.
Hay otros territorios, como la provincia de Mendoza, donde las enormes trabas y las dificultades anacrónicas con que tropiezan los migrantes que quieren votar para autoridades locales desincentiva cualquier intento de participación.
Premios y castigos
Como se ve, los derechos políticos de los migrantes en Argentina se desenvuelven en contextos muy disímiles. Lo que está claro es que cuando pueden expresarlo en las urnas, premian a quienes amplían sus derechos y les reconocen conquistas, y castigan a aquellos que los criminalizan o persiguen con estigmas surgidos, quizás, de encuestas o presiones mediáticas. Muy posiblemente, el 66% de apoyo que el Frente de Todos logró entre el voto migrante en 2019 tenga que ver con el rechazo a las políticas de discriminación a extranjeros del gobierno de Mauricio Macri, expresadas en especial en el DNU Nº 70, con el que el Ejecutivo de Cambiemos casi que equiparó a migrantes con delincuentes.
Sin debate del tema en el Congreso, también hay que decir que en un contexto de pandemia y de crisis económica, los reclamos de los derechos políticos de los migrantes no han sido elocuentes, lo que no significa que convaliden el statu quo que los tiene como meros espectadores de las decisiones que se toman sobre una realidad de la que son parte.
¿Será esta la última elección nacional en la que se soslaye su presencia? Eso está por verse aún en esta tierra, cuya Constitución garantiza en el Preámbulo que los derechos rigen “para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino”. En una democracia que se apresta a celebrar 38 años de vigencia, resulta incomprensible que para una inmensa minoría haya urnas todavía “guardadas”.
