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El 25 de marzo pasado, a pocos días de que se cumpliera un año del primer deceso por Covid-19 en su territorio, Brasil superaba las 300 mil muertes por Coronavirus y los epidemiólogos advertían que, si no se tomaban medidas de confinamiento u otras restricciones a la circulación de personas y no se extremaban las campañas de prevención (uso de barbijo y distanciamiento social), el país más grande y poblado de Latinoamérica podría alcanzar las 400 mil víctimas fatales hacia fines de mayo.
El funesto pronóstico se cumplió casi con un mes de antelación, cuando el 29 de abril ese nuevo récord fue superado con creces gracias a la desidia cómplice y para muchos criminal del actual presidente, Jair Bolsonaro, capaz de boicotear decisiones de gobernadores y alcaldes que buscaban atenuar los efectos de un virus al que aún hoy el mandatario minimiza en discursos y acciones.
Los números con que el gigante del Mercosur inició el mes de mayo son desoladores. Además de 405 mil fallecimientos y casi 15 millones de infectados, Brasil superó en cantidad de muertes por cada millón de habitantes a Estados Unidos, el país del mundo con más decesos por esta pandemia cuyo final se demora. Además, la tasa media de defunciones era seis veces mayor que la de la India (11,44 contra 1,93), aunque la segunda ola comenzó a hacer estragos también en el país asiático.
Lo que pasa fronteras adentro de Brasil hace tiempo que es visto como una amenaza regional, una crisis de impacto global. Sobre todo después de que la directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Carissa Etienne, informara que en la última semana de abril, una de cada cuatro muertes por Covid en el mundo ocurrió en las Américas. (paho.org/es/noticias). La máxima funcionaria de la OPS recordó que, aunque las de más notoriedad son las de Río y Manaos, en Brasil se han detectado unas 92 variantes de coronavirus.
Abril, mes candente
A inicios de abril Brasil superó por primera vez la cifra de cuatro mil muertes en 24 horas y 10 días más tarde, desde el gobierno federal, aconsejaron a las mujeres que postergaran planes de embarazo hasta que la pandemia pase. A esa altura, la cifra de contagios superaba los 80 mil y las muertes alcanzaban una media de tres mil por jornada.
A mediados de abril, sin embargo, en otra de sus polémicas apariciones públicas, Bolsonaro reivindicó por enésima vez a la última dictadura de su país (1964-1985) y pidió a las fuerzas armadas que le dieran “paz para gobernar” y “libertad” para que los ciudadanos puedan desplazarse de un lugar otro, en sintonía con su remanido eslogan de “Brasil no puede parar” con que prometió priorizar la economía en la falsa dicotomía establecida entre esta y la salud.
Aunque quizá esta apología de una ruptura institucional y el reclamo a los hombres de armas para que cierren filas tras de él obedeciera no sólo a crecientes demandas de diversos sectores políticos, sociales y económicos para que revea sus conductas negacionistas del virus y sus efectos y comprenda la necesidad de proteger a los sectores más vulnerables.
Y es que abril trajo para Bolsonaro una serie de decisiones judiciales adversas que hicieron al mandatario de ultraderecha fruncir el ceño y adoptar una pose menos desafiante, algo que no habían conseguido ni los hospitales colapsados de pacientes, sin camas ni oxígeno para todos, o los cementerios desbordados de fosas que se ocupan a cualquier hora del día y la noche con los cuerpos de nuevas víctimas.
Los fallos provinieron del Supremo Tribunal Federal (STF), la más alta instancia judicial del país, donde primero un magistrado de manera individual (Edson Fachin) y luego el plenario del máximo tribunal, por ocho votos contra tres, resolvieron anular las condenas dictadas contra el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva y restituirle a éste sus derechos políticos. Es decir, nada menos que allanar el camino para ser candidato en las presidenciales de octubre del año que viene. Una suerte de revancha tras los 580 días que el expresidente y líder sindical pasó preso y tras la proscripción que le impidió ser el rival de Bolsonaro en 2018.
A ello se sumó otra decisión del STF, que consideró que el entonces juez Sérgio Moro, luego ministro de Justicia y Seguridad de Bolsonaro, había actuado de una manera “parcial” y ejercido una persecución sesgada contra Lula. Algo así como la certificación oficial de que hubo lawfare.
Escenarios distintos
La conferencia de prensa convocada por Lula tras el fallo del STF que lo devolvió de lleno al ruedo político coincidió con un acto oficial de Bolsonaro y tanto la expectativa despertada como el contenido de su alocución y respuestas a la prensa mostraron el evidente eclipse que el carisma y la retórica del ex tornero mecánico impondrían sobre el actual jefe de Estado, quien empezaría a usar barbijo y tratar de mostrar empatía con los afectados por la pandemia.
La exministra de Ambiente y senadora Marina Silva, tercera en las presidenciales de 2014, sintetizó el impacto de ese momento en la conducta de Bolsonaro con una frase lapidaria: “Quizá el que se negó a usar barbijo para evitar perder vidas, comience a usarlo ahora, para evitar perder votos”.
En medio de una tragedia sanitaria como la que vive Brasil, pensar en las elecciones para las que falta un año y medio suena casi irracional. Pero la reelección está en el norte de Bolsonaro desde el mismo día en que asumió el poder, el 1 de enero de 2019. El regreso de Lula como su potencial rival, y las apelaciones del veterano líder del Partido de los Trabajadores a favor de priorizar la salud, acentuar la prevención y en reclamo de vacunas que el gobierno de Brasil desdeñó o tardó en comprar y aplicar, morigeraron por un tiempo las conductas desafiantes del jefe de Estado.
La presión sobre el gobernante, quien primero tildó al Covid-19 de “gripezinha” y luego reclamó no llorar “como maricas” ante el virus y sus consecuencias letales, aumentó después de que el Supremo Tribunal Federal propiciara la Comisión Parlamentaria de Investigación que a fines de abril comenzó a revisar el accionar del presidente ante la pandemia. Aunque no lo admiten, en el entorno actual del Palacio del Planalto temen que lo que surja de esta Comisión siente las bases para un impeachment a Bolsonaro, algo que el oficialismo mantiene por ahora lejos gracias a vidriosos pactos con partidos del llamado Centrao (fuerzas de centroderecha) en el Congreso.
Plazos y urgencias
Ante la CPI, que tiene un mandato de 90 días renovable, pasarán los cuatro ocupantes de la cartera de Salud en el actual gobierno: Luiz Mandetta, Nelson Teich, el militar Eduardo Pazuello y el actual, Marcelo Queiroga. Y también otros ministros y funcionarios. Difícil predecir las derivaciones de sus testimonios. ¿Qué dirán de la hidroxicloroquina y otros remedios “mágicos” que el mandatario recomendaba y en cuya producción ordenó invertir grandes cifras de dinero?
Mientras, el 1° de Mayo mostró al mundo manifestaciones de bolsonaristas en San Pablo, Río de Janeiro, Natal, Belo Horizonte y Brasilia, entre otras ciudades. El lema instalado por el oficialismo fue “Autorizo a Bolsonaro”, en referencia al deseo expresado por el mandatario de sacar el ejército a las calles para impedir cualquier intento de lockdown o cierres preventivos que dispongan autoridades locales.
Mientras, sectores conservadores que apoyaron por acción u omisión la llegada al poder del ex capitán ahora toman distancia, y la palabra genocidio ya no suena sólo a exagerada imputación de opositores de izquierda y aparece cada vez con más frecuencia. Desde hace semanas, en cada minuto que pasa hay otra vida de un brasileño o brasileña que se apaga.
